Benjamín Guzmán, abogado defensor de Jaime Dunn, afirmó que con la presentación del informe detallado de la Contraloría General del Estado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) carece de fundamentos legales para mantener la inhabilitación de su cliente. “Cada caso fue pagado con boleta judicial y tiene orden de extinción”, detalló.
Guzmán aseguró que el documento presentado disipa la ambigüedad que observó el TSE. “Se presenta una solvencia fiscal así como ellos quieren: blanca, limpia, sin ninguna nota adicional”.
Bajo esta misma línea, el abogado de Dunn manifestó que el precandidato presidencial “no le debe un solo centavo al Estado”. En consecuencia, corresponde su habilitación al cumplir el artículo 234, numeral 4 de la constitución: “No tiene pliego de cargo ejecutado pendiente de cumplimiento”, señaló Guzmán.
Respecto a las críticas sobre la improvisación por no tramitar a tiempo, el abogado de Dunn cuestionó que el Órgano Electoral no haya revisado esa documentación “por el principio de verdad material”, por lo que cumplieron con los plazos y las normas institucionales.
