Un informe oficial del Ministerio Público en base a un informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al que tuvo acceso Asuntos Centrales revela que una organización encabezada por los comandantes del Ejército, Juan José Zúñiga; de la Armada, Juan Arnez Salvador y de la Fuerza Aérea, Marcelo Javier Zegarra e integrada por más de 20 militares de alto rango y civiles planificó la toma de la plaza Murillo ocurrida el 26 de junio desde el mes de mayo con equipos desplazados en, al menos, cuatro departamentos.
El documento asegura que el complot militar apuntaba a la concreción de un “Golpe de Estado” contra el presidente constitucional, Luis Arce Catacora, transgrediendo la Constitución Política del Estado por lo que “los denunciados tenían por misión constitucional defender y conservar la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país” y el de “garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido”.
La afrenta militar, según el documento, viola los artículos 243, 244, 245 y 246 de la CPE que señalan que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar el orden constitucional y mantener el orden jerárquico y la disciplina en base a las autoridades legalmente constituidas.
El documento señala que, por los hechos verificados, son pasibles de imputación los ciudadanos:
- Waldir Mamani Hidalgo
- Miguel Fernando Iriarte Sandóval
- Juan Carlos Delgadillo Guzmán
- Juan Mario Paulsen Sandi}
- Luis Domingo Balanza Gerónimo
- Raúl Barbery Muiba
- Roberto Octavio Argandoña Rollano
- Franz Luis Ordóñez Menacho
- Anibal Abel Aguilar Gómez
- Marcelo Franklin Gutiérrez Franco
- Leonel Elío Sanjinés Velarde
- Julio Omar Buitrago Sempértegui
- Román Wilmer Caway Cossío
- Marco Mauricio Caviedes Carreón.
También fue imputado el Comandante de la División Mecanizada, Edison Alejandro Irahola Caero, por su participación activa en el alzamiento armado.
En base a los elementos hasta ahora recolectados, la Fiscalía concluye que “estas declaraciones dan cuenta de que las intenciones y la finalidad principal de los sindicados era la de derrocar al Gobierno legalmente constituido”.
Un informe de Inteligencia de la Policía Boliviana incluido en la imputación de la Fiscalía asegura que “durante el mes de mayo se llevó a cabo un serie de reuniones de alto nivel lideradas por el Comendante del Ejército, Juan José Zúñiga junto al titular de la Armada, Juan Arnés Salvador, con el fin de planificar acciones contra el orden constitucional”.
El informe policial denuncia, además, que Aníbal Abel Aguilar Gómez “se erigió como el ideólogo central de este plan de maniobra”, y “formuló una estrategia de levantamiento militar que implicaba la movilización coordinada de las FFAA hacia la Plaza Murillo. La meta de esa movilización era la toma del poder por la fuerza”, concluye.
Según el documento de la Fiscalía, “el general Tomás Peña Y Lillo brindó asesoramiento en la planificación estratégica para la realización del operativo”.
Destaca que el general José Agreda Mendívil “jugó un rol crucial en la supervisión de los recursos logísticos y estratégicos necesarios para el levantamiento militar”.
La Fiscalía estableció que el domingo 23 de junio, Juan José Zúñiga emitió órdenes precisas a través de llamadas telefónicas para movilizar 14 vehículos blindados desde el Regimiento de Infantería Mecanizada 8 Ayacucho hacia el Estado Mayor del Ejército.
El lunes 24 se procedió a la movilización de los equipos militares. Ese mismo día se ordenó el desplazamiento de 8 vehículos blindados Urutú y Cascabel asentados en el Regimiento Ingavi de El Alto.
El martes 25, se procedió a establecer contacto con otras unidades militares en el interior del país, entre ellas la Unidad Especial F-10 con asiento en Cotapachi, Cochabamba, para la movilización de tropas especializadas.
El mismo miércoles 26, a las 9:15 hubo una reunión de más de 20 altos jefes militares con Zúñiga en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores donde se procedió a tomar las últimas decisiones e instrucciones.
Durante dicha reunión, “Zúñiga les instruyó organizar dos grupos de seguridad: uno encargado de cubrir el anillo externo de la Plaza Murillo y otro destinado a asegurar su seguridad personal, compuesto por 40 militares.
Según la Fiscalía, “la ejecución de la operación fue fijada para las 11:00 del miércoles 26 de junio” que fue lo que finalmente ocurrió en plaza Murillo.
