Exfiscal afirma que presencia de la DEA en Bolivia reforzará controles en casos de narcotráfico

El exfiscal de Sustancias Controladas Joadel Bravo afirmó que la presencia de la DEA en Bolivia representará un apoyo logístico para las investigaciones antidrogas y permitirá reforzar los controles sobre policías, fiscales y jueces vinculados a casos de narcotráfico.

Durante una entrevista en Desayuno informado, Bravo sostuvo que la cooperación con Estados Unidos fortalecerá el intercambio de información y las investigaciones relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.

“La presencia de la DEA es un apoyo logístico hacia la Policía, el sistema judicial y también será de control hacia nuestras autoridades”, señaló.

Según explicó, esta cooperación podría contribuir a reducir hechos de corrupción y mejorar los mecanismos de control en procesos relacionados con narcotráfico. El exfiscal afirmó además que Bolivia enfrenta limitaciones estructurales y normativas para combatir organizaciones criminales internacionales.

“Bolivia se tornó un paraíso y principalmente Santa Cruz”, sostuvo al referirse a la presencia de grupos criminales extranjeros en el país.

Bravo indicó que el narcotráfico opera a escala internacional y requiere coordinación entre países productores y consumidores para enfrentar las redes criminales.

En ese contexto, señaló que la decisión de Estados Unidos de tratar a determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas implicará mayores controles financieros, judiciales y de cooperación internacional. También advirtió que personas, instituciones o países con vínculos comprobados con estas organizaciones podrían enfrentar restricciones financieras y sanciones relacionadas con Estados Unidos.

Además, señaló que en Bolivia existen limitaciones legales para la investigación de organizaciones criminales, entre ellas la falta de herramientas como la interceptación telefónica y mecanismos de negociación penal, y relacionó estas restricciones con el crecimiento del narcotráfico y el aumento de hechos de violencia en el país, como amenazas, sicariatos y presiones contra autoridades judiciales.