El exdiputado Rafael “Tata” Quispe anunció acciones penales contra los diputados suplentes del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, a quienes acusa de presunto uso indebido de influencias, amenazas y extorsión en el caso de las contrataciones de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).
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La denuncia se produce después de la difusión de audios en los que ambos legisladores aparecen reclamando a la entonces directora de la entidad, Daniela Quiroga, por la contratación de personas recomendadas. Las grabaciones abrieron una controversia política sobre las presuntas presiones para incorporar personal en una institución pública.
Quispe informó que presentó una denuncia ante la Presidencia de la Cámara de Diputados y solicitó que el caso sea remitido a la Comisión de Ética. También pidió que Bilbao y Medinaceli sean apartados de sus cargos mientras se investigan los hechos.
El exlegislador anunció, además, que acudiría a la Fiscalía este jueves 19 de noviembre para formalizar una denuncia penal por los presuntos delitos señalados. Sin embargo, hasta la información disponible para esta publicación, no existe confirmación independiente de que ese trámite ya haya sido presentado ante el Ministerio Público.
Los audios que desataron la controversia
Las grabaciones difundidas contienen conversaciones atribuidas a Bilbao y Medinaceli con Quiroga, en las que se escuchan reclamos por la contratación de personas recomendadas.
En el caso de Alejandro Medinaceli, el audio que se le atribuye registra cuestionamientos por designaciones que, según la conversación, no se habrían concretado como fueron solicitadas. El legislador también cuestionó la integridad de las grabaciones difundidas.
Claudia Bilbao, por su parte, reconoció haber mantenido una conversación con Quiroga, pero sostuvo que el audio fue editado y negó haber enviado listas de postulantes para ingresar a la institución.
Las versiones de los legisladores y la exdirectora mantienen abierto el debate sobre el contenido de las grabaciones y las circunstancias en las que se produjeron las conversaciones.
Quiroga denuncia exigencias y habla de 40 contrataciones
La exdirectora de la AISEM ratificó este jueves que recibió presiones durante los últimos tres meses de su gestión. Según su testimonio, las llamadas y recomendaciones de currículums se convirtieron progresivamente en exigencias para incorporar a determinadas personas.
Quiroga afirmó que algunos postulantes no reunían los perfiles profesionales requeridos para los puestos a los que eran propuestos. También aseguró que aproximadamente 40 personas ingresaron a la institución por recomendaciones de Medinaceli.
En sus declaraciones identificó, además, al jefe de bancada del PDC, Óscar García, como otro legislador que le enviaba listas de postulantes. Esta referencia amplía el alcance político de las denuncias sobre las presuntas gestiones para incorporar personal en la agencia estatal.
La exfuncionaria sostuvo que informó a la ministra de Salud, Marcela Flores, sobre lo que estaba ocurriendo. Asimismo, solicitó una pericia de los audios para establecer su autenticidad y verificar su contenido.
Las afirmaciones de Quiroga constituyen denuncias que deberán ser contrastadas mediante una investigación. La difusión de las grabaciones y los testimonios de los involucrados no establecen, por sí mismos, responsabilidades penales.
Diputados y otros actores piden investigar el caso
La controversia también generó pronunciamientos de otros actores políticos. El senador José Sánchez anunció una Petición de Informe Oral dirigida a la ministra de Salud y pidió que se investiguen los hechos.
El dirigente Abdón Porcel también solicitó indagar las contrataciones, mientras que la diputada Lissa Claros anunció una auditoría y una intervención de la AISEM.
Por otro lado, Eduardo León, abogado de Daniela Quiroga, cuestionó que la atención se concentre en la exdirectora y no en las presuntas presiones que ella denunció. La defensa sostiene que corresponde esclarecer quiénes realizaron las gestiones y bajo qué circunstancias se produjeron.
Las acciones anunciadas y las solicitudes de investigación apuntan a establecer si existieron irregularidades en los procesos de selección de personal y si autoridades o legisladores utilizaron sus cargos para influir en decisiones administrativas.
AISEM: presupuesto de Bs 324,2 millones y baja ejecución
El caso adquiere relevancia institucional por el papel que cumple la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico. La entidad administra recursos destinados a infraestructura hospitalaria y equipamiento médico, áreas vinculadas directamente con la capacidad de atención del sistema público de salud.
De acuerdo con los datos proporcionados, la AISEM contó con un presupuesto de Bs 324,2 millones para la gestión 2026. Sin embargo, su ejecución presupuestaria llegó al 11,88% al cierre del primer semestre.
Estos indicadores ponen el foco no solamente en las denuncias sobre presuntas recomendaciones y contrataciones, sino también en la gestión de los recursos públicos destinados a proyectos de salud.
La investigación deberá esclarecer cómo se realizaron las incorporaciones de personal, qué criterios se aplicaron, si los postulantes cumplían los requisitos y si existieron presiones externas sobre la dirección de la institución.
Por ahora, el caso enfrenta denuncias políticas, solicitudes de auditoría y anuncios de acciones judiciales. La eventual intervención de la Comisión de Ética y del Ministerio Público permitirá establecer si existen elementos para determinar responsabilidades.
Quispe busca que el escándalo deje de ser únicamente una controversia por audios y se convierta en una investigación formal sobre el presunto uso de influencias en una entidad pública. La respuesta de los legisladores denunciados y los resultados de las pesquisas serán determinantes para esclarecer lo ocurrido en la AISEM.


