Human Rights Watch (HRW) acusó este martes al gobierno de Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en dos ataques militares recientes contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, ordenados por la administración del presidente Donald Trump. Según la organización, estas acciones violan el derecho internacional de los derechos humanos y sientan un grave precedente de impunidad.
El 2 de septiembre, Trump anunció que fuerzas estadounidenses atacaron en aguas internacionales una lancha rápida procedente de Venezuela, que supuestamente transportaba drogas hacia Estados Unidos. El mandatario aseguró que 11 personas murieron en el operativo, a las que vinculó con el grupo criminal venezolano “Tren de Aragua”, catalogado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera. Días después, el 15 de septiembre, se reportó un segundo ataque contra otra lancha, también en aguas internacionales, en el que fallecieron tres hombres.
Imágenes aéreas de ambos operativos, difundidas por Trump en la red Truth Social, muestran las embarcaciones inmóviles y con personas a bordo segundos antes de ser destruidas por explosiones. HRW indicó que pudo confirmar visualmente la presencia de al menos seis tripulantes en el primer ataque, aunque no se verificó ni la ubicación exacta ni la hora. Un funcionario citado por The New York Times señaló que las operaciones fueron ejecutadas desde un helicóptero de ataque o un dron MQ-9 Reaper.
“La Casa Blanca no puede matar de forma sumaria a personas acusadas de traficar drogas”, afirmó Sarah Yager, directora de la oficina de Washington de HRW. “El narcotráfico no constituye un conflicto armado, y las autoridades estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones de derechos humanos pretendiendo lo contrario”.
HRW subrayó que el derecho internacional de los derechos humanos, respaldado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, protege el derecho a la vida y exige que toda fuerza letal sea utilizada únicamente como último recurso ante una amenaza inminente. En ambos ataques, sostuvo la organización, no hubo esfuerzos por minimizar el daño ni se consideraron alternativas como la intercepción o el arresto.
El relator especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, junto con otros dos expertos en derechos humanos, condenaron los ataques en una declaración conjunta, calificándolos como ejecuciones extrajudiciales ilegales. HRW recordó que el derecho internacional humanitario, aplicable a conflictos armados, no se aplica en este caso, ya que Estados Unidos no mantiene una guerra ni con Venezuela ni con organizaciones criminales extranjeras.
Los ataques se enmarcan en un proceso de debilitamiento de los mecanismos internos de supervisión militar en Estados Unidos. En febrero, la administración Trump removió a altos oficiales jurídicos militares (judge advocates) encargados de revisar la legalidad de las operaciones, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó una directiva que redujo la supervisión de ataques aéreos y operaciones especiales, otorgando mayor discrecionalidad a los comandantes.
“El ejército de Estados Unidos debería cancelar de inmediato cualquier plan de futuros ataques ilegales y garantizar que todas sus operaciones militares cumplan con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos”, insistió Yager. “El Congreso debe iniciar una investigación inmediata y transparente sobre la justificación legal y la cadena de mando detrás de estos ataques”.
Human Rights Watch llamó también a otros gobiernos a condenar públicamente estas acciones y a exigir que Estados Unidos rinda cuentas para evitar una escalada de violaciones a los derechos humanos bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.
