Cuatro policías que cumplían funciones en el penal de Cantumarca, en Potosí, fueron aprehendidos por su presunta participación en la entrega o facilitación de teléfonos celulares a Roger Mariaca, exfiscal general del Estado, quien permanece detenido preventivamente desde el 5 de octubre de 2026.
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De acuerdo con los reportes difundidos por la Fiscalía y medios nacionales, los funcionarios habrían permitido que Mariaca utilizara dispositivos móviles para mantener comunicaciones con personas del exterior. El caso es investigado por presunto uso indebido de influencias y busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados.
La Fiscalía anunció que imputará a los cuatro efectivos y solicitará medidas cautelares, incluida la detención preventiva. La decisión sobre su situación jurídica deberá ser tomada por un juez competente.
¿Quiénes son los cuatro policías aprehendidos?
Los funcionarios fueron identificados por sus iniciales como Darwin Oliver H. C., César Edwin S. Y., Noé G. F. y José G. M., este último señalado como asesor jurídico del centro penitenciario.
Según la información publicada, los otros tres efectivos cumplían funciones de custodia en el penal. Las investigaciones deberán determinar qué participación tuvo cada uno en las presuntas irregularidades y si existieron otras personas involucradas.
La aprehensión de los cuatro funcionarios se produjo después de que las autoridades penitenciarias recibieran información sobre la posible utilización de teléfonos celulares por parte de Mariaca durante su permanencia en Cantumarca.
Así se descubrió el presunto uso de celulares en Cantumarca
Los antecedentes del caso se remontan al jueves 22 de octubre, cuando la dirección del centro penitenciario recibió un informe de inteligencia que alertaba sobre la presunta utilización de un teléfono celular por parte del exfiscal general.
Tras recibir la información, se realizó una requisa en la celda de Mariaca. Sin embargo, durante esa primera inspección no se encontró ningún dispositivo.
Las indagaciones continuaron con entrevistas a los custodios y otras actuaciones dentro del penal. Según los reportes difundidos, las pesquisas apuntaron al asesor jurídico, quien presuntamente habría prestado su teléfono al privado de libertad.
El viernes 23 de octubre se informó de la aprehensión de los cuatro policías y del inicio de las actuaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La investigación busca determinar si Mariaca utilizó teléfonos de los funcionarios para comunicarse con personas del exterior y si esas llamadas pudieron interferir en las pesquisas que enfrenta.
El comandante departamental de la Policía en Potosí, Franklin Villazón, señaló que también se indaga el posible destino de las comunicaciones y si hubo contacto con personas presuntamente vinculadas a la organización criminal investigada.
Hasta el momento, no está confirmado públicamente que las llamadas hayan formado parte de un plan de fuga. Por ello, las autoridades deberán establecer el contenido y la finalidad de las comunicaciones, así como la posible participación de cada funcionario.
El proceso se abrió por el presunto delito de uso indebido de influencias, de acuerdo con los reportes disponibles. La investigación continúa y las sospechas deberán ser contrastadas dentro del procedimiento judicial.
¿Por qué está detenido Roger Mariaca?
Mariaca permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca desde el 5 de octubre de 2026. Es investigado por presuntos delitos de tráfico de drogas, asociación criminal y legitimación de ganancias ilícitas.
Estos cargos forman parte de una investigación en curso y no equivalen a una condena. Su situación jurídica y las responsabilidades que pudieran establecerse deberán resolverse mediante las instancias correspondientes.
El nuevo caso relacionado con el supuesto uso de teléfonos celulares abre otra línea de indagación sobre las condiciones de custodia del exfiscal y los controles aplicados dentro del centro penitenciario.
¿Qué pasará con los cuatro efectivos?
La Fiscalía anunció que presentará imputaciones contra los cuatro policías y pedirá medidas cautelares, incluida la detención preventiva. La decisión final dependerá del juez que conozca el caso y de los elementos presentados por las partes.
Además de las posibles consecuencias penales, los funcionarios podrían afrontar procesos administrativos dentro de la Policía, si las autoridades competentes determinan que existen indicios de faltas en el cumplimiento de sus funciones.
Por ahora, la investigación debe establecer cómo se facilitaron los teléfonos, qué comunicaciones se realizaron y si hubo consecuencias para otros procesos. Mientras no exista una resolución judicial, los hechos atribuidos a los policías y las posibles responsabilidades deben mantenerse en el ámbito de las presunciones investigadas.
