La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, calificó como una medida política el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena revisar los plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Añez.
Según Arraya, la decisión se tomó después de las elecciones y solo beneficia a tres personas que “representan un movimiento posiblemente político”, en lugar de aplicarse a toda la población carcelaria.
La viceministra cuestionó que el instructivo no sea universal, recordando que más del 60% de los reclusos del país se encuentran con detención preventiva, muchos de ellos con plazos ya vencidos.
En la misma línea, el representante de los privados de libertad de Villa Busch de Pando, Edwin Paz, expresó su indignación y consideró que el TSJ se “parcializó” con los tres líderes políticos, afirmando que “la justicia no está tratando a todos por igual”.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto, corroborando que el 58.2% de los reclusos están con detención preventiva.
