La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), Mery Daniela Quiroga Claure, denunció que recibió presiones de tres diputados para incorporar personal recomendado a la institución y reconoció que se produjo la designación de un director que no reunía el perfil profesional requerido para el cargo.
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El caso abre dos líneas de investigación: las presuntas presiones políticas para influir en las contrataciones de una entidad pública y las decisiones administrativas que permitieron incorporar a funcionarios sin cumplir los requisitos profesionales.
Las declaraciones de Quiroga, difundidas por Red Uno y UNITEL, involucran a los diputados Alejandro Medinaceli, Claudia Bilbao y Óscar García, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La controversia también adquirió mayor relevancia después de que una investigación publicada por La Razón revelara que Roger Saúl Montevilla, cuyo apellido aparece en uno de los audios, ingresó a trabajar en la AISEM el 27 de octubre de 2026, un día después de la salida de Quiroga.
El caso plantea una pregunta central: ¿quién decidió finalmente su incorporación y bajo qué criterios profesionales?
Tres diputados señalados por presuntas presiones
Quiroga sostuvo que durante sus aproximadamente siete meses de gestión recibió presiones para contratar personas recomendadas por legisladores. Según su versión, estas exigencias se intensificaron durante los últimos cuatro meses de su administración.
Los tres diputados mencionados son:
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Alejandro Medinaceli: aparece en una grabación en la que reclama por la falta de incorporación de personas que, según la conversación, debían ingresar a la institución.
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Claudia Bilbao: aparece en otro audio cuestionando la contratación de personas que habría recomendado y reclamando por decisiones del área de Recursos Humanos.
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Óscar García: fue mencionado por Quiroga entre los legisladores que enviaban currículums para recomendar personal.
Hay una diferencia importante entre los casos: las grabaciones difundidas corresponden a conversaciones atribuidas a Medinaceli y Bilbao, mientras que la participación de García fue mencionada por la exdirectora, sin que en los antecedentes proporcionados exista un audio equivalente que documente sus intervenciones.
La investigación deberá establecer qué solicitudes realizaron los legisladores, si existieron instrucciones o amenazas y si hubo intentos de interferir en los procesos de selección de personal.
¿Qué revelan los audios de Medinaceli y Bilbao?
Las grabaciones difundidas públicamente constituyen uno de los principales elementos de la controversia.
En el audio atribuido al diputado Alejandro Medinaceli, el legislador cuestiona que dos designaciones no se hubieran concretado como supuestamente se había solicitado.
Durante la conversación, Quiroga explica que uno de los postulantes, identificado por el apellido Montevilla, no reunía el perfil profesional necesario para ocupar una Dirección Técnica.
En otro momento de la grabación se escucha al diputado preguntarle:
«Daniela, ¿quieres seguir trabajando o no?»
La frase generó cuestionamientos sobre una posible presión para que la entonces directora aceptara las recomendaciones de personal.
En el segundo audio, atribuido a Claudia Bilbao, la diputada reclama por personas que habría recomendado y cuestiona el trabajo de Recursos Humanos. También advierte que presentaría peticiones de informe contra la ministra de Salud, Marcela Flores.
Ambas grabaciones fueron objeto de controversia. Los legisladores cuestionaron su difusión y sostuvieron que los audios presentan cortes o no reflejan el contexto completo de las conversaciones.
Bilbao reconoció que la conversación era real, pero afirmó que había sido editada. Quiroga, por su parte, solicitó que las grabaciones sean sometidas a pericias para establecer su autenticidad e integridad.
Montevilla ingresó a la AISEM un día después de la salida de Quiroga
Uno de los elementos más relevantes del caso surgió de una investigación publicada por La Razón el 18 de noviembre.
El apellido Montevilla aparece en la conversación atribuida a Medinaceli, cuando Quiroga cuestiona que el postulante no reunía las condiciones profesionales para ocupar una Dirección Técnica.
Sin embargo, los antecedentes publicados muestran que Roger Saúl Montevilla ingresó a trabajar en la AISEM el 27 de octubre de 2026, un día después de que Quiroga dejara la institución.
El dato figura en una declaración jurada de bienes y rentas presentada ante la Contraloría.
Esta secuencia plantea varias interrogantes sobre el proceso de contratación: quién autorizó su incorporación, qué cargo ocupó, cuáles eran los requisitos establecidos y si cumplía con las condiciones profesionales exigidas.
También será necesario establecer si la contratación respondió a un procedimiento regular y quiénes participaron en la decisión final.
La coincidencia temporal entre la salida de Quiroga y el ingreso de Montevilla no demuestra por sí sola que existiera una presión política efectiva o una irregularidad administrativa, pero constituye un antecedente que merece ser esclarecido.
Gobierno pide formalizar las denuncias y anuncian fiscalización
Desde el Ejecutivo se pidió que las denuncias sean presentadas formalmente para que puedan ser investigadas.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que las acusaciones deben seguir los canales institucionales correspondientes y contar con elementos que permitan establecer responsabilidades.
En el ámbito legislativo, el senador José Sánchez, de Alianza Libre, anunció una Petición de Informe Oral dirigida a la ministra de Salud, Marcela Flores.
El objetivo es que la autoridad explique las circunstancias de la salida de Quiroga y los hechos relacionados con las presuntas presiones para incorporar personal en la AISEM.
Por su parte, el abogado de la exdirectora, Eduardo León, denunció que su defendida estaría siendo objeto de persecución en lugar de que se investiguen las presiones que habría recibido durante su gestión.
Quiroga también pidió que los audios sean sometidos a un examen técnico para determinar si fueron manipulados o editados.
Una institución que administra millones de bolivianos
La controversia adquiere una dimensión mayor por las funciones que cumple la AISEM.
La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico administra proyectos vinculados con la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de hospitales públicos.
Su presupuesto vigente para 2026 fue reportado en aproximadamente Bs 324,2 millones.
Por ello, los procesos de contratación de personal técnico, administrativo y financiero tienen relevancia para la ejecución de proyectos públicos y el manejo de recursos estatales.
La designación de profesionales sin el perfil requerido, si llegara a comprobarse, podría afectar la capacidad técnica de la institución y generar cuestionamientos sobre los mecanismos de selección y control.
En este contexto, la investigación no debería limitarse a determinar si existieron presiones de legisladores. También debe revisar quiénes autorizaron las contrataciones, qué requisitos se exigieron y si las decisiones administrativas se ajustaron a las normas institucionales.
La controversia en la AISEM expone un problema que va más allá de las grabaciones: la posible utilización de recomendaciones políticas para influir en la contratación de funcionarios públicos.
La denuncia de Quiroga y los antecedentes sobre el ingreso de Montevilla deberán ser contrastados con documentos institucionales, perfiles profesionales, registros de contratación y pericias de los audios.
Por ahora, las acusaciones requieren investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad penal o administrativa contra los legisladores mencionados.


