El exasesor de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Carlos Guedes, y el expresidente de la Cooperativa COTAS, Ronald “Chichi” Castedo demandaron que el expresidente Evo Morales y todos los involucrados en el operativo del Hotel Las Américas, ocurrido el 16 de abril de 2009, sean procesados por la Justicia boliviana, aunque se mostraron escépticos de que esto vaya a suceder debido a control que tiene el Gobierno del MAS sobre el Poder Judicial.
En diálogo con Desayuno Informado de Asuntos Centrales, Guedes y Castedo ratificaron que el mal llamado “Caso Terrorismo” fue armado con la única intención de desarticular a la dirigencia cívica cruceña que en ese momento resistía el asedio del Ejecutivo y de sus organizaciones sociales afines.
El 16 de abril de 2009, a las 4.30 de la mañana, fuerzas de seguridad bolivianas entraron al Hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con la policía, los funcionarios acudieron tras recibir reportes de que cinco extranjeros, que ocupaban dos habitaciones, supuestamente portaban armas.
Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés; murieron durante el asalto. Mario Tadic, boliviano-croata; y Elod Tóásó, húngaro; fueron arrestados.
Años después, el fiscal Marcelo Sosa a cargo del operativo reconoció que el operativo fue “armado” para inculpar a la dirigencia cruceña. Informes de inteligencia de Estados Unidos señalan que el Ejecutivo “plantó” armas en el lugar para inculpar a los integrantes del grupo Rózsa-Flores.
Por este es caso hubo 39 procesados, 18 de los cuales se fueron del país. Más de 300 personas fueron citadas como imputados.
Juan Carlos Guedes, de la UJC, fue encarcelado durante más de 10 años por este caso pese a que nunca se demostró su participación en ningún hecho de terrorismo, señala el dirigente.
“El caso Hotel Las Américas marcó mi vida porque me causó 10 años de cárcel. me perdí una parte de la vida de mis hijos, fue un tiempo perdido”, relató en desayuno informado.
“El operativo Las Américas fue un episodio negro para el país y para santa cruz. santa cruz resistió al centralismo, por eso armaron este caso”, afirmó.
“Los que armaron este caso desde el Poder Ejecutivo y policial deben responder por este caso”, remarcó.
Sin embargo, “soy escéptico en este tema, no creo que vayan a sentenciar a quienes ordenaron el operativo las américas”.
“Si Evo Morales dice que no va a asistir al pedido de la justicia, seguramente eso va a ocurrir por la impunidad”, advirtió.
“Nadie puede estar por encima de la ley, el gobierno de Evo Morales debe responder por este caso armado”
“Se va a seguir un proceso contra los policías que formaron parte del operativo las américas”, indicó.
Castedo pide ayuda internacional
Por su parte, “Chichi” Castedo señaló que “La demanda contra el gobierno de Evo Morales que radica en Bolivia necesita respaldo internacional para que pueda tener algún resultdo”.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hay 7 demandas contra el Estado boliviano, pero “los casos de la CIDH tienen más que todo una intención reparatoria”, dijo Castedo.
El exdirectivo de COTAS contó cómo fue que “hace 14 años cercaron mi casa durante 4 semanas por un contingente policial”.
“Lo que pasó en el Hotel Las Américas fue una masacre”, manifestó.
“Mi casa se transformó en una cárcel, desde mayo 2010 hasta 2020. A mí me pusieron un carimbo, me etiquetaron en un caso en el que no tuve nada que ver”, manifestó Castedo.
“Hay daños materiales e inmateriales que no va poder ser reparados”, indicó.
Castedo alertó que “el caso terrorismo es uno de los más negros de la judicatura boliviana”.
“El terrorismo de Estado arrinconó a la gente y logró aislarnos”
“No hay voluntad real del Estado boliviano para reparar los daños que se han cometido”
“El tronco de las denuncias tiene que ver asesinatos, torturas y la falta de un debido proceso para los acusados”, advirtió.
“El estado debería mostrar seriedad para la reparación de los daños por lo que debería pedir disculpas por los daños que se hicieron a los acusados de un caso armado”, manifestó.
“Se violaron nuestros derechos fundamentales por los que el estado debe pedir disculpas”, remarcó.
