Ha sido aprehendido el fiscal general Roger Mariaca, quien había acumulado un nivel de poder e influencia excepcional dentro del sistema institucional boliviano. Para algunos, era considerado uno de los hombres más poderosos del país después del presidente Rodrigo Paz, por la capacidad de la Fiscalía para activar investigaciones y afectar políticamente a distintos actores.
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El impactante hecho ocurre apenas tres días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocara la visa y lo señalara, junto con otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos, por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones y las atribuyó a una presión política. La coincidencia temporal entre ambas decisiones es inevitablemente llamativa.
Para algunos políticos, la aprehensión resultó sorpresiva y hasta se declararon “en shock”. Para otros, no tanto: la decisión de Washington había elevado enormemente el costo político de sostener a Mariaca, mientras el propio fiscal había optado por atrincherarse frente a los cuestionamientos.
Una de las preguntas que inevitablemente surgirá es si la operación fue coordinada o conversada en el marco del nuevo acercamiento entre La Paz y Washington. Hasta ahora, no existen elementos públicos suficientes para afirmarlo. Lo que sí existe es una coincidencia política significativa: Estados Unidos había colocado a Mariaca bajo una presión internacional inédita y, pocos días después, el Estado boliviano ejecutó una operación contra él y otros funcionarios.
La relación entre Rodrigo Paz y Mariaca estaba deteriorada. La tensión entre ambos había escalado en los últimos meses y probablemente se profundizó alrededor de episodios relacionados con la investigación y captura del narcotraficante Sebastián Marset. Mariaca quedó además bajo el foco de acusaciones relacionadas con el entorno de Marset, aunque varias de esas afirmaciones permanecen bajo disputa y deberán ser probadas judicialmente.
Con el estallido del escándalo Cerimedo, que expuso cuestionamientos sobre la fragilidad ética y política de algunos sectores vinculados al Gobierno de Paz, esa tensión subterránea entre el Presidente y el Fiscal se acentuó. Hace pocos días, Mariaca cuestionó durante un viaje de Paz el ejercicio de su función en ausencia como Presidente en ejercicio, casi al mismo tiempo en que el mandatario reforzaba en Estados Unidos su relación con Donald Trump y con los gobiernos reunidos alrededor del llamado Escudo de las Américas.
La confrontación entre ambos había llegado, por tanto, a un punto de máxima tensión.
Es posible que Paz haya llegado a la conclusión de que mantener a Mariaca al frente de la Fiscalía se había convertido en un riesgo político e institucional demasiado alto. Y también es posible que Mariaca haya entendido que su permanencia en el cargo dependía, en buena medida, de la supervivencia política del propio Gobierno.
Aquí, una pausa.
No sabemos si la operación contra Mariaca fue consecuencia directa de una decisión tomada en Washington, de una coordinación entre ambos gobiernos o de una investigación que ya estaba en marcha y que finalmente llegó a su punto de ejecución.
Lo que sí sabemos es que el contexto internacional modificó radicalmente el escenario.
Estados Unidos había convertido a Mariaca en un funcionario políticamente tóxico para cualquier esquema de cooperación bilateral en materia de narcotráfico, corrupción y seguridad. Y la administración de Paz está intentando, al mismo tiempo, profundizar precisamente esa relación con Washington.
Ante el riesgo de un “octubre negro”, marcado por una economía todavía frágil, tensión social, ajustes económicos y una agenda política compleja, Paz obtiene con la “operación Mariaca” una oportunidad para recuperar iniciativa política.
Hasta hace poco teníamos un Gobierno que aparecía, ante una parte de la opinión pública, a la defensiva, reactivo y sometido a múltiples frentes de presión. La operación contra Mariaca, por su espectacularidad, puede permitirle recuperar momentáneamente el principio de autoridad y proyectar una imagen distinta: la de un Gobierno dispuesto a tomar decisiones contra funcionarios poderosos.
Ese efecto político no debe subestimarse.
Existe además una reacción social previsible: buena parte de la ciudadanía puede interpretar positivamente que un fiscal, juez, policía o funcionario acusado de corrupción o de vínculos con el narcotráfico sea investigado y llevado ante la Justicia.
Pero allí aparece el principal riesgo para el Gobierno.
Un golpe de efecto político dura poco si no está respaldado por pruebas sólidas y resultados judiciales.
El reto de Paz no es solo haber conseguido la aprehensión de Mariaca.
El desafío es demostrar que la acusación tiene sustento, que las investigaciones se desarrollarán con debido proceso y que la operación no responde a una lógica de persecución política.
Si la Fiscalía y el Gobierno consiguen demostrar, con evidencias jurídicamente sólidas, que existía una estructura criminal operando dentro o alrededor del sistema judicial, la operación Mariaca puede convertirse en un verdadero punto de inflexión.
Aquí surge una pregunta:
¿Qué hay detrás de Mariaca?
Ya no estamos hablando solo del Fiscal General.
