El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones plantea reducir el IVA y el Impuesto a las Utilidades de las Empresas al 10% para proyectos acogidos a un régimen especial, garantizar estabilidad tributaria por tres décadas y permitir la libre circulación de capitales. La propuesta establece una inversión mínima de $us 50 millones para acceder a estos beneficios.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) plantea un nuevo marco legal para atraer inversiones nacionales y extranjeras, con incentivos tributarios, garantías jurídicas y mayores facilidades para desarrollar proyectos productivos en Bolivia.
El proyecto de Ley de Promoción de Inversiones propone crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a proyectos de gran escala en sectores como agroindustria, minería, energía, tecnología, turismo, infraestructura, actividad forestal y siderurgia.
La iniciativa busca generar condiciones de previsibilidad para los inversionistas, impulsar las exportaciones, fortalecer la competitividad y promover la creación de empleos formales.
Impuestos del 10% para las grandes inversiones
Uno de los principales componentes de la propuesta es la reducción de las alícuotas tributarias para los proyectos que ingresen al RIGI.
El artículo 33 establece una tasa del 10% para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otra del 10% para el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), aplicables a las actividades de los vehículos de proyecto único (VPU) incorporados al régimen.
El acceso a estos beneficios exige una inversión mínima de $us 50 millones en activos computables por proyecto. Además, se plantea una inversión mínima de $us 15 millones durante el primer y segundo año, conforme a las condiciones establecidas en el documento.
Los proyectos deberán presentar un plan de inversión que detalle el financiamiento, el cronograma de ejecución, los empleos previstos, las exportaciones estimadas, los permisos requeridos y la factibilidad técnica, económica y financiera.
Estabilidad tributaria por 30 años
La propuesta establece un mecanismo de estabilidad normativa para proteger los incentivos concedidos a las inversiones acogidas al régimen.
De acuerdo con el artículo 36, los beneficios tributarios no podrían ser afectados por la derogación de la norma ni por la creación de legislación tributaria más gravosa o restrictiva que la contemplada en el RIGI. La estabilidad prevista tendría una duración de 30 años desde la adhesión del proyecto.
El texto también propone que las inversiones nacionales y extranjeras puedan someter sus controversias a tribunales arbitrales internacionales, bajo principios de objetividad e imparcialidad.
Libertad cambiaria y circulación de capitales
Otro componente central es la garantía de libertad cambiaria, sin restricciones para el ingreso y salida de capitales ni para la remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías por conceptos mercantiles.
La propuesta contempla, asimismo, la libre convertibilidad de la moneda y la posibilidad de realizar operaciones y contratos tanto en moneda nacional como extranjera.
Para los proyectos adheridos al RIGI, también se plantea libertad para importar y exportar los bienes necesarios para su construcción, operación y desarrollo, sin determinadas restricciones cuantitativas o económicas contempladas en el documento.
Proveedores bolivianos y empleo
El proyecto incluye condiciones para vincular las grandes inversiones con la economía nacional.
Los planes de inversión deberán incorporar un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores del proyecto, siempre que exista oferta nacional disponible y en condiciones de mercado en precio y calidad.
También se exige informar sobre la generación estimada de empleo directo e indirecto y su integración local.
En materia laboral, el texto establece que los contratos de trabajo y las remuneraciones podrán acordarse libremente entre las partes, siempre que los salarios se sitúen por encima del salario mínimo nacional. Al mismo tiempo, dispone el respeto al régimen de seguridad social de corto y largo plazo.
Un procedimiento con plazo de 45 días
La propuesta establece que el ministerio responsable del área de planificación del desarrollo tendrá un plazo máximo de 45 días para aprobar o rechazar la solicitud de adhesión y el plan de inversión, contado desde su presentación o desde la entrega de la información complementaria requerida, según corresponda.
El rechazo deberá estar fundamentado en las causales previstas en el proyecto, entre ellas el incumplimiento de requisitos, la falta de factibilidad del proyecto o el riesgo de distorsionar el mercado local.
El documento también contempla un régimen de zonas francas con exenciones tributarias y arancelarias, además de modificaciones legales para reconocer las exportaciones de bienes intangibles y servicios.
El desafío: convertir los incentivos en inversiones reales
La propuesta de la Cainco abre el debate sobre las condiciones que Bolivia necesita para atraer capital nacional y extranjero en un contexto de búsqueda de crecimiento, empleo y mayores exportaciones.
Entre los aspectos centrales de la discusión estarán el costo fiscal de los incentivos, las garantías ofrecidas a los inversionistas, la seguridad jurídica, la generación efectiva de empleos y el impacto de los proyectos sobre los proveedores nacionales.
El documento consultado corresponde a un proyecto normativo y contiene campos pendientes de completar en el número de ley, las fechas y las firmas. Por tanto, sus disposiciones deben entenderse como propuestas y no como beneficios actualmente vigentes.
