Por Fernando Romero, economista
DECRETO SUPREMO 5630
Reprogramación y refinanciamiento de créditos
1. Impacto sobre los indicadores de mora del sistema financiero
Alivio temporal para la mora bancaria
El DS 5630 permitirá contener el crecimiento de la mora porque los clientes
afectados podrán refinanciar o reprogramar sus créditos sin ser reclasificados
automáticamente como de mayor riesgo; además es voluntario. Esto reduce el
ingreso inmediato de operaciones a cartera vencida. Actualmente, el índice de
mora del sistema es de 2,9%, con una cobertura de previsiones cercana al 148%
y un CAP del 14,9%, indicadores que muestran una posición todavía sólida. Sin
embargo, el decreto no elimina el riesgo crediticio, sino que traslada parte del
problema hacia adelante. Si la recuperación económica es lenta, podría
observarse un incremento gradual de la mora durante 2027.
2. ¿Existe riesgo de cuotas más elevadas tras el período de gracia?
Sí, aunque dependerá del esquema negociado
Existe ese riesgo, pero no necesariamente ocurrirá en todos los casos. El decreto
establece que los intereses y demás cargos acumulados durante el período de
gracia deberán ser cobrados posteriormente y podrán prorratearse en las cuotas
futuras o extenderse el plazo del crédito. Si el plazo apenas se amplía, las cuotas
aumentarán; si se amplía suficientemente, el incremento será menor. El aspecto
positivo es que el DS mantiene la tasa originalmente pactada, salvo que el
cliente negocie una más favorable, evitando un encarecimiento financiero
adicional.
3. Costo para el sector financiero
Mayor presión sobre rentabilidad y liquidez
El sistema financiero ya había absorbido medidas extraordinarias durante el
año, por lo que este nuevo alivio genera costos adicionales. Las entidades
deberán diferir ingresos financieros, asumir gastos administrativos y cubrir
gratuitamente los costos de las adendas contractuales. Aunque el sistema
mantiene utilidades superiores a Bs. 1.300 millones a abril 2026 y activos
líquidos cercanos a Bs. 87.000 millones, una aplicación masiva reduciría
temporalmente la rentabilidad y aumentaría las necesidades de gestión de
liquidez. El impacto sería mayor en entidades con elevada exposición a sectores
afectados por bloqueos, por ejemplo, las microfinancieras.
4. Capacidad operativa y efecto sobre la cartera
Existe capacidad, pero con mayores desafíos operativos
Las entidades cuentan con infraestructura suficiente para atender un alto
volumen de solicitudes y el propio decreto autoriza el uso de herramientas
digitales. Sin embargo, procesar miles de evaluaciones individuales implica
mayores costos operativos y tiempos de análisis. El sistema atiende a cerca de
1,93 millones de prestatarios y posee una amplia red nacional, por lo que el reto
principal será administrativo y no de capacidad instalada. En términos de
cartera, la medida mejorará la calidad estadística de corto plazo, aunque
prolongará la recuperación efectiva de algunos créditos.
DECRETO SUPREMO 5629
Importación excepcional de solventes
1. ¿Qué problema intenta resolver?
Reducir riesgos de desabastecimiento industrial
El decreto autoriza excepcionalmente hasta diciembre de 2026 la importación
de solventes para consumo propio mediante cisternas, tambores y envases
menores. La medida responde a dificultades logísticas y restricciones de
abastecimiento que enfrentan diversos sectores industriales. Su objetivo es
evitar interrupciones productivas y flexibilizar el acceso a insumos esenciales,
manteniendo los requisitos técnicos y legales ya existentes. En un contexto de
limitaciones en la provisión de hidrocarburos y derivados, la norma busca
reducir cuellos de botella para la producción nacional.
2. Efecto sobre la producción empresarial
Podría reducir costos de paralización
Los principales beneficiarios serán industrias químicas, manufactureras,
mineras, agroindustriales y otros sectores que utilizan solventes en sus
procesos. La posibilidad de importar directamente mejora la continuidad
operativa y disminuye riesgos de interrupciones productivas. También permite
mayor flexibilidad logística y una mejor planificación de inventarios. Aunque el
decreto no resolverá completamente los problemas energéticos del país, sí puede
contribuir a sostener niveles de producción, empleo y exportaciones en sectores
estratégicos. La efectividad de este DS dependerá también que durante el resto
de la gestión no se repitan nuevamente un bloqueo de carreteras.
