Abogado advierte riesgo de nulidad en un eventual juicio contra Evo Morales y García Linera por el caso Hotel Las Américas
Gary Prado advierte que un juicio contra Evo Morales y Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas podría ser anulado si no se garantiza el derecho a apelar la sentencia final en Bolivia.
El abogado Gary Prado advirtió que un eventual juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas podría enfrentar una demanda de nulidad si no se garantiza el derecho de los acusados a apelar la sentencia. Por ello, planteó reformar la Constitución y la Ley de Juicio de Responsabilidades para habilitar una instancia de revisión judicial.
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En una entrevista con Asuntos Centrales, Prado sostuvo que el procedimiento previsto para juzgar a exmandatarios contempla un juicio en única instancia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin una segunda instancia para apelar la sentencia final.
El abogado consideró que esta situación podría entrar en conflicto con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José, de la que Bolivia es signataria.
Prado advierte sobre una posible nulidad del proceso
Según explicó el abogado, la investigación contra los exmandatarios podría avanzar mediante la recopilación de pruebas y la formulación de una acusación. Sin embargo, advirtió que la ausencia de una instancia de apelación podría convertirse en un problema jurídico cuando el caso llegue a juicio.
“Puede venir una demanda de nulidad del juicio porque no existe la posibilidad de apelar las resoluciones judiciales”, sostuvo Prado durante la entrevista.
El abogado señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce garantías judiciales que, a su criterio, deben ser respetadas en el procedimiento de responsabilidades. En ese marco, consideró que la falta de una segunda instancia podría dar lugar a cuestionamientos sobre la validez del proceso.
Prado advirtió que una eventual nulidad podría frustrar el juzgamiento de los denunciados. No obstante, se trata de un riesgo jurídico planteado por el abogado, no de una decisión judicial ni de una nulidad declarada.
Propone reformar la Constitución y la ley
Para evitar ese escenario, Prado planteó modificar el procedimiento de juicio de responsabilidades mediante una reforma constitucional parcial y cambios en la legislación correspondiente.
Su propuesta consiste en que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se encargue de sustanciar el juicio, mientras que las otras salas del tribunal puedan actuar como instancia de apelación.
Según explicó, sería necesario modificar un artículo de la Constitución y algunos artículos de la Ley de Juicio de Responsabilidades para establecer ese mecanismo.
El abogado sostuvo que la reforma permitiría compatibilizar el juzgamiento de expresidentes y exvicepresidentes con el derecho a recurrir una sentencia. También señaló que la modificación debería realizarse antes de que el proceso llegue a la etapa de juicio.
Sin embargo, la viabilidad y suficiencia de esa propuesta requieren una evaluación jurídica independiente. La entrevista recoge el planteamiento de Prado, pero no establece por sí sola que la reforma sea la única vía posible para garantizar el derecho a la apelación.
La investigación por el caso Hotel Las Américas
La advertencia del abogado se produce después de que se conociera la admisión de una proposición acusatoria presentada por legisladores de la Alianza Libre ante el Ministerio Público, dirigida contra Morales y García Linera por los hechos ocurridos en el hotel Las Américas en abril de 2009.
Prado, quien fue abogado de varios de los acusados en el proceso conocido como caso terrorismo, consideró que corresponde investigar a quienes pudieran tener responsabilidad en los hechos.
Durante la entrevista, afirmó que Morales habría reconocido haber ordenado el operativo y sostuvo que García Linera habría sido el encargado de ejecutarlo. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación del abogado y deben contrastarse con las declaraciones originales y la documentación del caso antes de presentarse como hechos acreditados.
Prado también mencionó la participación de policías y funcionarios del entonces Ministerio de Gobierno. La determinación de posibles responsabilidades individuales corresponde a las autoridades competentes, a partir de las pruebas que se reúnan durante la investigación.
Prado pide que la justicia no se convierta en un instrumento político
El abogado insistió en que el proceso debe avanzar con respeto a las garantías de todas las personas involucradas. Recordó que, en su criterio, el objetivo de la justicia debe ser establecer responsabilidades y reparar los daños, sin vulnerar los derechos fundamentales de los procesados.
“No hagamos de la justicia un instrumento político. Hagamos de la justicia un instrumento de reparación de daño”, manifestó.
Prado consideró que la investigación debe continuar en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero advirtió que el procedimiento debe garantizar las condiciones necesarias para que una eventual sentencia pueda ser revisada.
La discusión plantea dos cuestiones que deberán abordarse en el desarrollo del caso: el avance de la investigación sobre los hechos de 2009 y la adecuación del procedimiento de responsabilidades a las garantías judiciales invocadas por el abogado.
Por ahora, la advertencia de Prado se centra en el diseño del proceso y en la necesidad de evitar que una eventual sentencia sea cuestionada por la falta de una instancia de apelación. La evolución de la investigación y las decisiones de las autoridades determinarán los siguientes pasos del caso.
