No se pudo aprobar una ley que obligue a los candidatos a debatir, lo que deja en manos de la voluntad y el gusto de los candidatos la atención de este derecho democrático ciudadano a informarse sobre lo que ofrecen los que aspiran al primer y segundo empleo más importante del país: la Presidencia y la Vicepresidencia.
Para asegurar que no ocurra lo de los 20 últimos años, marcados por la negativa de algunos candidatos a debatir, el TSE logró compromisos de la clase política a participar en al menos dos debates en la primera vuelta de los candidatos presidenciales y otros dos en el balotaje (ahora por primera vez uno de vicepresidenciables).
Aunque en la primera vuelta hubo después de años la predisposición de los candidatos, especialmente presidenciales, a debatir, al final solo hubo un debate oficial y en el segundo, comprometido ante el TSE, no participó la mayoría de los postulantes. Fue aquí donde se encendieron las alarmas sobre la falta de vocación democrática y respeto a los acuerdos políticos previos.
En toda la primera vuelta no se pudo nunca tener al candidato Edman Lara en los foros y debates vicepresidenciables y en los presidenciables costó contar con Andrónico Rodríguez. Mientras tanto, en el segundo debate presidencial oficial del TSE faltaron los primeros de las encuestas: Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina.
En cambio, siempre estuvo Rodrigo Paz, que reclamó constantemente lo que consideró “exclusión premeditada” de los candidatos del PDC de algunos importantes foros y debates institucionales y de los medios.
En la segunda vuelta, cambiaron las circunstancias. Empoderados por el triunfo del PDC en la primera ronda, son los candidatos de esta sigla los que ahora condicionan la participación en los debates.
Tienen razón algunos candidatos en reclamar por algunas circunstancias que afectan el derecho que tienen de ser tomados en cuenta por los medios, las instituciones y el TSE en los espacios de debate y de foros, en igualdad de condiciones, y no por el criterio de selección basado solo en las encuestas. Eso es discriminación.
No tienen razón los candidatos cuando eluden la obligación que tienen de debatir y ser entrevistados, simplemente por sus cálculos, por estrategia de campaña o, simplemente, por temor o porque no se sienten cómodos con los temas o los organizadores de los foros y debates. Hay que recordarles que en las campañas tienen la obligación de exponerse al escrutinio público, sin condicionamientos que limiten el derecho del elector a ser informados.
Deben haber debates, porque es en los debates donde se pueden comparar las ofertas y las limitaciones o capacidades de los candidatos para someterse a un formato informativo de donde se los saca de su zona de confort y de la simple propaganda.
Un debate expone a los candidatos a un momento donde se mide su capacidad real de reacción o respuesta a un escenario de crisis. Cómo responden sobre todo emocionalmente a una interpelación. ¿Se descontrolan o no pierden el control? ¿Son cerebrales o son hormonales? En fin, es un espacio en el que se ofrece más información del temperamento y las capacidades de quienes quieren gobernarnos: información clave para el elector.
Por todo esto, deben haber debates, más allá de la gran oportunidad de audiencia y el rating que generan para los medios.
Un debate debe, sin embargo, realizarse con ciertas condiciones que ofrezcan los organizadores, en este caso, el TSE, para que no existan suceptibilidades sobre preferencias o alguna parcialización.
En los debates de la primera vuelta, el TSE se jugó, por ejemplo, por dos redes de televisión y por moderadores elegidos por estos medios (aclaro que los seleccionados para tales debates son buenos profesionales). Los temas, las preguntas y los formatos fueron validados por la Asociación de Periodistas de Bolivia y el financiamiento de la logística no quedó clara, aunque se supone que provino del TSE. (¿Cuál fue el rol de la Confederación de Empresarios en la coorganización? No quedó muy claro).
En los debates de la primera vuelta la mayoría de los medios y periodistas tuvo un trato diferenciado y no igualitario. Hubo ciertos privilegios en la cobertura, en la transmisión y en el acceso al escenario de los dos debates del TSE, lo que se contrapone a los valores democráticos que deben preservar sobre todo los vocales electorales. Llamativamente, en el segundo debate, debilitado por la ausencia de varios candidatos, hubo un cambio de último momento de los medios y los moderadores, aparentemente para salvar la transmisión, lo que dejó dudas.
Para los dos debates que se han anunciado en la segunda vuelta, el TSE vuelve a repetir circunstancias cuestionadas y que aún se pueden corregir para reforzar la democracia y no debilitarla.
1.-El debate debe ser emitido por todos los medios que lo quieran emitir, garantizando una señal limpia. Ningún medio se debe apropiar de la señal, por el solo hecho que la produce.
2.-Debe haber acceso irrestricto al escenario del debate, es decir para todos los medios formalmente acreditados, y sin coberturas selectivas y privilegiadas.
3.-Los moderadores deben ser elegidos por las Asociaciones de Periodistas y no por los medios elegidos para producir la señal, de manera de garantizar a los mismos candidatos y a la democracia, que en Bolivia prevalecen las instituciones y no los intereses empresariales-mediáticos.
4.-El lugar, los temas y la logística del debate debe ser acordados y transparentados por el TSE, las asociaciones de periodistas y los delegados de los partidos participantes.
