El exministro de Defensa, Luis Fernando López, manifestó en una entrevista exclusiva en Asuntos Centrales que realiza un seguimiento milimétrico a la actual crisis en Bolivia y señaló que la situación en el trópico debe abordarse de forma estructural. Según la exautoridad, se requiere una estrategia de largo aliento que vaya más allá de las acciones policiales temporales, con el objetivo de devolver la región a sus productores y a la legalidad nacional.
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“Recuperar el Chapare es un deber”
López fue categórico al definir la situación de la región como una pérdida de soberanía estatal que demanda una acción inmediata y definitiva: “Recuperar el Chapare es un deber. Así como antes decíamos que recuperar el mar es un deber (…) No se puede ver al Chapare solo como un parche”. La exautoridad aclaró que la solución profunda no se alcanzará únicamente mediante la vía policial o con que “este señor Evo Morales vaya ante la justicia” por las denuncias vigentes en su contra, sosteniendo que “con la aprehensión de Evo Morales no necesariamente se recupera el Chapare”.
Para el exministro, el narcotráfico opera bajo una conformación orgánica similar a la militar donde rige un esquema transnacional de relevos automáticos: “Siempre cuando desaparece uno, aparece otro. Vean los casos en México”. Por esta razón, concluyó que la resolución del conflicto exige reinsertar efectivamente a los casi “400.000 chapareños a la lógica boliviana”, rescatando el potencial agrícola lícito de la zona —como la producción de café, cebollas, papas, tomates, banana y piña— a través de una estrategia integral que combine el elemento militar con el desarrollo económico.
Un “monstruo de muchas cabezas” y la “tormenta perfecta”
Para sustentar la complejidad del escenario, López se remitió a un informe emitido el pasado 6 de junio por la Fundación Milenio, advirtiendo que el Gobierno está enfrentando a un “monstruo de muchas cabezas”. Detalló que el financiamiento de esta estructura no se limita a la cocaína de los clanes familiares, sino que abarca la marihuana en el altiplano y, de manera preponderante, el tema ilegal de la explotación del oro, una actividad que suma más o menos “4000 millones de dólares al año”, lo cual junta la “tormenta perfecta para la toma del poder” por parte de quienes ejercen lo ilegal.
Asimismo, ratificó la presencia de elementos extranjeros entrenados y profesionales de la subversión vinculados al narcotráfico transnacional. Según su análisis, indicios de inteligencia y reportes internacionales confirman que el movimiento cuenta con el apoyo de miembros de las FARC de Colombia —quienes habrían mandado guerrilleros— y del PCC de Brasil, lo cual se evidencia en el terreno mediante el empleo de armamento de grueso calibre y las posiciones militares que adoptan los tiradores civiles en las zonas de conflicto.
Crítica táctica y el “error catastrófico” de San Julián
Al evaluar los tres intentos del Gobierno por restablecer el tránsito a través de corredores humanitarios con la policía y las Fuerzas Armadas, López fue sumamente crítico con el desempeño de las fuerzas de seguridad, enfocándose específicamente en los incidentes ocurridos en la localidad de San Julián. La exautoridad calificó dicha acción como un “error catastrófico de inteligencia tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía”, explicando que no se puede planificar una operación avanzando en una columna única por el camino principal, lo cual facilitó que los bloqueadores locales los envolvieran y los emboscaran por el conocimiento que poseen del terreno.
Asimismo, cuestionó severamente la exposición de ministros civiles en la primera línea de los operativos, argumentando que su presencia entorpece las labores de mando en lo que calificó como “pequeñas batallas”. Sobre este punto, señaló que cuando un civil ingresa a un ámbito de combate “le genera una doble preocupación al comandante a cargo de la operación”, quien se ve obligado a dividir su atención operativa entre “los que están enfrente que son los narcoterroristas, los subversivos, y quien está en su retaguardia porque tiene que cuidarlo”.
Inteligencia y el costo social del Estado de Excepción
Ante la creciente presión social que demanda la aplicación inmediata de un estado de sitio o estado de excepción, y tras conocerse que el presidente Rodrigo Paz ya tiene en sus manos la ley regulatoria para emitir el decreto, López respaldó la decisión de catalogar formalmente el conflicto como “narcoterrorismo”, calificándolo como un “avance muy cualitativo”. Sin embargo, justificó la aparente demora del gabinete de seguridad y respaldó la postura del actual titular de Defensa, Ernesto Guzmán, coincidiendo en que “nadie puede dar un paso si no se tiene informes de inteligencia y contra inteligencia aprobados”, los cuales constituyen el único soporte válido para diseñar la estrategia y preservar la “sorpresa táctica”.
En este sentido, la exautoridad militar enfatizó que el decreto presidencial no puede ser publicitado anticipadamente bajo ninguna circunstancia para evitar que la tropa enemiga tome sus previsiones. No obstante, advirtió de manera frontal a la población boliviana que la aplicación de esta medida de excepción conllevará un costo social elevado, afirmando de manera textual: “Decir que va a haber un estado de excepción y no va a haber enfrentamiento con fallecimientos, es mentirles al pueblo boliviano”. A pesar de prever un escenario de enfrentamientos, manifestó su confianza en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen las capacidades para actuar profesionalmente en áreas conflictivas.
