El exministro de Defensa Reymi Ferreira advirtió que la controversia judicial por el proyecto de radares podría perjudicar la capacidad de Bolivia para controlar su espacio aéreo y combatir el narcotráfico. En una entrevista con Mónica Salvatierra para Desayuno Informado, defendió la adquisición realizada durante el gobierno de Evo Morales, cuestionó las observaciones sobre su ejecución y alertó sobre el riesgo de perder una infraestructura que, según afirmó, todavía puede recuperarse.
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Las declaraciones se producen después de que el actual ministro de Defensa presentara una denuncia contra cuatro exministros y otras personas por presuntas irregularidades relacionadas con la compra de los radares y la falta de conclusión del proyecto.
Ferreira rechazó que el sistema pueda considerarse un fracaso total. Según su interpretación de la auditoría, 18 de los 22 puntos y sistemas están operativos, mientras que cuatro presentan problemas que atribuyó a la falta de suministro eléctrico o de repuestos.
“Se está tirando al azar un proyecto que la misma auditoría que están utilizando confirma su existencia y su funcionamiento”, afirmó.
El exministro sostuvo que los equipos podrían seguir prestando servicios durante varios años si reciben mantenimiento adecuado. Sin embargo, el estado real de la infraestructura, su capacidad operativa y las posibilidades de recuperación deben establecerse a partir de informes técnicos y de la documentación oficial.
Ferreira alerta sobre las consecuencias de la demanda contra Thales
Uno de los principales cuestionamientos del exministro se refiere a la inclusión de la empresa francesa Thales en la acción judicial. Ferreira considera que esta decisión podría complicar el acceso a repuestos y asistencia técnica necesarios para recuperar los radares.
A su juicio, Bolivia corre el riesgo de dejar deteriorar una inversión millonaria que todavía podría ser aprovechada. Estimó que los equipos podrían conservar entre 14 y 15 años de vida útil, siempre que reciban el mantenimiento correspondiente.
Ferreira también advirtió que construir un sistema similar en las condiciones actuales podría costar al menos el doble de la inversión original. No obstante, estas estimaciones requieren una evaluación técnica y económica independiente.
El exministro pidió que la Unión Europea y el Gobierno de Francia conozcan la situación, debido a la participación de una empresa de ese país en el proyecto.
La controversia abre una cuestión central para el Estado: cómo esclarecer las posibles responsabilidades por las demoras y las observaciones identificadas sin perder la posibilidad de recuperar una infraestructura destinada a la vigilancia del espacio aéreo.
¿Cuánto costó el proyecto de radares?
Ferreira cuestionó las cifras difundidas sobre la adquisición. Durante la entrevista, afirmó que el contrato ascendió a 191 millones de euros y no a los 360 millones mencionados públicamente.
También sostuvo que el sistema comprende 13 sitios y sus subsistemas, que suman 22 puntos, y no solamente nueve radares.
Estas diferencias son relevantes para evaluar el alcance de la inversión y las observaciones sobre su ejecución. Sin embargo, las cifras expuestas por el exministro deben contrastarse con el contrato, sus modificaciones y el informe de auditoría para determinar qué montos fueron comprometidos, pagados y ejecutados.
El costo de adquisición es solo una parte del problema. Ferreira reconoció que el mantenimiento de un sistema de estas características representa una obligación económica considerable para el Estado.
Según sus estimaciones, mantener la infraestructura requiere al menos 10 millones de dólares anuales. El exministro admitió que uno de los errores del proyecto fue suponer que la situación económica de Bolivia permitiría sostener ese gasto a largo plazo.
“De repente, el error es haber empujado un proyecto que es para su mantenimiento caro”, señaló.
Las demoras y los cambios de gobierno
El proyecto también quedó marcado por los retrasos en su implementación. Durante la entrevista, Salvatierra recordó que el plazo previsto era de 31 meses, pero que la ejecución se extendió hasta 82 meses.
Ferreira atribuyó parte de la demora a las tensiones políticas de 2019, los cambios de autoridades, la pandemia de COVID-19 y las revisiones realizadas por los gobiernos posteriores. También mencionó dificultades administrativas para habilitar los lugares donde debían instalarse los equipos.
El exministro aseguró que, hasta el final de su gestión, entre 2017 y enero de 2018, el proyecto avanzaba con normalidad. Según su versión, las interrupciones posteriores y las sucesivas evaluaciones contribuyeron a prolongar el proceso.
Asimismo, afirmó que la iniciativa enfrentó cuestionamientos desde sus inicios. Dijo que acudió tres veces a la Asamblea Legislativa para responder interpelaciones y que el entonces ministro Arturo Murillo presentó dos acciones penales relacionadas con el proyecto.
Estas explicaciones forman parte de la defensa de Ferreira. La determinación de las causas concretas de los retrasos y de las responsabilidades correspondientes requiere revisar los antecedentes administrativos y las conclusiones de la investigación.
Radares y narcotráfico: la advertencia de Ferreira
La discusión sobre el sistema adquiere una dimensión mayor por los problemas de vigilancia aérea y las rutas del narcotráfico en la región.
Durante la entrevista, Ferreira describió a Bolivia como un país de tránsito para la droga procedente de otros países sudamericanos, con destinos que incluyen Brasil, Paraguay y Argentina. También aludió a las declaraciones de una representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el papel de Bolivia en la distribución de drogas.
En ese contexto, sostuvo que contar con radares operativos permitiría mejorar la vigilancia del espacio aéreo. Sin embargo, la detección de vuelos sospechosos no garantiza por sí sola la interdicción: también se necesitan coordinación institucional, mantenimiento, personal capacitado y medios para responder a las alertas.
Ferreira planteó además sospechas sobre posibles intereses dentro de algunas instituciones públicas que, según él, habrían obstaculizado el proyecto. Durante la conversación, vinculó esas resistencias con la importancia que tendría el sistema para combatir actividades ilícitas.
Cuando Salvatierra le preguntó si consideraba que la acción judicial estaba destinada a proteger al narcotráfico, el exministro aclaró que no atribuía directamente esa intención al presidente ni a los ministros. Sostuvo, en cambio, que algunos intereses podrían estar influyendo en las decisiones y que, bajo el argumento de combatir la corrupción, se podría terminar perjudicando al país.
Ferreira no presentó durante la entrevista pruebas que permitan establecer que la denuncia tenga como propósito proteger al narcotráfico. Sus declaraciones deben entenderse como sus apreciaciones sobre el conflicto y no como hechos judicialmente acreditados.
Ferreira dice que afrontará la investigación
El exministro aseguró que está dispuesto a presentarse ante la justicia y rechazó que tenga intención de abandonar el país. Dijo que afrontará el proceso y que mantiene su conciencia tranquila.
También reconoció que pudo haber errores en la gestión, particularmente por no haber dimensionado suficientemente los costos de mantenimiento y las dificultades para completar el proyecto.
La controversia deja dos asuntos pendientes para el Estado boliviano: esclarecer las posibles responsabilidades por la contratación y ejecución de los radares y determinar si los equipos pueden recuperarse para fortalecer la vigilancia aérea.
La denuncia deberá avanzar por los canales judiciales correspondientes, mientras que la auditoría, el contrato y los informes técnicos serán fundamentales para establecer el estado real del sistema, la magnitud de las observaciones y las medidas necesarias para evitar que la inversión termine perdiéndose.
