En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Jessica Paola Saravia Atristaín, descalificó un reciente informe internacional sobre corrupción difundido por redes sociales, al considerar que carece de rigurosidad metodológica y responde a intereses políticos. La autoridad negó enfáticamente que el documento refleje la realidad del país y afirmó que Bolivia ha recibido mejores calificaciones por parte de instancias oficiales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Lamentamos que muchos de estos informes sean tergiversados políticamente. Este proviene de una ONG, y no conocemos ni su metodología ni las fuentes utilizadas. Eso genera muchas dudas”, expresó Saravia. En contraste, destacó que Bolivia fue evaluada este 2024 por la OCDE, una organización compuesta por países de la Unión Europea, la cual concluyó que el país cumple con varios estándares internacionales en transparencia e integridad pública.
Según la ministra, la evaluación de la OCDE arrojó que Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias para prevenir conflictos de intereses y ha implementado el 78% de esas medidas en la práctica. En cuanto al acceso a la información pública y datos abiertos, los niveles de cumplimiento se sitúan en 64% y 61%, respectivamente.
Saravia también mencionó avances concretos en la lucha contra la corrupción. A la fecha, el Viceministerio de Transparencia tramita más de 900 causas, y sólo en el primer semestre de este año se han logrado más de 50 sentencias por delitos de corrupción. En 2023, esa cifra alcanzó el centenar. Además, se han iniciado 429 investigaciones administrativas en lo que va de 2024.
La ministra defendió la legalidad de los procesos impulsados y aseguró que el Estado boliviano ha fortalecido sus mecanismos de prevención, incluyendo la creación de una Fiscalía especializada y la implementación del sistema informático CITPRECOC, que permite a la ciudadanía presentar denuncias.
Cuestionó la validez de informes como los de Transparencia Internacional, indicando que en ocasiones consideran actos como “pasarse una luz roja” como corrupción, cuando en realidad son infracciones de tránsito, no delitos penales. “Para que un informe tenga valor, debe basarse en información oficial y un trabajo de campo serio. No se puede evaluar a un país desde un escritorio en el extranjero”, subrayó.
En relación al caso del exministro Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos, Saravia señaló que el Estado boliviano continúa gestionando su retorno por las vías de extradición y deportación. Afirmó que ya se ha enviado toda la documentación requerida y que se aguarda una decisión oficial por parte del gobierno estadounidense.
Finalmente, la ministra reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y la legalidad. “Tenemos un mandato claro de no permitir la corrupción en el Estado. Nuestra obligación es hacer cumplir la ley y dar respuestas concretas a la población”, concluyó.
