Gonzalo Chávez: “Si sube la gasolina, el Gobierno hará que los bolivianos paguen un impuesto de guerra”
Gonzalo Chávez advierte que subir la gasolina trasladará a los bolivianos el costo de la guerra y propone un fondo de estabilización y tokens de energía para proteger a los sectores vulnerables.
El posible incremento del precio de la gasolina y la eliminación de la subvención a los combustibles representan una de las decisiones económicas más delicadas para el Gobierno. El economista Gonzalo Chávez advierte que una medida de este tipo tendrá efectos en cadena sobre los precios de la economía y sostiene que, si el Ejecutivo traslada al consumidor el incremento internacional del petróleo provocado por la guerra, terminará imponiendo a los bolivianos lo que denomina un “impuesto de guerra”.
Table Of Content
- La contradicción entre el FMI y el Presupuesto General del Estado
- El aumento internacional del petróleo y el impuesto de guerra
- El contrabando de combustibles y la responsabilidad del Gobierno
- Un fondo de estabilización para evitar los efectos de la guerra
- Tokens de energía para proteger a los sectores vulnerables
- La decisión que enfrenta el Gobierno
En una entrevista, Chávez identificó dos problemas centrales detrás de la discusión sobre el precio de los combustibles: el impacto macroeconómico que tendría un ajuste y las contradicciones entre los instrumentos de política económica del propio Gobierno.
El primer efecto sería sobre los costos de transporte y logística, que posteriormente se trasladarían a la producción de alimentos y otros bienes. Este proceso, explicó, terminaría presionando la inflación.
“Si el precio de la gasolina sube, va a tener un efecto en cadena muy importante en muchísimos precios, en transporte, en logística, en la producción de alimentos”, señaló.
La contradicción entre el FMI y el Presupuesto General del Estado
Chávez considera que la incertidumbre sobre el precio de la gasolina no responde solamente a un problema de comunicación gubernamental. A su juicio, existe una contradicción entre dos instrumentos fundamentales de la política económica.
Por un lado, el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla un incremento del precio de la gasolina en enero. Por otro, el Presupuesto General del Estado incorpora 11.000 millones de bolivianos destinados a la subvención de este combustible.
Para el economista, ambos elementos generan señales contradictorias sobre la decisión que finalmente adoptará el Ejecutivo.
“Hay estructuralmente un problema entre dos instrumentos de la política pública: un acuerdo internacional y, por otro lado, el presupuesto, donde no está claro lo que se va a hacer”, explicó.
El problema, agregó, es que la incertidumbre ya está teniendo consecuencias sobre los precios, incluso antes de que exista una modificación oficial.
Según Chávez, los productores y comerciantes que anticipan un incremento de sus costos pueden comenzar a subir sus precios de manera preventiva. Esto genera expectativas inflacionarias y presiones sobre el bolsillo de los consumidores.
Es decir, la sola expectativa de un aumento de la gasolina puede provocar incrementos de precios antes de que el Gobierno anuncie una decisión definitiva.
El aumento internacional del petróleo y el impuesto de guerra
Otro de los argumentos centrales de Chávez está relacionado con el comportamiento del precio internacional del petróleo.
El economista recordó que cuando se modificó el precio de la gasolina en Bolivia, en diciembre del año pasado, el barril de petróleo se encontraba alrededor de los 65 dólares. En ese contexto, el precio de la gasolina pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro.
Sin embargo, señaló que posteriormente el petróleo llegó a cotizarse alrededor de los 100 dólares debido al conflicto bélico internacional.
Para Chávez, ese incremento no responde necesariamente a las condiciones normales de oferta y demanda, sino a una prima de riesgo geopolítico.
Por esa razón, considera que trasladar directamente ese incremento al precio de los combustibles en Bolivia significaría hacer que los consumidores asuman el costo económico de un conflicto internacional.
“Hablar de subvención para cubrir esa diferencia entre 65 y 100 dólares es, en realidad, una especie de impuesto de guerra”, afirmó.
El economista sostuvo que las proyecciones de largo plazo apuntan a un precio del petróleo cercano a los 65 o 67 dólares. En esa línea, mencionó que el Presupuesto General del Estado de 2027 contempla un precio de referencia de 68 dólares por barril.
Desde su perspectiva, Bolivia debería distinguir entre el precio de mercado del petróleo y los incrementos extraordinarios provocados por factores geopolíticos.
