Carlos Olivera alerta sobre vulnerabilidad de instituciones públicas: “Nuestra información puede estar expuesta”
El exdirector de Agetic cuestiona el silencio de las entidades ante posibles hackeos y advierte sobre el riesgo de robo de datos personales. Pide una ley de protección de datos.
La falta de información oficial sobre los presuntos ataques informáticos a instituciones públicas genera preocupación por la seguridad de los datos personales de los bolivianos. Carlos Olivera, exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), advirtió que el país mantiene vulnerabilidades en sus sistemas digitales y cuestionó que las entidades supuestamente afectadas no hayan informado si sufrieron ataques o si las publicaciones que circulan en redes sociales son falsas.
Table Of Content
- Robo de datos: el riesgo detrás de los presuntos hackeos
- La información robada también se comercializa en la Deep Web
- El silencio de las instituciones aumenta la incertidumbre
- Bolivia es vulnerable por incumplimiento de normas
- Olivera pide una ley de protección de datos personales
- ¿Qué es la Deep Web?
En una entrevista con Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Olivera señaló que estos posteos no son hechos aislados y que ha seguido otras publicaciones similares que también generaron preocupación.
Sin embargo, consideró especialmente preocupante que ninguna de las instituciones mencionadas se haya pronunciado para confirmar o desmentir la exposición de sus sistemas.
El exdirector de Agetic recordó que existe una normativa que establece que las entidades deben informar en un plazo de 24 horas cuando son afectadas por incidentes de hacking o vulnerabilidades informáticas.
“Hasta el momento no se ha pronunciado ninguna de estas entidades y esto es preocupante”, afirmó.
También cuestionó la falta de claridad en los comunicados difundidos por la propia Agetic a través de su cuenta oficial en X, en los que se mencionaron algunas medidas, pero sin precisar contra qué incidentes estaban dirigidas.
Robo de datos: el riesgo detrás de los presuntos hackeos
Olivera explicó que cuando los ciberdelincuentes ingresan a los sistemas de una institución pueden obtener información personal que posteriormente se comercializa en redes vinculadas al cibercrimen.
Los datos sustraídos pueden incluir números de carnet de identidad, información de trámites y otros registros personales que, en manos equivocadas, pueden utilizarse para cometer diferentes delitos.
Entre los riesgos mencionó el robo de cuentas bancarias, la apropiación de números de WhatsApp y el acceso a correos electrónicos y otras cuentas digitales.
El problema, explicó, es que los datos personales se han convertido en mercancía para grupos delincuenciales que los compran y utilizan para ejecutar nuevas operaciones fraudulentas.
“Los hackers que obtienen estos datos los venden. Son mercancía que compran grupos grandes delincuenciales que luego pueden usarla para hacer robos de cuentas de banco”, advirtió.
Por ello, consideró que cualquier exposición de información sensible debe ser tomada con seriedad, independientemente de que se trate de documentos de identidad, registros administrativos o información relacionada con trámites públicos.
La información robada también se comercializa en la Deep Web
Consultado sobre la posibilidad de que los datos sustraídos sean comercializados en la Deep Web, Olivera confirmó que este tipo de espacios puede servir para intercambiar información obtenida mediante ataques informáticos.
Explicó que las bases de datos pueden resultar atractivas tanto para organizaciones dedicadas al cibercrimen como para otros actores que buscan aprovecharse de las vulnerabilidades de las instituciones.
Incluso mencionó que algunas empresas que ofrecen servicios de seguridad informática pueden adquirir estas bases de datos para identificar problemas y posteriormente ofrecer soluciones a sus clientes.
“Compran esto para poder mostrar la enfermedad y luego vendernos el remedio”, señaló.
De acuerdo con Olivera, esta situación demuestra que la información personal tiene un valor económico y que su exposición puede generar consecuencias para ciudadanos, empresas e instituciones.
