Derrochar los ahorros ajenos

En 2013, el ministro de Economía y Finanzas Luis Arce Catacora impulsó el Decreto Supremo 1802 “Esfuerzo por Bolivia” para el pago obligado del llamado “doble aguinaldo”. La disposición señalaba que en cada gestión fiscal con un crecimiento económico anual superior al 4,5 por ciento, todas las personas que recibían un sueldo en Bolivia debían recibir a fin de año dos aguinaldos, sin diferenciar si eran públicas, privadas, microemprendimientos, asociaciones sin fines de lucro, ONGs o simples familias con algún empleado.
El pago se efectivizó ese año, previo a las elecciones generales de 2014; en 2014; en 2015, previo al Referendo de febrero de 2016; y en 2018, previo a las elecciones de 2019, en las cuales volvía a participar inconstitucionalmente (como en 2014) el binomio del cocalero Evo Morales Ayma y del teleanimador Álvaro García Linera.
La cancelación del aguinaldo se paga de manera íntegra, sin descuentos ni retenciones. No está sujeto a deducciones por cargas sociales o por embargos.
Un empresario comentó entonces que la exigencia del nuevo aguinaldo no contemplado en el presupuesto afectaría a las industrias y a quienes ofrecen empleos legales. En vez de ahorrar las ganancias para futuras inversiones o para enfrentar años de crisis, Arce Catacora los obligaba a gastar.
Entidades educativas, desde los colegios privados a las universidades públicas, sintieron que la disposición les sacaba el capital dispuesto para egresos en infraestructura o para investigaciones. Asociaciones como las de los profesionales fueron afectadas en sus finanzas. Más de una persona perdió su trabajo en el mediano plazo porque el famoso “doble aguinaldo” era insostenible para sus empleadores.
En cambio, los funcionarios públicos gozaron de un ingreso inesperado que podía sumar varios miles de dólares, como en el caso de mandatarios, ministros, gerentes de ENTEL, YPFB, COMIBOL, BOA. No era su dinero -como destacaron los comentaristas- y tampoco eran los autores del aumento de ingresos en el país.
Los economistas calcularon en su momento todo lo que significó el populismo del ministro para la economía del (No) Estado Plurinacional.
Entonces no estaba claro que el Decreto era una de las muestras de la capacidad de Arce Catacora y de su familia para apoderarse de los ahorros ajenos. Arce amenazaba a quienes expresaban su dificultad para erogar ese gasto. A él le era fácil porque disponía de dinero que no era suyo.
Ese derroche alcanzaba dimensiones faraónicas cuando autorizaba decenas de viajes del presidente Morales para visitar a sus amigos de Cuba o de Venezuela; para llevar a su equipo de fútbol a España, Estados Unidos o Alemania; para viajar al mundial de fútbol con Iván Canelas; para trasladarse de su casa a su palacio en helicóptero (poco más de tres kilómetros). Un gabinete que cambiaba con frecuencia autos de lujo.
Derroches que echaron por la borda los ahorros obtenidos por los gobiernos neoliberales que habían logrado refinanciar la Deuda Externa; por las acciones de la Iglesia Católica para el perdón de otras deudas bajo el marco del Jubileo; porque ministros de Hacienda como Javier Cuevas Argote o Luis Carlos Jemio trabajaron para reducir el déficit fiscal y el mayor control en los gastos; porque Marcelo Zalles (elegido constitucionalmente) dejó una Contraloría técnica y destacada entre sus pares latinoamericanos; porque el Banco Central era presidido por gente honorable como Juan Antonio Morales y tenía un directorio de profesionales.
YPFB era administrada por expertos como Carlos D’arlach Lema y no por ignorantes como Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa, Santos Ramírez. Los gerentes de YPFB desde 2006 han salido cuestionados. Una empresa emblemática convertida en parte de los escándalos relacionados con los Arce Mosqueira.
Los derroches (y la ignorancia) beneficiaron a la cúpula masista y especialmente a ese entorno familiar -como denuncia la prensa en los últimos cinco años- desde su presencia en bancos estatales a empresas vinculadas con los combustibles.
Derroches que se suman a diferentes formatos. Los hijos Arce Mosqueira se han convertido de un momento a otro en ganaderos millonarios. (¿Estarán ya inscritos en la lista de las grandes fortunas ordenada por su papá a inicios de su gestión presidencial?).
“El País” de Tarija describió con datos, sin las exageraciones de los memes o los sketch humorísticos, que la entrega de millones de dólares al par de jovenzuelos está relacionada con una serie de operaciones oscuras de varias entidades privadas y públicas que deberán rendir cuentas más temprano que tarde.
¿Estará seguro el Banco Ganadero que le pagarán la deuda? Los usuarios están temerosos y prefieren cerrar sus cuentas. Sus ahorros pueden terminar en la bolsa sin fondo de los Arce Mosqueira. Sus dueños están relacionados con una red televisiva y otros entramados empresariales. Nada es casual.
Mientras, en sus delirios de grandeza Luis Arce Catacora insiste en ser el “Superluchito” que dejará “como legado económico la solución estructural al suministro de los combustibles”. Quizá así sus herederos encuentren diésel para “Adán y Eva”.