El Gobierno nacional y los nueve gobernadores acordaron este miércoles en Sucre una hoja de ruta para avanzar hacia la Agenda 50/50, que plantea cambios en la autonomía financiera y presupuestaria de las gobernaciones, así como una revisión de la distribución de los recursos fiscales.
El acuerdo fue suscrito en la Casa de la Libertad, con la participación del presidente Rodrigo Paz, ministros, autoridades del área de autonomías y los gobernadores de los nueve departamentos.
El documento establece que la Agenda 50/50 será un proceso progresivo de reforma del Estado, orientado a fortalecer las capacidades de los gobiernos departamentales para generar recursos propios, administrar sus presupuestos y asumir competencias con respaldo financiero.
Gobernaciones podrán plantear nuevos impuestos
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la revisión de la autonomía tributaria departamental. El documento plantea evaluar mecanismos para ampliar el dominio tributario de las gobernaciones mediante la reclasificación de al menos una base imponible que actualmente corresponde al nivel central.
También se analizará la posibilidad de crear nuevos tributos departamentales dentro del marco constitucional, aplicar sobretasas y habilitar de manera efectiva el impuesto departamental a la afectación del medio ambiente.
Para avanzar en esta modificación, el Gobierno y las gobernaciones acordaron iniciar el proceso de reforma de la Ley 154. El proyecto deberá ser elaborado en un plazo máximo de 90 días.
Coparticipación y distribución de recursos
Otro de los acuerdos apunta directamente a la distribución de los recursos fiscales. Las partes acordaron conformar una mesa técnica especializada para elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales.
El objetivo es alcanzar consensos para presentar el proyecto durante la actual gestión legislativa y, de acuerdo con el documento, viabilizar su aplicación desde la gestión fiscal 2027.
Además, se revisarán los criterios utilizados actualmente para distribuir los ingresos fiscales entre los departamentos, incorporando factores relacionados con la eficiencia, el desempeño económico y la equidad territorial.
Más autonomía para decidir el gasto
La agenda también contempla cambios en la administración presupuestaria de las gobernaciones. El acuerdo plantea revisar las normas nacionales que condicionan el destino de los recursos departamentales y eliminar progresivamente aquellas obligaciones que correspondan al nivel central o a estructuras institucionales que ya fueron extinguidas.
Asimismo, se propone que el nivel central mantenga el control sobre los agregados fiscales, mientras que las gobernaciones tengan mayor capacidad para decidir la composición de sus presupuestos.
Entre las medidas también figura la sustitución de algunas autorizaciones previas del nivel central por obligaciones de información y la reducción de reportes duplicados mediante un esquema de “reporte único”.
Alivio de deuda y fondos de compensación
La situación financiera de las gobernaciones también fue incorporada al acuerdo. El Gobierno y las autoridades departamentales reconocieron la necesidad de atender de manera prioritaria sus obligaciones financieras.
Para ello, se acordó establecer un cronograma de trabajo destinado a evaluar medidas de alivio financiero, entre ellas mecanismos de reprogramación o diferimiento de deudas y otras acciones de saneamiento fiscal.
El documento también plantea analizar la creación de fondos de compensación para fortalecer la sostenibilidad financiera de las gobernaciones.
El 50/50 será progresivo
El acuerdo no establece una distribución inmediata de recursos bajo una fórmula 50/50. Por el contrario, señala que se desarrollará una metodología para definir el universo de recursos públicos, las fuentes de información y los criterios que permitan medir progresivamente el cumplimiento de los objetivos.
El avance será evaluado mediante indicadores verificables relacionados con competencias, sostenibilidad fiscal, gestión institucional y calidad de los servicios públicos.
Además, el Gobierno nacional anunció que sostendrá encuentros con los gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para construir acuerdos similares.
Una vez alcanzados esos acuerdos, se prevé convocar al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50/50 para articular un Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías, que será la ruta para implementar los compromisos asumidos.
