Los economistas Christian Aramayo y Carlos Aranda coincidieron en que los anuncios del gobierno, como la eliminación de impuestos y el aumento de beneficios sociales, son positivos en términos de mensaje, pero insuficientes para resolver los problemas estructurales y podrían generar riesgos fiscales y financieros.
Los recientes anuncios del gobierno, que incluyen la eliminación de cuatro impuestos y la promesa de aumentos en beneficios sociales, han generado diversas reacciones del sector económico. Los economistas Christian Aramayo y Carlos Aranda analizaron la medida y coincidieron en que, si bien los anuncios transmiten calma, no reemplazan reformas estructurales urgentes.
Christian Aramayo, economista, afirmó:
“El gobierno no hace tanto bien por lo que hace, sino por los mensajes que transmite.”
Aramayo explicó que, si bien los anuncios buscan calmar expectativas, la economía atraviesa un momento crítico y requiere medidas de shock, no gradualismo. Señaló que el contexto político y social, incluyendo la transición de 20 años de restricciones a la libertad económica y la presencia de grupos irregulares, limita la efectividad de medidas graduales.
“No estamos en condiciones para poder llevar adelante el gradualismo, como lamentablemente está ocurriendo en estos momentos, pero sí tendría que ser el camino en términos de ampliar la libertad económica”, agregó, resaltando la necesidad de reducir el tamaño del Estado y fortalecer las libertades del sector privado.
Por su parte, Carlos Aranda, economista, se centró en la viabilidad fiscal y financiera de los anuncios. Señaló que la eliminación de ciertos impuestos es positiva, ya que estos generaban distorsiones y recaudaban poco, pero el ajuste fiscal sigue siendo insuficiente para cerrar el déficit proyectado:
“Si están trabajando con el presupuesto, se esperaba que para 2025 y 2026 el déficit fuera del 12% del PIB. Reducirlo solo en un 30% deja dos tercios del agujero fiscal sin financiar”, explicó.
Aranda también advirtió sobre los riesgos de la unificación cambiaria y la suspensión de subsidios a combustibles:
“Una unificación cambiaria podría quebrar a la banca por falta de liquidez.”
En cuanto a los aumentos de beneficios sociales, como la Renta Dignidad, Aranda advirtió:
“Si el gobierno promete aumentos sin financiamiento, es demagogia.”
Explicó que subir la Renta Dignidad de 350 a 500 bolivianos implicaría un aumento de 2.100 millones de bolivianos en gastos, lo que requiere recortes claros en otras partidas del presupuesto.
Aramayo complementó este análisis, señalando que los anuncios generan expectativas, pero que no necesariamente corresponden a la realidad de recursos disponibles ni a la capacidad institucional del país:
“No tenemos los recursos ni la calidad institucional para implementar estas medidas gradualmente; se necesitan decisiones contundentes.”
Ambos economistas coincidieron en que los anuncios transmiten un mensaje de calma a la población, pero no sustituyen reformas estructurales necesarias para garantizar la estabilidad fiscal, la liquidez del sistema financiero y la confianza en la economía.
