Gálvez señala que la captura de capos del narcotráfico genera reacciones de organizaciones criminales

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió a los recientes hechos de violencia registrados en San Ignacio de Velasco y Santa Cruz y sostuvo que forman parte de las consecuencias de las acciones emprendidas contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Gálvez afirmó que el Gobierno heredó una situación de deterioro y que la respuesta pasa por aplicar la ley contra quienes integran estas estructuras criminales.

“Cuando se toman medidas en la aplicación de la ley para apresar a los capos de la droga, lamentablemente se generan estas condiciones”, afirmó.

El vocero mencionó la detención de más de 18 personas que, según indicó, están vinculadas a organizaciones criminales, entre ellas Marset y miembros del PCC. Señaló que estas acciones generan reacciones entre los integrantes de esas estructuras.

“Estos son los rebotes de las consecuencias de haber agarrado a más de 18 capos del narcotráfico”, sostuvo.

Cuestiona liberación de detenidos

Gálvez también cuestionó la decisión judicial de otorgar arresto domiciliario a tres personas que habían sido detenidas junto a Marset. Consideró que el caso genera dudas sobre el acompañamiento de la justicia a las acciones contra el narcotráfico.

“Lo que se espera de la justicia es que realmente aplique la ley y que pudiera completar el trabajo”, afirmó.

No obstante, señaló que el Ejecutivo debe respetar la separación de poderes y que su papel es exhortar a que los procesos se desarrollen conforme a la normativa.

Plan Frontera Segura y Estado de excepción

Sobre el Plan Frontera Segura, el vocero indicó que se encuentra en proceso de implementación y que contempla una coordinación con las autoridades de Brasil. Explicó que ya se desarrollan tareas de planificación, capacitación y aplicación de medidas de seguridad, aunque advirtió que el proceso tomará tiempo.

Respecto a la ampliación del estado de excepción, Gálvez defendió la continuidad de la medida y aseguró que durante los primeros 90 días se mantuvieron condiciones de circulación y actividad en el país.

“Durante estos noventa días hemos gozado de paz y ha funcionado el estado de excepción”, afirmó.

Según Gálvez, persisten factores que amenazan la democracia y justifican mantener la medida, aunque aseguró que durante este periodo no fue necesario recurrir al uso de la fuerza. El Gobierno, añadió, busca mantener condiciones para que la población pueda trabajar mientras atiende la crisis económica y otros problemas como el abastecimiento de combustible.