El Gobierno busca reemplazar la Ley de Inversiones de 2014 con incentivos fiscales al desempeño y alianzas privado-estatales

El Gobierno nacional alista un giro sustancial en las reglas del juego para la llegada y permanencia de capitales al país. Mediante un nuevo Anteproyecto de Ley de Inversiones, el Órgano Ejecutivo busca dar carpetazo a la Ley N° 516 dictada en 2014 para sustituirla por un marco que combina tres apuestas centrales: la reducción drástica de tiempos administrativos, rebajas impositivas condicionadas a resultados concretos y la apertura de obras públicas al capital privado.

Apertura de trámites en 30 días y una ventanilla única

El primer cambio de fondo apunta a derribar la traba de los trámites lentos que habitualmente frenan los proyectos de inversión en el país. Para lograrlo, la propuesta del Ejecutivo contempla la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), una entidad autárquica bajo la tuición del Ministerio de Economía que asumirá el control operativo y la evaluación de cada proyecto, mientras que la labor de atracción de inversiones en el extranjero quedará reservada al trabajo diplomático de la Cancillería.

En paralelo, la norma establece la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI) bajo un expediente digital compartido por todas las carteras de Estado. Con este mecanismo, se fija un candado de tiempo: las autorizaciones sectoriales no podrán demorar más de 30 días hábiles y los informes entre entidades públicas deberán salir en un máximo de 10 días, bajo el seguimiento de un Gestor de Proyecto asignado a cada carpeta.

Incentivos impositivos atados a metas productivas

A diferencia de esquemas anteriores donde las exenciones se otorgaban de forma discrecional, el anteproyecto subordina cualquier beneficio tributario al impacto real que genere la empresa en la economía local:

• Cero aranceles a la importación de maquinaria: Se libera completamente del Gravamen Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la compra en el exterior de bienes de capital y equipos nuevos no producidos en Bolivia, por un lapso de tres años prorrogable a dos más.

• Descuentos en el tributo a las utilidades: Para los emprendimientos catalogados como “proyectos promovidos”, se aplica una rebaja de entre el 25% y el 80% sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

• Medición por puntaje de desempeño: Este descuento impositivo se otorgará de acuerdo con los puntos sumados en una Matriz de Desempeño sobre 100 unidades, donde se fiscalizará la creación de empleo formal, la contratación de profesionales bolivianos frente a extranjeros, la capacidad exportadora, la transferencia tecnológica y la sostenibilidad ambiental.

• Tope fiscal estricto: El texto aclara que el beneficio impositivo no podrá sobrepasar el 80% del IUE a pagar en cada gestión, ni podrá guardarse o acumularse para años posteriores.

• Opción de depreciación: Las firmas que decidan no aplicar al descuento del IUE tendrán como alternativa la depreciación acelerada de hasta el 50% del valor de sus activos fijos.

Alianzas público-privadas con candados en recursos y agua

El proyecto también abre la puerta formal a las Alianzas Público-Privadas (APP) para que empresas privadas financien, construyan, mantengan y operen infraestructura económica, social y logística por plazos de 30 años, ampliables a una década adicional.

Sin embargo, el documento fija límites expresos para evitar privatizaciones en sectores sensibles. Queda prohibido aplicar el modelo APP a la explotación de recursos naturales, a la administración o cobro de tarifas de agua potable y alcantarillado, así como a labores de seguridad nacional o potestades de regulación estatal.

Contratos a 10 años y retorno del arbitraje regulado

En materia de garantías para los inversionistas, la iniciativa crea la figura de los Contratos de Inversión, asegurando la estabilidad de los incentivos concedidos por hasta 10 años. En el caso de proyectos de gran escala centrados en recursos naturales, la firma requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Finalmente, para resolver controversias, la norma prioriza instancias previas de negociación directa y conciliación. Si bien se restablece la posibilidad de acudir al arbitraje nacional e internacional, la medida queda condicionada al aval expreso del Estado boliviano y bajo la exigencia estricta de someterse a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes del país.