Paro de transporte parcial este lunes: Santa Cruz acatará la medida mientras La Paz, El Alto y Cochabamba operan con normalidad

SANTA CRUZ DE LA SIERRA. — La medida de presión convocada por el sector del transporte público para este lunes 28 de septiembre en rechazo al Decreto Supremo 5716 —que dispone la eliminación de la subvención al diésel— se acatará de forma parcial a nivel nacional. Mientras en la capital cruceña el transporte cooperativizado paralizará totalmente sus operaciones, las principales organizaciones de choferes en La Paz, El Alto y Cochabamba decidieron desmarcarse de la convocatoria y trabajar con regularidad.

En Santa Cruz de la Sierra, cerca de 12.000 unidades de servicio se sumarán a la medida de protesta, afectando las líneas de micros, trufis, transporte intermunicipal, interprovincial y el sector de carga pesada. El dirigente Ronald García, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedetrans), ratificó que el repliegue será total con el objetivo de exigir la abrogación del decreto.

Situación por regiones y departamentos

• Santa Cruz: Paralización del 100% del transporte cooperativizado y marcha programada con dirección al Concejo Municipal. La Dirección Departamental de Educación (DDE) dispuso que las clases en las unidades educativas de la capital se desarrollen bajo la modalidad a distancia.

• La Paz y El Alto: El transporte urbano y libre de ambas ciudades prestaremos servicio habitual. La Federación Andina de Choferes de El Alto descartó sumarse al paro y confirmó la circulación normal de minibuses y trufis.

• Cochabamba: El transporte federado dejó sin efecto el repliegue tras realizar consultas internas con sus bases. Por su parte, el transporte libre sostendrá reuniones esta semana para evaluar futuras acciones, mientras que el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan para iniciar la conversión a GNV de 500 vehículos desde la próxima semana.

Demanda del sector y posición gubernamental

El transporte cooperativizado de Santa Cruz argumenta que la supresión de la subvención al combustible genera un encarecimiento generalizado en la cadena de suministros y en la canasta familiar, afectando directamente al consumidor final. Pese a las mesas de diálogo con el Gobierno nacional, los dirigentes cruceños insisten en que la única solución aceptable para suspender las movilizaciones es la abrogación del Decreto Supremo 5716.