Bolivia duplica su promedio histórico de conflictos y la Defensoría alerta por otro pico en octubre y noviembre
Bolivia duplicó su promedio histórico de conflictos, según César Armando Rojas, de la Defensoría del Pueblo. Octubre y noviembre concentran un nuevo pico de tensión, agravado por acuerdos...
Bolivia enfrenta un escenario de creciente conflictividad social, con un promedio de conflictos que prácticamente duplicó los registros históricos y la posibilidad de un nuevo repunte entre octubre y noviembre. La advertencia fue planteada por César Armando Rojas, jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, en una entrevista con Asuntos Centrales.
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Según Rojas, el promedio histórico de conflictividad en el país es de 362 conflictos al año. Sin embargo, durante 2025 y los primeros nueve meses de 2026, los registros prácticamente duplicaron esa referencia, una señal de la presión que enfrenta el país por las demandas sociales, económicas y sectoriales.
El especialista advirtió que el comportamiento de los conflictos no es uniforme a lo largo del año. De acuerdo con el análisis de la Defensoría del Pueblo, existen dos periodos en los que suelen concentrarse los mayores niveles de tensión: mayo y junio, por un lado, y octubre y noviembre, por otro.
El segundo periodo requiere especial atención por la intensidad que pueden alcanzar las movilizaciones y por el riesgo de que las demandas acumuladas deriven en escenarios de mayor confrontación.
Octubre y noviembre, meses de mayor tensión
El informe de la Defensoría del Pueblo titulado El Camello: Picos Amenazantes de Conflictividad en Bolivia estudia el comportamiento de los conflictos sociales y advierte sobre la existencia de patrones estacionales. El análisis identifica dos momentos del año en los que la conflictividad tiende a incrementarse: mayo-junio y octubre-noviembre.
Rojas sostuvo que el segundo periodo suele ser particularmente delicado. Como antecedentes, mencionó octubre de 2003 y octubre de 2019, episodios que marcaron momentos críticos de la historia política y social del país.
La identificación de estos patrones permite anticipar periodos de mayor presión social, aunque no significa que un nuevo estallido sea inevitable. La evolución de los conflictos dependerá de la capacidad de las autoridades y de los sectores movilizados para gestionar sus demandas y resolver los compromisos pendientes.
En ese contexto, la advertencia adquiere relevancia en un país que, según las cifras expuestas por Rojas, registra niveles de conflictividad muy superiores a su promedio histórico.
Combustibles y estado de excepción
Durante los aproximadamente tres meses de estado de excepción mencionados en la entrevista, se registraron alrededor de 100 conflictos. Rojas señaló que cerca del 70% estuvo relacionado con la gasolina y el abastecimiento de combustibles.
El dato muestra el peso que tuvieron las dificultades vinculadas al suministro energético en la movilización social durante ese periodo. Los problemas de abastecimiento pueden trasladarse a distintos sectores de la economía y convertirse en un factor de presión sobre el Gobierno.
La conflictividad también tiene consecuencias económicas. Durante la entrevista, Rojas citó estimaciones de economistas que calcularon pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares durante 53 días de bloqueos.
Esa cifra corresponde a las estimaciones mencionadas por el entrevistado y no a una evaluación económica propia de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ilustra la magnitud del impacto que pueden tener las medidas de presión prolongadas sobre la actividad productiva, el transporte, el comercio y otros sectores.
El problema no es solo dialogar, sino cumplir los acuerdos
Para Rojas, una de las claves para reducir la conflictividad no está únicamente en abrir espacios de negociación, sino en garantizar que los compromisos alcanzados se cumplan.
“El problema no es el diálogo, sino el cumplimiento de los acuerdos”, es la idea central que planteó durante la entrevista al referirse a la gestión de los conflictos sociales.
El especialista mencionó el desarrollo de 29 diálogos sociales, con la participación de 167 organizaciones y 93 participantes entre dirigentes, autoridades indígenas y líderes de opinión. Estas cifras reflejan la amplitud de los espacios de conversación, pero también plantean el desafío de convertir las negociaciones en soluciones concretas.
Cuando los compromisos no se ejecutan, las demandas pueden mantenerse abiertas y generar nuevas medidas de presión. En esas circunstancias, un acuerdo puede reducir temporalmente la tensión sin resolver las causas que originaron el conflicto.
La advertencia cobra importancia ante la proximidad de octubre y noviembre, dos meses identificados como periodos de mayor riesgo dentro del patrón anual de conflictividad.
El caso de Pando y los compromisos pendientes
Rojas utilizó el caso de Pando para ilustrar cómo el incumplimiento de acuerdos puede contribuir a la reaparición de los conflictos.
Según su relato, en ese departamento se alcanzó un acuerdo con el Gobierno antes de un periodo de 53 días de bloqueos. Meses después, se produjo otra medida de presión relacionada con la tierra y el saneamiento, debido a puntos que, de acuerdo con el entrevistado, no se habían cumplido.
El caso muestra una de las dificultades recurrentes en la gestión de las demandas sociales: la firma de un acuerdo no necesariamente implica que el conflicto haya quedado resuelto. Si los compromisos no se materializan, los sectores involucrados pueden volver a movilizarse.
Para evitar ese ciclo, la negociación debe incluir mecanismos de seguimiento, responsables identificados y plazos verificables. De lo contrario, las mesas de diálogo corren el riesgo de convertirse en pausas temporales antes de una nueva confrontación.
Un periodo que exige prevención
El diagnóstico presentado por Rojas plantea un desafío para las autoridades nacionales y los sectores sociales: anticiparse a los periodos de mayor conflictividad y atender las demandas antes de que escalen.
La duplicación del promedio histórico señalada por el especialista, junto con la concentración estacional de conflictos en octubre y noviembre, configura un escenario que requiere seguimiento. No obstante, las cifras deben interpretarse con claridad: la duplicación corresponde a los registros citados por Rojas en la entrevista, mientras que el informe de la Defensoría identifica los patrones de concentración de los conflictos.
La prevención también exige distinguir entre las demandas que pueden resolverse mediante acuerdos sectoriales y aquellas que requieren decisiones estructurales o coordinación entre distintas instituciones.
En última instancia, la advertencia apunta a un problema que va más allá de la cantidad de movilizaciones. La capacidad de respuesta del Estado, la ejecución de los compromisos y la confianza entre autoridades y organizaciones sociales serán determinantes para evitar que las demandas pendientes se acumulen.
Con octubre y noviembre identificados como meses de mayor tensión, el reto será que los espacios de diálogo produzcan resultados concretos. Para Rojas, la diferencia entre una negociación efectiva y una pausa temporal en el conflicto está en que los acuerdos se cumplan.
