La Cámara Automotor Boliviana (CAB) advirtió que una nueva nacionalización de vehículos indocumentados no resolverá el problema del contrabando y reiteró que cualquier iniciativa de este tipo debe estar acompañada de medidas que impidan el ingreso de más motorizados ilegales al país.
El gerente general de la entidad, Luis Orlando Encinas, señaló que, aunque uno de los proyectos de ley fue archivado, existe otra propuesta legislativa que mantiene abierto el debate sobre una eventual regularización de vehículos indocumentados.
Según explicó, la CAB revisó el contenido de la iniciativa y considera que carece de fundamentos técnicos y legales suficientes. Afirmó que, incluso, los argumentos expuestos en la propuesta reflejan los riesgos que representa la circulación de este tipo de vehículos, especialmente aquellos modificados del volante derecho al izquierdo.
Encinas sostuvo que el proyecto tiene un objetivo principalmente recaudatorio y cuestionó que no contemple acciones para fortalecer el control fronterizo ni mecanismos que impidan el ingreso de nuevos vehículos de contrabando.
El representante del sector aseguró que Bolivia cuenta con herramientas para reforzar los controles, entre ellas los registros del sistema B-SISA, que —según indicó— permiten identificar placas clonadas y realizar un seguimiento al consumo de combustible.
Asimismo, afirmó que en el país circulan alrededor de 1,5 millones de vehículos indocumentados, aunque estimó que solo cerca de 250.000 utilizan regularmente combustible adquirido en bidones, por lo que consideró que una parte importante de estos motorizados forma parte de actividades comerciales vinculadas al contrabando y no únicamente al transporte de pequeños productores.
La CAB recordó que en los últimos 31 años se aprobaron siete procesos de regularización de vehículos, sin que ello lograra frenar el ingreso de nuevas unidades ilegales. En ese sentido, Encinas sostuvo que las nacionalizaciones sucesivas terminaron incentivando el negocio del contrabando en lugar de resolverlo.
Como alternativa, planteó que el Gobierno convoque al sector para analizar soluciones de largo plazo. Entre ellas mencionó experiencias aplicadas en otros países, como programas de renovación vehicular con financiamiento estatal y el retiro definitivo de los motorizados irregulares, además de fortalecer los controles en frontera antes de considerar una nueva regularización.
Finalmente, informó que la Cámara Automotor Boliviana solicitó una audiencia con las autoridades económicas para presentar una propuesta técnica orientada a enfrentar el problema desde su origen y evitar que nuevas nacionalizaciones vuelvan a repetirse sin resultados permanentes.
