Comisión de Justicia: retiro de visa a Roger Mariaca no implica su salida del cargo
Rojas dice que el retiro de visa a Mariaca no basta para juicio de responsabilidades en Bolivia hoy.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados considera prematuro hablar de la salida del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a raíz del retiro de su visa por parte de Estados Unidos. Su presidente, el diputado Manolo Rojas, sostuvo que una determinación administrativa de otro país no implica automáticamente la pérdida del mandato en Bolivia.
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Rojas explicó, en entrevista con Asuntos Centrales, que cualquier proceso destinado a retirar a Mariaca del cargo debe sujetarse a la normativa boliviana y, específicamente, a la Ley 044, que establece el procedimiento para el juicio de responsabilidades.
Comisión de Justicia pide pruebas sobre el caso Mariaca
Según Rojas, hasta el momento no llegó a la Comisión de Justicia ningún pliego acusatorio contra el fiscal general que permita activar el procedimiento correspondiente.
El diputado señaló que, mientras no existan acusaciones formalizadas y elementos de prueba que puedan ser considerados en Bolivia, las afirmaciones sobre una eventual salida de Mariaca se mantienen en el terreno de las especulaciones.
Al mismo tiempo, informó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado solicitaron informes sobre los antecedentes y los motivos que llevaron al Gobierno de Estados Unidos a retirar la visa al fiscal general.
El objetivo, explicó, es conocer qué pruebas o evidencias existen y determinar si esos elementos pueden constituir materia para una investigación dentro de Bolivia.
Retiro de visa no equivale a una sentencia
Uno de los principales argumentos planteados por Rojas es que el retiro de una visa responde a una decisión administrativa del Gobierno estadounidense y no constituye, por sí mismo, una sentencia condenatoria.
El diputado sostuvo que Estados Unidos tiene la facultad de establecer restricciones migratorias para ciudadanos extranjeros, pero remarcó que esa decisión no produce automáticamente efectos jurídicos sobre el mandato de una autoridad boliviana.
Rojas también señaló que las decisiones administrativas sobre visas pueden ser modificadas o rectificadas posteriormente y que, por esa razón, no deberían ser consideradas como una condena definitiva.
El posible juicio de responsabilidades
En la entrevista también se abordó la posición del diputado Carlos Alarcón, quien anunció que impulsaría un juicio de responsabilidades contra Mariaca.
Rojas afirmó que Alarcón tiene derecho a presentar una acusación, como cualquier ciudadano o legislador, pero consideró necesario que esa iniciativa esté acompañada de pruebas, evidencias e indicios que sustenten la denuncia.
De acuerdo con su explicación, una eventual acusación deberá seguir el procedimiento establecido por la Ley 044.
El presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que no existe la necesidad de esperar una resolución previa de la Asamblea para presentar una acusación de juicio de responsabilidades. Lo que corresponde, explicó, es que quien tenga elementos suficientes los presente y que posteriormente se active el conducto establecido por la normativa.
La defensa de la institucionalidad
Rojas evitó asumir una defensa personal del fiscal general y dijo que su posición está relacionada con la institucionalidad del Estado.
“Yo no voy a defender tanto al fiscal general Roger Mariaca, sino voy a defender la institucionalidad”, afirmó durante la entrevista.
En ese sentido, cuestionó que una autoridad boliviana pueda ser apartada de su cargo únicamente a partir de una denuncia o de una decisión administrativa tomada fuera del país, sin que existan elementos que puedan ser sometidos a los procedimientos previstos por la legislación boliviana.
La sesión convocada por el vicepresidente
La controversia será abordada en una sesión de la Asamblea convocada por el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, según lo señalado durante la entrevista.
Rojas explicó que la sesión permitirá considerar la situación generada por el retiro de visas, pero insistió en que un eventual juicio de responsabilidades debe seguir su propio procedimiento.
La expectativa, dijo, es que los legisladores que cuenten con pruebas suficientes puedan presentar una acusación formal.
A partir de ese momento, el proceso deberá seguir el conducto establecido por la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado.
El debate sobre Roger Mariaca queda así centrado en dos ámbitos distintos: por un lado, la decisión administrativa adoptada por Estados Unidos respecto a su visa y, por otro, la existencia o no de elementos que puedan dar lugar a un proceso de responsabilidades en Bolivia.
