La gobernadora de Tarija, María René Soruco, rechazó que se avance con los trabajos de exploración del pozo Domo Oso X-3 mientras no se aclaren las observaciones ambientales planteadas sobre el proyecto impulsado por Petrobras y YPFB en el área de San Telmo Norte.
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El pronunciamiento se produce después de que el Tribunal Agroambiental rechazara los recursos que buscaban mantener paralizadas las actividades y ratificara que el punto previsto para la perforación se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Soruco anunció que enviará sus observaciones al presidente Rodrigo Paz y que evalúa nuevas acciones legales. La autoridad considera que la resolución judicial permite continuar con las actividades sin que se hayan despejado previamente las dudas sobre los posibles impactos en las fuentes de agua.
La controversia vuelve a poner en el centro del debate la exploración hidrocarburífera en el entorno de Tariquía, la protección de los recursos hídricos y el alcance de las decisiones judiciales sobre el proyecto.
Gobernación advierte riesgos para las fuentes de agua
Entre los principales cuestionamientos de Soruco está la proximidad de los trabajos a un curso de agua. Según las observaciones expuestas por la Gobernación, algunas actividades podrían desarrollarse a menos de 50 metros de un río.
La autoridad también señaló que el 35% del proyecto estaría comprendido en un área de 5,2 hectáreas observada por posibles afectaciones hídricas. Por ello, pidió al Gobierno nacional que explique científicamente las condiciones ambientales y las medidas previstas para evitar daños.
Otro de sus argumentos es que las obligaciones de monitoreo establecidas por el Tribunal Agroambiental no reemplazan, desde su perspectiva, las medidas preventivas que deberían adoptarse antes de avanzar con actividades que podrían generar impactos difíciles de revertir.
La Gobernación sostiene que las observaciones deben ser atendidas antes de continuar con los trabajos. Su posición plantea una diferencia de enfoque con la resolución judicial, que permitió seguir adelante bajo obligaciones adicionales de seguimiento ambiental.
Qué resolvió el Tribunal Agroambiental
El 17 de noviembre, la Sala Primera del Tribunal Agroambiental declaró infundados los recursos presentados por la Defensoría del Pueblo y otros accionantes que buscaban mantener suspendidas las actividades del proyecto.
La resolución rechazó la medida cautelar que pretendía paralizar temporalmente la perforación y ratificó que el pozo Domo Oso X-3 se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Sin embargo, la decisión también estableció obligaciones adicionales de monitoreo y control ambiental. Entre ellas figuran:
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Seguimiento de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad.
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Monitoreo de la biodiversidad en el área de influencia.
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Control de ruido y emisiones.
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Coordinación interinstitucional para atender riesgos hidrológicos.
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Presentación de informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental.
El fallo no elimina las preocupaciones ambientales expresadas por la Gobernación y los sectores que se oponen al proyecto. La discusión ahora también se concentra en cómo se cumplirán las medidas de seguimiento y quién verificará sus resultados.
Además, existe una sentencia constitucional anterior, de marzo de 2026, que ordenó suspender el pozo hasta que se evaluaran los riesgos ambientales. El alcance de esa decisión y su relación con la reciente resolución agroambiental constituyen un punto que requiere una explicación jurídica precisa.
Domo Oso X-3: el potencial gasífero todavía debe comprobarse
El proyecto es presentado como una oportunidad para ampliar los recursos gasíferos de Bolivia. Las estimaciones difundidas sobre Domo Oso X-3 sitúan su potencial entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural.
Sin embargo, esa cifra representa una estimación de potencial y no reservas probadas o certificadas. Para confirmar la existencia de un yacimiento comercialmente aprovechable se necesitan trabajos de exploración, estudios técnicos y resultados que permitan establecer la cantidad y viabilidad de extracción del gas.
El contraste con las reservas nacionales también explica el interés económico del proyecto. Según los datos incluidos en la información de referencia, Bolivia cerró 2025 con 2,30 TCF de reservas probadas.
El Gobierno considera que nuevos proyectos exploratorios podrían contribuir a recuperar la capacidad gasífera del país. Pero en el caso de Domo Oso X-3, ese objetivo se enfrenta a cuestionamientos sobre la protección del agua, la biodiversidad y las condiciones ambientales del área.
Comité Cívico mantiene la defensa de Tariquía
El Comité Cívico de Tarija, presidido por Jesús Gira, ratificó su defensa de la reserva y anunció que podría convocar a una asamblea de instituciones para definir nuevas acciones.
La entidad también planteó la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que establezca reglas claras para la actividad petrolera y garantice mayores beneficios para el departamento.
La posición de los sectores críticos al proyecto es que la defensa de Tariquía debe continuar pese al fallo judicial. Sus preocupaciones incluyen los posibles efectos sobre el agua y las comunidades, incluso cuando el punto de perforación haya sido ubicado fuera de los límites oficiales de la reserva.
En ese escenario, las observaciones de la Gobernación y las acciones que pueda asumir el Comité Cívico podrían abrir una nueva etapa de presión institucional para que el Gobierno nacional explique las condiciones bajo las cuales se pretende continuar con la exploración.
Gobierno, Petrobras y comunidades, ante nuevas interrogantes
El conflicto deja varias preguntas pendientes: ¿cómo se garantizará el cumplimiento de los monitoreos?, ¿quién verificará de manera independiente la calidad del agua?, ¿qué medidas preventivas se aplicarán ante posibles impactos? y ¿cómo se resolverán las diferencias entre las observaciones ambientales y las decisiones judiciales?
La posición de Soruco apunta a que el Gobierno nacional responda con información técnica y científica antes de avanzar. La Gobernación también busca que el presidente Rodrigo Paz conozca sus objeciones y evalúe el alcance de las decisiones que permitan continuar el proyecto.
Por su parte, Petrobras y YPFB están vinculadas al desarrollo de la iniciativa, mientras que la Defensoría del Pueblo intervino en el proceso judicial mediante una acción ambiental.
La disputa por Domo Oso X-3 ya no se limita a la posibilidad de encontrar gas. También pone a prueba la capacidad de las instituciones para conciliar la política energética con la protección ambiental y la confianza de las comunidades de la zona.


