El Gobierno plantea modificar de manera estructural el sistema de comercialización de combustibles y considera que YPFB debería dejar esta actividad para dar paso a una mayor participación del sector privado. La propuesta fue expuesta por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en medio de los reclamos de sectores productivos contra el decreto que regula la venta de diésel a grandes consumidores.
Gálvez sostuvo que el problema de abastecimiento no se origina únicamente en Bolivia, sino en una escasez internacional de diésel que elevó los costos de importación y complicó la logística de provisión para el país.
El decreto y la venta directa
Según explicó, el decreto cuestionado busca corregir el mecanismo mediante el cual YPFB comercializaba directamente diésel a grandes consumidores y clientes directos. El Gobierno identificó que parte de ese combustible podía desviarse posteriormente hacia el mercado para su reventa.
“Ese diésel se desviaba al mercado y se revendía y se volvía a revender y eso traía dificultades en la provisión”, señaló Gálvez.
Frente a las demandas de sectores productivos que plantean la eliminación de la norma, el vocero sostuvo que su derogación no resolvería por sí sola la escasez, debido a las dificultades para adquirir combustible en el mercado internacional.
Gálvez explicó que el costo de llevar diésel al país puede situarse, según sus datos, entre 18 y 20 bolivianos por litro, mientras que el precio interno subsidiado se mantiene en Bs 9,80 para determinados consumidores.
Un cambio en la comercialización
Como alternativa de fondo, Gálvez planteó modificar el papel de YPFB en la cadena de comercialización y permitir una mayor participación privada.
“Tenemos que lograr que el Yacimiento salga de la comercialización”, afirmó, al cuestionar el mecanismo utilizado hasta ahora y señalar que el modelo actual enfrenta dificultades para sostener el abastecimiento.
El vocero sostuvo que la participación privada debe contemplar condiciones que permitan cubrir los costos de importación y, al mismo tiempo, evitar un impacto sobre los consumidores más vulnerables.