La operación alcanza a otros funcionarios y apunta, según el Gobierno, a una estructura y presuntas redes vinculadas al narcoterrorismo.
Si las pruebas sostienen esas acusaciones, Mariaca podría ser menos el final de la historia que el comienzo.
La investigación podría abrir una caja mucho más grande: quiénes protegieron, facilitaron, encubrieron o se beneficiaron de determinadas operaciones criminales.
Sin embargo, ese mismo escenario contiene un enorme riesgo.
Si aparecen actores políticos, funcionarios actuales o anteriores, empresarios, policías, fiscales o jueces vinculados a la investigación, el caso dejará de ser exclusivamente judicial.
Puede transformarse en una crisis política e institucional de mayores dimensiones.
Por eso, el Gobierno enfrenta una paradoja.
La operación puede ayudarlo a recuperar autoridad, pero cuanto más avance la investigación, mayor será también el riesgo de que alcance a personas o estructuras políticamente incómodas.
Allí aparecerá el gran examen de Rodrigo Paz.
¿Permitirá que la investigación llegue hasta donde conduzcan las evidencias, aunque afecte a aliados, funcionarios o actores de su propio entorno?
Esa será la diferencia entre una verdadera operación de limpieza institucional y un golpe de efecto político.
También es desafiante para las instituciones bolivianas demostrar que tienen capacidad propia para enfrentar la corrupción y las mafias del narcotráfico sin depender exclusivamente de Washington.
La cooperación internacional puede ser necesaria y útil. Pero una democracia no puede delegar permanentemente en una potencia extranjera la tarea de limpiar sus propias instituciones.
El riesgo contrario también existe: utilizar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción como justificación para concentrar poder, debilitar controles o avanzar sobre adversarios políticos.
Ahí aparece una frontera delicada.
La lucha contra las mafias puede fortalecer al Estado. Sin embargo, una lucha contra las mafias sin controles institucionales también puede terminar debilitando al Estado.
En ese sentido, la operación Mariaca debe ser observada en tres dimensiones:
Primero, las pruebas.
¿Son sólidas, verificables y capaces de sostenerse ante los tribunales?
Segundo, el debido proceso.
¿Las instituciones actúan dentro de la ley y con independencia?
Tercero, el alcance.
¿La investigación llega hasta donde conducen las evidencias, sin importar quién resulte involucrado?
De la respuesta a esas tres preguntas dependerá buena parte de la lectura de los próximos meses.
LOS CINCO POSIBLES ESCENARIOS
1. LIMPIEZA CONTROLADA
Las investigaciones presentan pruebas sólidas, Mariaca y los demás involucrados enfrentan procesos con garantías y la operación se mantiene dentro de un marco institucional.
Resultado: Paz recupera autoridad y fortalece su discurso de lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
2. MARIACA ABRE LA CAJA
La investigación revela una estructura mucho más amplia y aparecen nuevos nombres dentro de Fiscalía, Policía, Justicia o ámbitos políticos.
El caso deja de ser “Mariaca”.
Pasa a ser: ¿Hasta dónde llegó la penetración del narcotráfico en el Estado boliviano?
Este escenario puede fortalecer inicialmente a Paz, pero también generar una enorme presión sobre todo el sistema institucional.
3. LA OPERACIÓN SE POLITIZA
La defensa de Mariaca consigue instalar la idea de que la aprehensión fue una operación política para eliminar a un adversario o controlar la Fiscalía.
La discusión cambia: De narcotráfico y corrupción → a persecución política e independencia de poderes.
Si las pruebas no aparecen o el proceso presenta irregularidades, el Gobierno puede comenzar a perder la ventaja narrativa que tiene por ahora.
4. SE ROMPE EL DIQUE
La investigación involucra a actores políticos de primer nivel, actuales o anteriores.
El caso deja de ser una operación contra funcionarios y se transforma en una crisis del sistema político-judicial.
Podría afectar al Gobierno, Fiscalía, Policía, Justicia, Asamblea anteriores o actuales y a la propia relación con Estados Unidos.
5. LA OPERACIÓN SE INTERNACIONALIZA
Si aparecen elementos sólidos de narcotráfico transnacional, lavado de dinero o protección de redes criminales, Washington podría profundizar la cooperación mediante investigaciones, inteligencia financiera, nuevas restricciones, extradiciones u otras acciones.
Aquí nace una paradoja:
Cuanto más fuerte sea la cooperación Bolivia–Estados Unidos, mayor puede ser la capacidad de Paz para combatir redes criminales; pero también mayor será la exposición del sistema boliviano a investigaciones que pueden revelar actores incómodos.
Si la investigación llega hasta donde conducen las pruebas, la operación puede convertirse en un punto de inflexión para Bolivia. Si se queda en un golpe de efecto político, su impacto será mucho más breve.
El caso Mariaca no se medirá por el impacto de su captura, sino por lo que ocurra después de ella.