El silencio de las instituciones aumenta la incertidumbre
Para el exdirector de Agetic, las entidades públicas tienen la responsabilidad de informar oportunamente cuando enfrentan incidentes de seguridad informática.
Olivera explicó que a nivel internacional existen centros y redes de prevención de incidentes que colaboran para identificar amenazas y responder ante vulneraciones de sistemas.
En ese contexto, considera que una buena práctica institucional consiste en comunicar si efectivamente ocurrió una brecha de seguridad, qué medidas se adoptaron o si las publicaciones que circulan en internet son falsas.
La ausencia de información oficial deja abierta la incertidumbre y dificulta que la población pueda conocer el alcance real de los hechos.
“Los llamados a tranquilizar son las mismas entidades”, sostuvo.
También aclaró que los ciudadanos no pueden ingresar por cuenta propia a los sistemas señalados para comprobar si fueron vulnerados, porque eso podría constituir un delito.
Por esa razón, insistió en que corresponde a las instituciones afectadas proporcionar información verificable.
Bolivia es vulnerable por incumplimiento de normas
Olivera fue más allá de los presuntos ataques y advirtió que Bolivia tiene problemas estructurales en materia de seguridad digital.
A su juicio, una de las razones es el incumplimiento de disposiciones legales relacionadas con el desarrollo de software de código abierto.
Explicó que la normativa establece que el software desarrollado en Bolivia debe ser de código abierto, una condición que permite que universidades, profesionales y especialistas puedan revisar cómo funcionan los sistemas y auditar sus mecanismos de seguridad.
Sin embargo, aseguró que esta disposición no se cumple adecuadamente.
El problema, indicó, es que cuando los programas no están disponibles para su revisión, resulta más difícil conocer cómo se administra y protege la información de los ciudadanos.
“No sabemos cómo cuidan nuestra información, no sabemos qué tipo de seguridad tienen”, afirmó.
Para Olivera, el cumplimiento de las normas y la posibilidad de auditar los sistemas informáticos son elementos fundamentales para reducir las vulnerabilidades del Estado.
Olivera pide una ley de protección de datos personales
Frente a este escenario, el exdirector de Agetic planteó que Bolivia necesita avanzar hacia una legislación moderna de protección de datos personales.
Consideró que el problema no se limita a los ataques informáticos contra instituciones públicas, sino que también está presente en las actividades cotidianas de los ciudadanos en internet.
Como ejemplo, mencionó los formularios digitales y las tiendas en línea que solicitan fotografías o copias de documentos de identidad y otros datos sensibles sin que exista suficiente claridad sobre las condiciones de almacenamiento y protección de esa información.
A su juicio, se necesita una normativa que establezca obligaciones concretas para las instituciones y empresas que recopilan datos personales, especialmente sobre cómo deben almacenarlos, administrarlos y protegerlos.
“Tenemos que pedir, exigir a nuestras autoridades que tengamos una ley de protección de datos”, manifestó.
Olivera también recomendó que la población tome conciencia sobre la información que comparte en internet y los riesgos de entregar datos personales sin conocer el uso que tendrán.
¿Qué es la Deep Web?
Durante la entrevista, Olivera explicó que la Deep Web comprende sitios y recursos de internet que no están indexados por los buscadores convencionales, por lo que no pueden encontrarse mediante una búsqueda habitual en Google.
Señaló que para acceder a determinados espacios se utilizan canales específicos, foros y comunidades donde se comparten direcciones que no están disponibles para el público general.
En esos entornos también pueden circular bases de datos obtenidas mediante ataques informáticos.
La preocupación, concluyó, es que la información personal de los bolivianos pueda terminar en estos espacios y ser utilizada para cometer delitos.
Mientras persiste la falta de pronunciamientos oficiales sobre los presuntos hackeos, Olivera considera que el país debe fortalecer sus sistemas de seguridad digital, cumplir las normas existentes y avanzar hacia una ley de protección de datos personales.


