Evistas amenazan con cercar Santa Cruz y Sucre alista una marcha contra el fin del subsidio al diésel
La ley antibloqueos y el retiro del subsidio al diésel elevan la tensión social bajo el estado de excepción.
La tensión política y social en Bolivia suma dos nuevos focos de conflicto. El dirigente afín a Evo Morales, Vicente Choque, advirtió que su sector podría convocar a un cerco a Santa Cruz si la Asamblea Legislativa aprueba la ley antibloqueos. En paralelo, un cabildo realizado en Sucre resolvió exigir la abrogación del decreto que eliminó la subvención al diésel y organizar una marcha nacional hacia La Paz.
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Ambas acciones se desarrollan mientras continúa vigente el estado de excepción por conmoción interna, ampliado por 90 días mediante el Decreto Supremo 5707 y aprobado por la Asamblea Legislativa en septiembre. El escenario enfrenta las medidas del Gobierno para garantizar la libre circulación con sectores sociales que cuestionan las decisiones económicas y advierten con nuevas movilizaciones.
Evistas condicionan un cerco a Santa Cruz a la aprobación de la ley antibloqueos
El 8 de octubre, Vicente Choque, dirigente evista del Trópico de Cochabamba, rechazó el proyecto de ley antibloqueos y advirtió que, si la norma es aprobada, su sector podría impulsar medidas de presión contra Santa Cruz y el gobernador Juan Pablo Velasco.
Choque sostuvo que la iniciativa legislativa representa una amenaza para la capacidad de movilización de los sectores sociales. Entre las acciones que mencionó figuran el cerco a Santa Cruz y medidas dirigidas a buscar la destitución del gobernador cruceño, a quien considera aliado del Gobierno nacional.
Sin embargo, hasta el reporte de sus declaraciones no existía una convocatoria formal ni una fecha definida para ejecutar el cerco. La advertencia fue planteada de manera condicional, vinculada a una eventual aprobación de la norma.
El proyecto antibloqueos busca garantizar la libre transitabilidad y establecer sanciones relacionadas con la obstrucción de rutas. Su tratamiento legislativo ha generado cuestionamientos de sectores que consideran que las disposiciones podrían limitar las protestas y derivar en procesos contra autoridades que permitan bloqueos.
La discusión sobre la iniciativa se suma al malestar por las medidas económicas del Gobierno. Sectores afines a Morales anunciaron que preparan movilizaciones desde el 13 de octubre si sus demandas no son atendidas.
Cabildo de Sucre exige abrogar el decreto sobre el diésel
El segundo frente de conflicto se abrió en Sucre, donde organizaciones sociales, sindicatos, maestros, transportistas, campesinos y juntas vecinales participaron el jueves 8 de octubre en un cabildo realizado en la exestación Aniceto Arce.
El encuentro aprobó diez resoluciones, entre ellas la exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel, y la organización de una marcha nacional hacia La Paz en coordinación con el Bloque del Sur.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, Marcelo Torres, informó que la marcha fue priorizada frente a la propuesta de realizar un paro departamental de 24 horas. La decisión busca articular a organizaciones de distintas regiones en torno al rechazo a la medida económica.
Además de pedir la abrogación del decreto, el cabildo rechazó posibles incrementos en los precios de la gasolina y el gas, así como en las tarifas de agua y electricidad.
Las resoluciones también plantearon eliminar las rentas vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes, reducir en un 50% los salarios de las principales autoridades nacionales y subnacionales y cuestionar a legisladores chuquisaqueños que respaldaron la ampliación del estado de excepción y el avance de la ley antibloqueos.
Aunque la marcha hacia La Paz ya fue aprobada como resolución, el cabildo no fijó una fecha exacta para su inicio. La coordinación con organizaciones del Bloque del Sur será clave para definir el alcance de la movilización.
El estado de excepción no elimina el derecho a la protesta pacífica
La ampliación del estado de excepción por 90 días mantiene vigente un régimen extraordinario destinado, según el Gobierno, a preservar el orden público, garantizar el abastecimiento y proteger la libre circulación de personas y bienes.
El presidente Rodrigo Paz sostuvo que la medida no prohíbe las protestas pacíficas, pero sí los bloqueos y las acciones que afecten la circulación. Esa posición oficial contrasta con la preocupación expresada por sectores movilizados, que cuestionan tanto la ampliación del régimen excepcional como el proyecto de ley antibloqueos.
El conflicto plantea una discusión sobre los límites de las medidas de presión y las garantías para ejercer el derecho a la protesta. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de evitar interrupciones del transporte, el abastecimiento y los servicios esenciales, los sectores movilizados reclaman respuestas a sus demandas políticas y económicas.
La vigencia del estado de excepción no significa, por sí sola, que toda marcha esté prohibida. El alcance de las restricciones debe distinguirse de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, conforme al marco constitucional y legal.
El 10 y el 13 de octubre, fechas clave para el conflicto
Los próximos días pueden marcar la evolución de las movilizaciones. El 10 de octubre vence el plazo otorgado por los cívicos cruceños al Gobierno para responder a sus demandas departamentales. Desde el 13 de octubre, sectores afines a Evo Morales anunciaron que podrían comenzar movilizaciones si no reciben respuestas a sus reclamos.
A esos anuncios se suma la marcha nacional aprobada en Sucre, que todavía necesita una fecha de inicio y coordinación entre las organizaciones participantes.
También será determinante el curso legislativo del proyecto de ley antibloqueos. Una eventual aprobación podría intensificar el rechazo de los sectores que consideran que la norma restringe su capacidad de protesta.
Por ahora, los dos frentes tienen demandas y alcances distintos: en el Trópico de Cochabamba, el sector evista condiciona un posible cerco a Santa Cruz a la aprobación de la ley; en Sucre, el cabildo definió impulsar una marcha nacional contra la eliminación de la subvención al diésel.
La respuesta del Gobierno, las decisiones de la Asamblea Legislativa y la coordinación entre las organizaciones sociales determinarán si estas advertencias se traducen en nuevas medidas de presión en los próximos días.
