La Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia (AISEM) está bajo investigación tras denuncias de presuntos cobros irregulares a funcionarios a cambio de mantener sus puestos de trabajo. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino las oficinas de la institución para recabar elementos relacionados con el caso.
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La ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que se activaron las investigaciones y aseguró que se adoptarán medidas para proteger a los trabajadores que presentaron las denuncias y evitar posibles represalias.
Según la diputada de Libre Cecilia Vargas, algunos funcionarios habrían exigido pagos que oscilaban entre Bs 8.000 y Bs 15.000. También se denunciaron supuestas solicitudes equivalentes a medio salario o al sueldo completo de los trabajadores.
Los montos y las circunstancias denunciadas deberán ser verificados durante el proceso investigativo.
Tres funcionarios bajo investigación
De acuerdo con reportes de medios de comunicación que citaron a la ministra, las pesquisas apuntan a tres funcionarios de mandos intermedios, presuntamente involucrados en solicitudes de dinero a otros trabajadores.
La denuncia habría sido presentada antes de que se concretaran los pagos, lo que permitió activar las actuaciones policiales y los mecanismos de investigación correspondientes.
El Ministerio de Salud también coordinó acciones con el Viceministerio de Transparencia para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
¿Habrá cambios en la dirección?
Hasta el momento, la información disponible sobre esta intervención no confirma una nueva destitución de la dirección ejecutiva de la AISEM.
En marzo de 2026, el Gobierno desvinculó a la entonces directora, Verónica Casablanca, por otra denuncia relacionada con el presunto cobro de una comisión a una empresa. Posteriormente, David Luis Crespo Guillén asumió la dirección ejecutiva.
Ese antecedente corresponde a un caso distinto del actual, relacionado con supuestos cobros a funcionarios para conservar sus puestos laborales.
La investigación busca establecer responsabilidades
Las autoridades deberán determinar quiénes habrían solicitado el dinero, si existieron pagos, cuántos trabajadores estarían afectados y qué responsabilidades administrativas o penales podrían corresponder.
Mientras avanzan las pesquisas, el Ministerio de Salud anunció medidas de protección para los denunciantes. Por ahora, las acusaciones permanecen bajo investigación y no constituyen una determinación de culpabilidad.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de contratación y permanencia laboral en una entidad pública, así como los controles necesarios para prevenir presuntos cobros irregulares dentro de la administración estatal.
