Continuidad. Esa parece ser la consigna con la que el Gobierno presenta la nueva conducción del Ministerio de Economía y Finanzas. El problema es que, cuando uno mira los resultados, la palabra adquiere un significado bastante menos tranquilizador.
Continúa la caída del PIB, que alcanza alrededor del -3,6%.
Continúa el deterioro de los ingresos y el aumento de la pobreza.
Continúa la inflación erosionando el poder adquisitivo de los hogares.
Continúa la escasez de diésel y gasolina, golpeando producción y transporte.
Continúa el deterioro del mercado laboral, con desempleo, informalidad y subempleo.
Continúa un déficit fiscal elevado y difícil de financiar.
Continúa la falta de dólares.
Continúa, finalmente, una estrategia gradualista que administra los desequilibrios, pero hasta ahora no consigue revertirlos.
Por supuesto, esta crisis tiene una pesada herencia. Buena parte de sus raíces está en la desastrosa y depredadora política económica de los gobiernos del MAS: déficits persistentes, pérdida de reservas, caída de la producción de hidrocarburos, subsidios insostenibles y postergación sistemática de reformas. Pero después de casi diez meses de una nueva administración, ya no todo puede registrarse en la contabilidad de la herencia recibida. Una parte creciente de los resultados pertenece también a la cosecha económica del gobierno de Rodrigo Paz, especialmente cuando varias políticas, instrumentos y respuestas continúan esencialmente sin modificaciones.
Por eso, continuar haciendo aproximadamente lo mismo y esperar resultados diferentes difícilmente constituye una estrategia económica. La continuidad puede ser una virtud cuando el rumbo es correcto; cuando los indicadores siguen deteriorándose, puede convertirse simplemente en perseverancia en el error.
El cambio de ministro debería ser, por tanto, mucho más que un cambio de nombre en la puerta del despacho. Es una oportunidad para un golpe de timón en la política económica: un programa integral de estabilización y crecimiento, con horizonte de corto, mediano y largo plazo; prioridades claras; reformas estructurales; protección focalizada para los sectores vulnerables; y, sobre todo, un acuerdo político y social capaz de sostenerlas.
Porque si la palabra de orden es continuidad, la pregunta inevitable es: ¿continuidad de las políticas o continuidad de los resultados? Y si es de los resultados, tenemos motivos de sobra para preocuparnos.
