A fecha de hoy, viernes 4 de septiembre de 2026, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, ha dado señales claras de su intención de extender el estado de excepción en el país. La persistencia de los riesgos de cortes de ruta y el desabastecimiento de insumos básicos impulsan la medida, la cual ya genera intensas repercusiones en las esferas política, jurídica y social.
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Justificación oficial y evaluaciones en curso
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la mañana de este viernes que «hay una tendencia en ampliar el Estado de excepción» y que «probablemente sea necesaria la ampliación». Desde el Ejecutivo argumentan que la medida es indispensable para salvaguardar el suministro de combustibles, alimentos e insumos esenciales, severamente afectados por las movilizaciones vinculadas al precio del diésel.
Para formalizar la solicitud, los ministerios de Defensa y de Gobierno elaboran evaluaciones técnicas e informes de gestión. Estos documentos serán presentados ante el jefe de Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), órgano constitucionalmente encargado de autorizar o rechazar la prórroga.
Pugna parlamentaria y el debate sobre reformas a la CPE
En el escenario legislativo, bancadas oficialistas proyectan extender el estado de excepción por un plazo de aproximadamente seis meses. Sin embargo, la propuesta enfrenta observaciones de fondo por parte de la oposición.
Desde la Alianza Libre, el diputado Sergio Vázquez condicionó el respaldo de su sector a que el Gobierno entregue primero un informe detallado de rendición de cuentas sobre los primeros tres meses de vigencia de la medida.
Por su parte, legisladores de la oposición y abogados constitucionalistas advirtieron sobre los riesgos jurídicos de avanzar en reformas constitucionales en este contexto. Citando el artículo 140, parágrafo III, de la Constitución Política del Estado (CPE) —que prohíbe explícitamente iniciar procesos de reforma constitucional durante un estado de excepción—, alertaron que cualquier trámite impulsado bajo este régimen contraviene la Carta Magna y podría derivar en responsabilidades penales para los promotores.
Control de combustibles y tensiones sectoriales
En el ámbito económico y logístico, el Gobierno dispuso la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por hasta 180 días mediante el Decreto Supremo 5699. La norma busca asumir el control integral de la cadena logística de distribución para frenar el desvío de carburantes y mitigar las filas de vehículos en los surtidores.
Asimismo, a través del Decreto Supremo 5698, el Ejecutivo incrementó el cupo de diésel subvencionado de 120 a 2.500 litros mensuales por pequeño productor agropecuario a un costo de Bs 9,80 por litro, en un intento por desactivar el malestar en el sector productivo de Santa Cruz.
A pesar de estos anuncios y del acuerdo suscrito en Yapacaní con el sector de los Interculturales —quienes levantaron el bloqueo pero se declararon en “estado de emergencia”—, la presión social se mantiene. En Cochabamba, sectores afines a Evo Morales marcharon en rechazo a las medidas económicas dictadas por el Gobierno, demostrando que la prohibición de bloqueos decretada en el régimen de excepción no ha desactivado del todo las manifestaciones públicas.