DECRETO SUPREMO 5628
Aporte solidario del Presidente y Ministros
1. Impacto financiero real en salud
El impacto presupuestario será reducido
El decreto establece que el Presidente y los ministros aportarán voluntariamente
el 50% de su salario líquido a programas de salud. Aunque el mensaje político
es importante, el impacto financiero (fiscal) será muy limitado. Considerando
aproximadamente 17 altas autoridades, el aporte anual probablemente
represente algunos millones de bolivianos (menos de 20mmbs), una cifra
pequeña frente al presupuesto del sector salud, que se mide en miles de
millones, y que representa en teoría el 10% del PGE. Su principal utilidad será
financiar programas específicos o proyectos puntuales más que resolver
problemas estructurales del sistema sanitario.
2. Transparencia en el destino de los recursos
La rendición pública será fundamental
El decreto crea una libreta específica denominada “Aporte Voluntario Solidario”,
de carácter público y auditable. Para fortalecer la credibilidad, deberían
publicarse periódicamente los montos recaudados, proyectos financiados,
criterios de asignación y resultados obtenidos. Auditorías independientes y
reportes trimestrales aumentarían la confianza ciudadana. La transparencia
será tan importante como el monto recaudado, ya que permitirá verificar el
cumplimiento efectivo del objetivo social; aunque su impacto puede ser limitado
ya que el aporte es “voluntario”.
3. ¿Es austeridad o una medida simbólica?
Es principalmente una señal política de austeridad
Desde el punto de vista fiscal, el ahorro es reducido y no modifica
significativamente las cuentas públicas; por ejemplo, según el MEFP el gasto
diario del sector público supera los 200mmbs diarios. Sin embargo, tiene un
valor simbólico importante al transmitir un mensaje de solidaridad y
compromiso en un contexto económico complejo. En términos estrictamente
económicos, la reducción del déficit fiscal requiere medidas mucho más amplias
relacionadas con subsidios, empresas públicas, gasto corriente e inversión
pública. Por ello, puede considerarse una medida de austeridad simbólica con
impacto financiero muy limitado.
4. ¿Abre la puerta para otros sectores del Gobierno?
Sí, aunque dependerá de la voluntad política
El carácter voluntario del aporte permite que otras autoridades, empresas
públicas y altos funcionarios adopten mecanismos similares. Incluso podría
incentivar campañas de aportes solidarios en otras instituciones estatales. No
obstante, extender este esquema de forma obligatoria sería jurídicamente
complejo y podría generar controversias laborales. Su mayor potencial radica
en convertirse en un ejemplo institucional de responsabilidad fiscal y
compromiso social.
5. Si el problema no son los salarios, ¿qué ajustes económicos siguen
siendo necesarios?
El desafío fiscal requiere reformas estructurales
La evidencia muestra que el principal problema del gasto público boliviano no
está en los salarios de las máximas autoridades. Las medidas más relevantes
incluyen una mejor focalización de subsidios, mayor eficiencia de empresas
públicas, reducción de gastos administrativos innecesarios, priorización de
inversión pública rentable, fortalecimiento de la recaudación tributaria y una
estrategia gradual para disminuir el déficit fiscal. También será importante
impulsar exportaciones, atraer inversión privada y recuperar reservas
internacionales. El recorte salarial tiene valor político, pero la sostenibilidad
fiscal dependerá de reformas estructurales de mayor alcance.
Todo lo anterior se vuelve muy difícil de lograr en una economía recesiva, con
problemas serios de gobernabilidad, donde estos 40 días de bloqueo han
profundizado los desequilibrios fiscales, monetarios y hasta sociales de Bolivia.
Conclusión general
Los tres decretos buscan atender problemas inmediatos derivados de la
coyuntura económica y social. El DS 5630 procura evitar un deterioro abrupto
de la cartera bancaria y proteger a los deudores afectados, aunque traslada
parte del riesgo hacia el futuro. El DS 5629 intenta reducir restricciones
productivas mediante una mayor flexibilidad en la importación de solventes,
apoyando a la industria nacional. Finalmente, el DS 5628 constituye una señal
de austeridad y solidaridad con impacto fiscal muy limitado, pero que podría
fortalecer la legitimidad de futuras medidas de ajuste más profundas.
En conjunto, son medidas de relativa estabilización de corto plazo que deberán
complementarse con políticas estructurales para consolidar la estabilidad
financiera y el crecimiento económico de Bolivia, en un escenario muy complejo
por factores externos e internos que no son de control del Gobierno Nacional.
