La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió por más de dos tercios de votación a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino del Estado, en reemplazo del destituido Róger Mariaca. No obstante, el acto de juramento previsto para este lunes 5 de octubre en la sede de Gobierno quedó en suspenso tras la objeción planteada por el vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, Edmand Lara.
A su retorno de España, Lara manifestó que no tomará juramento a Urioste de forma inmediata. El segundo mandatario fundamentó su postura argumentando que debe evaluar la legalidad del procedimiento legislativo llevado a cabo durante su ausencia, incluyendo las modificaciones a la Ley 260 del Ministerio Público y la votación de la destitución y posterior designación.
Pugna de competencias entre el Ejecutivo y el Senado
La objeción del vicepresidente abrió un conflicto directo con el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, quien dirigió las sesiones plenarias durante el viaje de Lara.
| Autoridad | Posición institucional | Argumentación esgrimida |
| Edmand Lara (Vicepresidente del Estado) | Sostiene que la posesión no debe ser automática y le corresponde presidirla. | Al haber retornado al país, asume sus atribuciones como presidente nato de la ALP. Advirtió que un juramento tomado por Ávila constituiría “usurpación de funciones”. |
| Diego Ávila (Presidente del Senado) | Sostiene que la Directiva legislativa está facultada para completar la posesión. | Encabezó la sesión ordinaria en ausencia del titular y afirma que no se requiere una nueva plenaria para tomar el juramento. |
Acto de reconocimiento y situación al mediodía
Pese a los cuestionamientos planteados por el vicepresidente Lara, la Directiva de la Asamblea Legislativa lanzó una convocatoria oficial a los medios de comunicación para un “acto de reconocimiento” de la nueva autoridad designada. La ceremonia se programó para las 12:30 en el Hall del Palacio Quemado en la ciudad de La Paz.
La utilización del término “reconocimiento” en la citación evidencia un intento por sostener el avance institucional del nombramiento, mientras se mantiene abierta la controversia jurídica sobre la validez del acto y la autoridad competente para tomar la toma de promesa de ley formal.
