Santistevan advierte que el crimen organizado busca debilitar al Estado y pone en riesgo a la ciudadanía
El secretario departamental de Seguridad Ciudadana sostiene que los recientes hechos violentos pueden ser una represalia contra las autoridades. Pide reforzar la investigación preventiva y atacar las...
El avance del crimen organizado en Bolivia representa una amenaza que, según el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, ya no se limita a enfrentamientos entre grupos criminales, sino que puede alcanzar a autoridades y ciudadanos ajenos a esas estructuras.
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Durante una entrevista en el programa Desayuno Informado, de Asuntos Centrales, Santistevan planteó que los recientes asesinatos y amenazas deben analizarse en el contexto de las acciones emprendidas contra organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
A su criterio, algunos de estos hechos podrían constituir represalias por los operativos y las detenciones de integrantes de organizaciones como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que operan en la región fronteriza.
«Los asesinatos, el narcotráfico, la corrupción, el desorden institucional son una actividad intencionada contra el Gobierno», afirmó al explicar su interpretación del escenario de violencia.
El funcionario sostuvo que las organizaciones criminales podrían estar utilizando amenazas y ataques contra autoridades para debilitar la estructura estatal y generar temor en los niveles de decisión política.
Una posible represalia contra las autoridades
Santistevan consideró que los recientes hechos violentos podrían estar relacionados con las acciones contra figuras importantes del crimen organizado. Mencionó, entre otros antecedentes, la captura de alias Junior en Concepción, quien permanece gravemente herido, según su declaración.
En ese contexto, planteó que las organizaciones criminales pueden dirigir sus ataques contra quienes consideran una amenaza para sus intereses.
«Ellos van a atacar a las autoridades que consideran un riesgo», sostuvo.
El secretario departamental también advirtió que las amenazas no deben interpretarse como un problema individual de los funcionarios involucrados, sino como un mensaje dirigido al conjunto de la clase política y, particularmente, a quienes participan en las decisiones de lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, aclaró que cada autoridad debe evaluar las condiciones de seguridad en las que desarrolla sus funciones, las personas con las que trabaja y los niveles de exposición que implica su actividad.
El riesgo para la población
Uno de los aspectos más preocupantes de su análisis es la posibilidad de que personas sin relación con las organizaciones criminales terminen siendo víctimas de ataques.
Santistevan señaló que la violencia puede generar un escenario en el que cualquier ciudadano quede expuesto a las decisiones de grupos delictivos.
«Ahora le puede tocar a cualquier familiar suyo o a usted mismo», advirtió durante la entrevista.
A diferencia de los daños colaterales que pueden producirse durante un enfrentamiento armado, el funcionario considera que la ejecución de personas ajenas a las estructuras criminales representa una forma de intimidación que profundiza la percepción de inseguridad.
También cuestionó la efectividad de las investigaciones que comienzan después de que se comete un asesinato. En su criterio, la respuesta debe avanzar hacia un trabajo de inteligencia e investigación preventiva que permita identificar a los grupos criminales antes de que ejecuten nuevos ataques.
Investigar a las estructuras y no solo a los sicarios
Para Santistevan, la lucha contra el crimen organizado no puede concentrarse únicamente en detener a quienes ejecutan los asesinatos.
«El sicario va a seguir siendo sicario. Lo que sí puede controlar la presencia de sicarios en la calle es agarrando al pez gordo. No hay otra», manifestó.
El secretario departamental planteó que las investigaciones deben apuntar a identificar a los principales responsables, ubicar sus casas de seguridad y desarticular las estructuras que organizan y financian las actividades criminales.
En su evaluación, la capacidad económica y el poder que acumularon estas organizaciones también están relacionados con años de corrupción y con la complicidad de autoridades que habrían recibido sobornos para permitir su crecimiento.
Santistevan recordó que en otros países, como Colombia, las organizaciones del narcotráfico recurrieron a amenazas y asesinatos contra funcionarios y personas consideradas una traición a sus intereses.
Santistevan descarta que la Policía haya sido superada
Consultado sobre si las organizaciones criminales han sobrepasado la capacidad de respuesta de la Policía, el funcionario descartó esa posibilidad.
Afirmó que la institución cuenta con fuerzas de élite preparadas y armamento sofisticado, aunque consideró necesario reforzar a la Policía en su conjunto para responder a los desafíos de seguridad ciudadana.
La entrevista concluyó con un llamado a que las autoridades adopten decisiones frente al escenario de violencia. Para Santistevan, la respuesta debe ser institucional y sostenida, con investigaciones que permitan anticiparse a las acciones de las organizaciones criminales y desarticular sus principales estructuras.
