Gálvez revela que YPFB tiene una factura de $us 40.000 y ENDE pagó $us 20.000 por separata de USA Today

El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la publicación fue financiada en su mayor parte por empresarios privados y negó que exista una contratación de la Presidencia o de otra dependencia estatal para la separata.

La participación de empresas estatales en una separata sobre Bolivia publicada por USA Today fue detallada este martes por el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien señaló que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene una factura pendiente de pago por $us 40.000, mientras que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) habría pagado $us 20.000 por su participación.

Durante una entrevista en el programa Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Gálvez aseguró que la publicación no fue contratada por el Gobierno central y sostuvo que la mayor parte de las entrevistas y espacios publicados fueron financiados por empresas privadas.

“No hay separata contratada por el Gobierno boliviano”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez al ser consultado sobre la polémica generada en torno a la publicación.

YPFB y ENDE

Gálvez explicó que, de acuerdo con la documentación que recibió, existen dos participaciones de empresas estatales. En el caso de ENDE, indicó que la empresa realizó un pago de $us 20.000 por la publicación, mientras que YPFB tiene un documento correspondiente a una factura pendiente de $us 40.000.

El vocero señaló que solicitó mayor documentación para precisar los detalles de las contrataciones y diferenció estas operaciones de una eventual contratación institucional de la separata por parte del Gobierno.

“No hay ninguna contratación por ninguna dependencia del Estado en concreto para con esa separata”, sostuvo Gálvez.

Según su explicación, el producto fue comercializado directamente por USA Today como un servicio destinado a promocionar distintos países y generar contenido sobre oportunidades e intereses vinculados con Bolivia.

La publicación incluyó entre 18 y 21 entrevistas, según el dato mencionado por el vocero, quien señaló que aproximadamente tres cuartas partes corresponden a empresarios privados con intereses de inversión en el país.

Empresarios financiaron la mayor parte

Gálvez remarcó que las entrevistas realizadas a autoridades nacionales no implicaron pagos por parte de los funcionarios entrevistados. “Ninguna de las autoridades entrevistadas que son dos ministros y un viceministro ha pagado absolutamente nada por dar la entrevista”, afirmó.

El vocero sostuvo que la presencia de esas autoridades respondió a la entrega de contenido y contexto sobre Bolivia, mientras que los empresarios privados contrataron directamente espacios dentro de la publicación.

La aclaración se produjo después de cuestionamientos públicos sobre quién financió la separata y si existió participación directa del Gobierno en su contratación.

Gálvez también vinculó la controversia con lo que calificó como una tendencia a presentar como hechos afirmaciones que, a su criterio, carecen de sustento documental. En ese marco, cuestionó el uso de información no confirmada en el debate político.

Gálvez también habló de EEUU y el Ministerio Público

Durante la entrevista, el vocero presidencial también se refirió a las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con funcionarios bolivianos y a las acusaciones formuladas contra el fiscal general del Estado.

Gálvez indicó que la Cancillería ya procesó una solicitud de información dirigida a Estados Unidos para conocer las razones de las decisiones adoptadas en materia migratoria. Dijo que el Ejecutivo espera recibir información oficial antes de fijar una posición más detallada.

Sobre la relación con el Ministerio Público, sostuvo que el Ejecutivo mantiene una relación institucional y que respalda las investigaciones respetando la independencia de poderes.

En relación con la lucha contra el narcotráfico, Gálvez afirmó que el Gobierno mantiene una política de acción frontal y mencionó la aprehensión de personas vinculadas, según sus declaraciones, con organizaciones criminales que operaban en el país.