Lo que Bolivia sabía de sobra empieza a salir a la luz. La corrupción en el sistema de justicia. Lo que flotaba en el imaginario colectivo se quedó pequeño frente a lo que se va conociendo cada día. Algunos nombres salen en las listas del Departamento de Estado de Estados Unidos, otros son detenidos en Bolivia, pero eso apenas rasguña el mecanismo instalado, más grande y feroz de lo que nadie pueda visualizar.
Lo que se va desvelando es un mecanismo que habría permitido a determinadas personas operar desde los tribunales con una protección que los ciudadanos comunes no tienen. No solo en causas vinculadas al narcotráfico, sino también en procesos civiles, divorcios y otros litigios en los que una decisión judicial puede tener un precio.
Estados Unidos puso el dedo en la llaga. Las restricciones de visas anunciadas en septiembre y octubre alcanzaron a fiscales, jueces y otras autoridades bolivianas, entre ellas Roger Mariaca, Juan Lanchipa y Aldo Quezada. Son nombres vinculados a distintos niveles del aparato judicial y estatal. Las medidas estadounidenses no equivalen a condenas penales, pero la dimensión institucional de los señalados obliga a preguntarse qué está pasando dentro de nuestras instituciones.
¿Son ellos los únicos de este mecanismo? ¿Quiénes más, entre jueces, fiscales y abogados, facilitaron decisiones, omitieron controles o protegieron intereses criminales? ¿Quiénes conocían estas prácticas y guardaron silencio? Y, sobre todo, ¿quiénes se atreverán a contribuir a desmontarlas?
En Bolivia hay profesionales honestos que cumplen su trabajo. Pero ha llegado el momento de que demuestren que no están dispuestos a convivir con un sistema que destruye la credibilidad de su propia profesión. No se trata de condenar a nadie sin pruebas ni de convertir el silencio en una confesión de culpabilidad. Se trata de que quienes conocen irregularidades las denuncien y de que quienes tienen la obligación de investigarlas actúen. ¿Van a seguir mirando desde el palco lo que durante años pudieron ver de cerca?
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió sobre la penetración de las mafias internacionales del crimen organizado en las estructuras del Estado. Si el propio Gobierno reconoce la magnitud del problema, debe explicar qué está haciendo para enfrentarlo. No basta con describir la gravedad de la situación ni con anunciar operativos. Hay que identificar responsabilidades, reconstruir las redes de protección y garantizar que las investigaciones lleguen hasta quienes se beneficiaron de ellas.
Será una tarea difícil y tomará años. Las redes que consiguen protección institucional no se desmontan con declaraciones ni con una lista de nombres. Se necesita investigación, pruebas, coordinación entre instituciones y, sobre todo, determinación para llegar incluso a personas cercanas al poder. De lo contrario, la lucha contra la corrupción terminará siendo, una vez más, una operación selectiva contra quienes resultan políticamente incómodos.
La presión internacional puede ser un aliciente para actuar. Pero no puede reemplazar la responsabilidad del Estado boliviano. La corrupción no pasa desapercibida para los ciudadanos ni para los gobiernos que ahora presionan para que se capture a los responsables del crimen organizado que operan desde nuestro territorio.
Las listas de desvisados, por ruidosas que sean, deben dejar de ser el centro de la discusión. Hay otros casos que exigen respuestas concretas.
El de las 32 maletas que llegaron a Viru Viru el 29 de noviembre de 2025 es uno de ellos. El equipaje fue trasladado hasta un inmueble vinculado al entonces juez Hebert Zeballos y después desapareció. En julio de 2026, la Fiscalía reconocía que todavía no había logrado encontrar las maletas ni determinar su contenido. La pregunta sigue siendo elemental: ¿qué había en ellas, quién organizó su traslado y quiénes hicieron posible que desaparecieran? Es fundamental exigir que una investigación de esta gravedad esclarezca cada eslabón de la operación.
El caso del oro es igualmente preocupante. En Viru Viru fueron interceptados 189,5 kilogramos de oro que se pretendían exportar a Dubái. El último detenido fue liberado en agosto. De ninguna manera eso puede ser un punto final de la investigación que debe establecer el origen del metal, la legalidad de la operación y la identidad de sus responsables y beneficiarios. ¿Qué avances concretos existen? ¿Se siguió la ruta del dinero? ¿Se investigó a todos los que intervinieron?
No son los únicos casos que merecen atención. Pero bastan para ilustrar el problema: operaciones de enorme gravedad, preguntas fundamentales sin respuesta y una ciudadanía que vuelve a preguntarse si las instituciones están en condiciones de llegar hasta el final, incluso cuando aparecen personas con poder o influencia. O, peor, si el mecanismo de corrupción apenas ha sido tocado.
Por eso, lo de Mariaca y las restricciones de visas son importantes, pero no suficientes. La verdadera señal de cambio será cuando se logre desbaratar las redes de protección, estén en el nivel que estén. Si las investigaciones se detienen cuando aparecen los primeros nombres importantes, lo que hoy parece una oportunidad para cambiar las cosas terminará siendo otro episodio de indignación pasajera.