El contrabando de combustibles y la responsabilidad del Gobierno
Chávez también cuestionó que el incremento de los precios sea presentado como la principal solución para combatir el contrabando de combustibles.
A su juicio, el problema no se limita a pequeñas cantidades de gasolina o diésel que salen del país de manera informal, sino que involucra operaciones de gran escala, cisternas y redes de corrupción.
El economista mencionó que el contrabando llegó a representar alrededor de 1.500 millones de dólares y consideró que el Estado tiene instrumentos administrativos para combatir esta actividad.
En ese contexto, cuestionó que los consumidores terminen asumiendo el costo de las deficiencias en los controles estatales.
“Como el Gobierno no puede controlar el contrabando por medios administrativos, le dice a la población: voy a aumentar el precio porque voy a sacar la subvención”, sostuvo.
Para Chávez, el incremento de los combustibles no debería convertirse en una respuesta automática frente a la incapacidad del Estado para controlar el comercio ilegal.
Un fondo de estabilización para evitar los efectos de la guerra
Como alternativa, el economista propuso crear un fondo de estabilización macroeconómica que permita amortiguar las fluctuaciones internacionales del precio del petróleo.
El mecanismo funcionaría como una reserva de recursos que se utilizaría cuando los precios internacionales superen determinados niveles.
Chávez planteó que el fondo podría financiarse con recursos de la cooperación internacional, parte del dinero recibido del FMI y aportes provenientes de sectores económicos con mayor dinamismo, particularmente la minería y el sector cooperativista.
La propuesta consiste en establecer una banda de precios para los combustibles.
Por ejemplo, si el precio internacional del petróleo se mantiene dentro de un rango de 65 a 85 dólares por barril, el precio de la gasolina podría variar siguiendo las condiciones del mercado. Si supera ese nivel, el fondo de estabilización cubriría parte de la diferencia.
En cambio, cuando el petróleo cotice por debajo del rango establecido, los recursos adicionales ingresarían nuevamente al fondo.
Chávez mencionó que Chile utiliza mecanismos de estabilización para reducir el impacto de las variaciones internacionales sobre los precios internos de los hidrocarburos.
El objetivo, explicó, es evitar que las fluctuaciones extraordinarias del mercado internacional se trasladen directamente al bolsillo de los consumidores.
Tokens de energía para proteger a los sectores vulnerables
La segunda parte de su propuesta apunta a cambiar el sistema de protección social frente al costo de la energía.
Chávez considera que Bolivia necesita una política integral que no se limite a la gasolina y el diésel, sino que también contemple la electricidad y el gas.
Para ello, planteó implementar un sistema de tokens de energía, una especie de crédito o asignación digital que permita a determinados hogares acceder a energía a menor precio.
El mecanismo funcionaría de manera similar a los paquetes de datos de telefonía móvil. Cada beneficiario recibiría una cantidad de tokens que podría utilizar para pagar gasolina, electricidad o gas, dependiendo de sus necesidades.
La asignación estaría dirigida principalmente a los hogares en situación de pobreza y a sectores que requieren apoyo para cubrir sus gastos energéticos.
“Los tokens son como cuando en tu celular te llegan tus megas”, explicó.
Una persona que reciba estos créditos podría destinarlos a comprar gasolina a un precio menor, pagar su consumo eléctrico o adquirir gas.
Chávez también planteó que los tokens no puedan ser transferidos ni revendidos, para evitar distorsiones y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan.
De esta manera, quienes no reciban este apoyo pagarían el precio de los combustibles sin subvención, dentro de una banda vinculada al mercado internacional, mientras que las fluctuaciones extraordinarias serían absorbidas por el fondo de estabilización.
La propuesta busca reemplazar el esquema generalizado de subvención por un sistema focalizado de protección a los hogares vulnerables.
La decisión que enfrenta el Gobierno
Para Chávez, el debate sobre los combustibles no debería reducirse a subir o mantener el precio de la gasolina. El desafío consiste en diseñar un mecanismo que permita ordenar el mercado energético sin trasladar todos los costos a los consumidores.
El economista considera que Bolivia necesita una política energética integral, con instrumentos para enfrentar la volatilidad internacional, combatir el contrabando y proteger a los sectores de menores ingresos.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre una eventual modificación del precio de la gasolina ya genera efectos sobre las expectativas y los precios internos.
La decisión del Gobierno, por tanto, no solo definirá cuánto pagarán los bolivianos por los combustibles, sino también cómo se distribuirá el costo del ajuste económico y quiénes terminarán soportando sus consecuencias.


