El Ministerio de Gobierno presentó un balance de su primer año de gestión, en el que destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, la aprehensión de exautoridades investigadas por presunta corrupción y más de 9.000 operativos contra el narcotráfico. Según el informe difundido por esa cartera de Estado el 9 de noviembre de 2026, las acciones policiales representaron una afectación económica superior a los 132 millones de dólares para las organizaciones vinculadas a esa actividad ilícita.
Table Of Content
- Captura de Sebastián Marset, uno de los principales resultados destacados
- Exautoridades investigadas por presunta corrupción
- Caso Mariaca, investigaciones alcanzan a exautoridades del Ministerio Público
- Más de 20 cabecillas de organizaciones criminales capturados
- 9.417 operativos y 402 toneladas de sustancias controladas
- Planes de seguridad y control de fronteras
- Un balance oficial que marca los desafíos de seguridad
El reporte corresponde al periodo de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. Entre los resultados que el Ejecutivo considera centrales también figuran la captura de más de 20 presuntos cabecillas de organizaciones criminales internacionales y las investigaciones contra exautoridades del Ministerio Público.
Las cifras y los resultados forman parte del balance oficial presentado por el Ministerio de Gobierno. Los procesos mencionados continúan sujetos a las investigaciones y a las decisiones de las autoridades judiciales.
Captura de Sebastián Marset, uno de los principales resultados destacados
El Ministerio de Gobierno identificó la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, como uno de los principales hitos de su primer año de gestión.
El narcotraficante uruguayo era requerido por la justicia de varios países y figuraba entre los objetivos buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según el comunicado oficial.
La operación fue ejecutada por la Policía Boliviana y, de acuerdo con el reporte, concluyó sin bajas. Posteriormente, Marset fue expulsado a Estados Unidos.
El Ministerio sostiene que el operativo permitió poner fin a su permanencia en Bolivia y destacó que el investigado contaba con una estructura de protección que habría involucrado a exmilitares colombianos, exintegrantes de las FARC y presuntos mecanismos de encubrimiento vinculados a exautoridades y operadores de justicia.
Estas referencias forman parte de la descripción oficial de la investigación y deben entenderse como señalamientos sobre presuntas conexiones, no como una declaración judicial de responsabilidad para todas las personas mencionadas.
Exautoridades investigadas por presunta corrupción
Otro de los ejes del balance está relacionado con las investigaciones contra exautoridades de distintos niveles del Estado.
El Ministerio mencionó la aprehensión del expresidente Luis Arce Catacora, investigado por presuntas irregularidades relacionadas con la administración de recursos del Fondo Indígena. También incluyó a su hijo, Marcelo Arce Mosqueira, quien es investigado por presuntos delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
En la lista figura además el exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, vinculado a investigaciones por posibles irregularidades en la ejecución de la Doble Vía El Sillar, y el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), Franklin Flores, investigado por hechos relacionados con la administración de recursos y proyectos estatales.
El Ministerio de Gobierno presentó estas actuaciones como parte de las acciones para esclarecer posibles hechos de corrupción en instituciones públicas. Sin embargo, las investigaciones y aprehensiones no equivalen a una condena ni establecen por sí mismas la culpabilidad de los involucrados.
Caso Mariaca, investigaciones alcanzan a exautoridades del Ministerio Público
El informe también destacó las actuaciones policiales dentro del denominado caso Mariaca, que involucra al exfiscal general del Estado Roger Mariaca y al exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos.
Ambos fueron aprehendidos y son investigados por su posible vinculación con una presunta estructura de protección a organizaciones relacionadas con el narcotráfico, según el comunicado del Ministerio de Gobierno.
En el marco de esas investigaciones se ejecutaron 33 allanamientos y se reportó el secuestro de cinco inmuebles, 46 vehículos, más de cinco millones de bolivianos, 407.000 dólares y cuatro armas de fuego.
La cartera de Estado sostuvo que estos procedimientos buscan identificar redes criminales y establecer posibles mecanismos de encubrimiento que habrían operado desde instituciones públicas.
El alcance de las responsabilidades individuales deberá establecerse dentro de los procesos correspondientes.
Más de 20 cabecillas de organizaciones criminales capturados
En su balance, el Ministerio también informó sobre la captura de más de 20 presuntos cabecillas vinculados a organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Los Espartanos y Los Pulpos.
El reporte menciona operativos contra integrantes de estructuras brasileñas en Santa Cruz y Beni. También destaca la aprehensión de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias «Mapaya», señalado como cabecilla de Los Espartanos, quien posteriormente fue expulsado a Colombia.
El Gobierno sostiene que estas intervenciones buscan desarticular redes dedicadas al crimen organizado y combatir delitos como el sicariato. La información difundida no detalla individualmente los procesos judiciales ni la situación legal de cada uno de los capturados.
9.417 operativos y 402 toneladas de sustancias controladas
Las cifras operativas constituyen otro componente central del informe. Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 25 de octubre de 2026, la Policía Boliviana ejecutó 9.417 operativos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, según el Ministerio.
Durante ese periodo, las autoridades reportaron los siguientes resultados:
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402 toneladas de sustancias controladas secuestradas.
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39 laboratorios de cristalización destruidos.
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515 fábricas de droga intervenidas y destruidas.
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16 pistas clandestinas identificadas e inutilizadas.
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791 vehículos secuestrados.
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2.682 personas aprehendidas.
El Ministerio calculó que estas acciones representaron una afectación económica superior a los 132 millones de dólares para las organizaciones del narcotráfico.
Uno de los datos que resaltó fue el incremento de aeronaves incautadas. De acuerdo con el balance, durante el primer año de la actual administración se decomisaron 83 aeronaves, frente a las nueve registradas en la gestión anterior. El Gobierno cifró ese aumento en un 822,2%.
El comunicado no detalla la metodología utilizada para calcular la afectación económica ni desglosa el valor atribuido a cada operativo.
Planes de seguridad y control de fronteras
En materia de seguridad ciudadana y control territorial, el Ministerio mencionó la implementación del Plan Halcón, el Plan Fronteras Seguras y su segunda fase, denominada Fronteras Seguras 2.0.
Esta última iniciativa incorporó, según el reporte, a 230 efectivos policiales especializados, además de patrullajes combinados, drones, inteligencia operativa y herramientas de inteligencia artificial.
El objetivo señalado por la cartera de Estado es fortalecer la vigilancia en zonas fronterizas y mejorar la capacidad de respuesta frente a las organizaciones criminales que operan en más de un país.
El balance también incluyó acciones de cooperación internacional. Bolivia asumió la Presidencia Pro Témpore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), integrado por 16 países, y se incorporó al denominado Escudo de las Américas.
Asimismo, el Ministerio destacó la consolidación de alianzas estratégicas con Brasil, Chile, Estados Unidos y la Unión Europea para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.
Un balance oficial que marca los desafíos de seguridad
Al cumplir un año de gestión, el Ministerio de Gobierno presentó como principales resultados la captura de Marset, las operaciones contra organizaciones criminales internacionales, las investigaciones por presunta corrupción y los decomisos vinculados al narcotráfico.
Las cifras difundidas permiten conocer el alcance que la institución atribuye a sus operativos entre noviembre de 2025 y octubre de 2026. Sin embargo, el balance corresponde a la versión oficial del Gobierno y no incluye una evaluación independiente de los resultados, indicadores comparativos sobre la evolución de los delitos ni detalles completos sobre el estado procesal de todos los investigados.
La continuidad de las investigaciones, los resultados judiciales y la capacidad de sostener las operaciones de seguridad serán elementos relevantes para evaluar el impacto de las medidas anunciadas durante este primer año.
