El jefe de Gabinete argentino, Guillermo Francos, afirmó este jueves que la condena a seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) por administración fraudulenta en perjuicio del Estado fue resultado de una “justicia independiente” y negó que se tratara de un fallo con motivaciones políticas.

“Nadie puede hablar de un fallo político”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales, días después de que la Corte Suprema ratificara la sentencia contra la exmandataria, que también incluye una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Francos sostuvo que la decisión judicial “ha sido la acción libre de una justicia independiente” y recordó que “la mayoría de los jueces que intervinieron fueron designados por el kirchnerismo en sus distintas etapas”, en referencia al proceso por la denominada ‘causa Vialidad’, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública durante el mandato de Fernández.

El funcionario defendió el trabajo de la Fiscalía y la contundencia de la acusación. “Fue un juicio oral, con todas las garantías, y una acusación fuerte del fiscal Diego Luciani”, destacó.

“Se han hecho muchas especulaciones, se habló de un acuerdo de impunidad (entre Fernández y el Gobierno), y todo eso resultó ser falso”, aseveró, y luego añadió: “Cristina deberá cumplir su condena como cualquier ciudadano”.

Al ser consultado sobre el impacto político del fallo, reconoció que “es conmocionante, nadie se alegra, porque pone a la Argentina otra vez en las tapas de los diarios del mundo por un hecho negativo como una expresidenta condenada”.

El jefe de Gabinete también advirtió sobre la posibilidad de disturbios al momento de hacerse efectiva la detención de Fernández, e hizo un llamado a la calma: “Espero que no se monte un show, de ningún lado. Entiendo el afecto que le tienen sus seguidores, que son cada vez menos, pero los tiene. Solo pido que no crucen límites”.

El tribunal que condenó a la expresidenta rechazó este miércoles el pedido de detención inmediata de la exmandataria por parte de la Fiscalía, tras la sentencia de la Corte Suprema, y ratificó el plazo de cinco días para presentarse ante la Justicia.

La defensa de la exmandataria, de 72 años, solicitó al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, mientras que también anticipó que acudirá a instancias internacionales para intentar revertir la condena.

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