La posibilidad de eliminar los subsidios a la gasolina y al diésel, planteada por varios candidatos presidenciales, abre un debate decisivo para la economía boliviana. Un estudio del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (INESAD) realizado por Javier Aliaga y Ronaldo Terrazas advierte que una reforma abrupta podría desatar un pico inflacionario superior al 32 %, depreciación acelerada del tipo de cambio paralelo y un aumento generalizado del costo de vida, con efectos desproporcionados sobre los sectores más vulnerables.
El informe recuerda que los subsidios a los hidrocarburos, vigentes hace más de tres décadas, representan alrededor del 4 % del PIB, unos 2.000 millones de dólares anuales, y absorben más del 9 % del gasto público no financiero. Aunque inicialmente fueron concebidos para garantizar acceso universal a energía barata, con el tiempo se convirtieron en un mecanismo regresivo: el 20 % más rico de la población concentra hasta el 40 % del beneficio fiscal, mientras que las familias de menores ingresos reciben una proporción significativamente menor. A esto se suman pérdidas por contrabando, estimadas en 600 millones de dólares al año.
Escenarios de ajuste: abrupto vs. gradual
El análisis del INESAD simula dos posibles vías de reforma: un retiro total e inmediato de la subvención, y una eliminación progresiva. En el primer caso, la inflación interanual alcanzaría niveles de más del 32 % en pocos meses, mientras que un ajuste gradual moderaría el impacto inicial, pero prolongaría la persistencia de la inflación y la depreciación cambiaria, encareciendo aún más las importaciones de alimentos, transporte y bienes esenciales.
Ambos escenarios coinciden en que postergar la decisión solo aumenta los costos acumulados. El documento sostiene que un ajuste rápido, acompañado de medidas compensatorias focalizadas y una política cambiaria más flexible, reduciría el riesgo de espirales inflacionarias y permitiría estabilizar la economía en el mediano plazo.
Lecciones internacionales
El estudio repasa experiencias internacionales que sirven de advertencia y guía. En Indonesia (2014), la eliminación parcial de subsidios elevó la inflación en 3,5 puntos porcentuales en un solo trimestre, aunque se mitigó con transferencias directas a hogares pobres. En Egipto (2014), un ajuste de hasta 78 % en precios de combustibles redujo el déficit fiscal en 2 % del PIB, con inflación contenida gracias a subsidios focalizados. Marruecos logró eliminar gradualmente los subsidios entre 2012 y 2015 sin superar el 2 % de inflación anual. En cambio, Ecuador vivió en 2019 y nuevamente en 2024 fuertes protestas sociales tras ajustes rápidos en el precio del diésel y la gasolina.
El caso boliviano: un doble golpe
Stasiek Czaplicki Cabezas, en su artículo “Las últimas semanas antes de la tormenta en Bolivia”, advierte que el país enfrenta un escenario aún más delicado que Ecuador. “Aquí no solo hablamos de subir los precios del diésel y la gasolina, sino también de sincerar un tipo de cambio oficial que ya no refleja la realidad. Si se eliminan los subsidios y se ajusta la paridad a Bs 13 por dólar, la gasolina podría pasar de Bs 3,72 a Bs 9,76 por litro y el diésel de Bs 4,04 a Bs 9,62. Es decir, un incremento de 162 % y 140 % respectivamente”, alertó.
El analista recordó que Ecuador ya dio un paso en esa dirección, elevando el precio del diésel en un 55 % y de la gasolina en un 15 %. Sin embargo, lo hizo dentro de una economía dolarizada, lo que amortiguó algunos efectos. “En Bolivia, sin esa ancla, el golpe sería doble: por el alza del combustible y por la corrección del tipo de cambio. La inflación, que ya asfixia a las familias, podría escalar fácilmente otro 30 % por encima de la tasa anual oficial”, señaló.
Según Czaplicki, este shock afectaría con mayor fuerza a quienes menos tienen: trabajadores con ingresos mínimos, consumidores urbanos y pequeños productores. “La aritmética del ajuste siempre le cobra más a quienes menos tienen”, subrayó, al tiempo que advirtió que sectores como la minería del oro y la agroindustria seguirían siendo beneficiarios silenciosos de un modelo agotado que, éticamente, debería obligarlos a aportar más.
Recomendaciones: hacia una transición justa
El estudio del INESAD coincide en que cualquier reforma debe ir acompañada de una estrategia integral:
- Compensaciones focalizadas para transporte público y servicios esenciales.
- Transferencias monetarias temporales a hogares de bajos ingresos.
- Impuestos específicos al consumo de diésel por parte de sectores de gran escala, como la minería aurífera y la agroindustria.
- Coordinación de políticas monetarias y cambiarias para contener los efectos de segunda vuelta en los precios.
Ambos análisis remarcan que no se trata de debatir solo si el subsidio debe eliminarse, sino cómo, cuándo y para quién. La reforma parece inevitable, pero su diseño será determinante para evitar que la corrección fiscal derive en una crisis social de grandes dimensiones.
