Intervención de YPFB da de baja a más de 300 usuarios tras detectar accesos irregulares

La intervención de YPFB informó que detectó a más de 300 usuarios que mantenían una interacción irregular con los sistemas de la estatal petrolera, por lo que fueron dados de baja. La comisión continúa revisando los registros para determinar cómo se habilitaron esos accesos y quiénes tenían responsabilidad sobre las operaciones observadas.

Entre los hallazgos aparecen usuarios externos que podían ingresar a los sistemas de asignación de combustibles, además de modificaciones posteriores en las tablas de control. Según la comisión, estos cambios eran realizados de manera retroactiva, lo que permitía alterar información registrada previamente.

“Lo que es más grave, se efectuaban estas modificaciones de forma posterior, es decir, de forma retroactiva, y esto con la finalidad de favorecer a contrabandistas, con la finalidad de desviar el combustible”, afirmó el viceministro de Transparencia, Yamil García.

La revisión también encontró diferencias entre los volúmenes de combustible programados, despachados y facturados. La comisión reportó además operaciones de venta o facturación anticipada por millones de litros que todavía no se encontraban en el país.

García explicó que la investigación busca identificar no solo a quienes utilizaron los sistemas, sino también a los funcionarios o exfuncionarios que permitieron esos accesos y determinar quiénes generaron las condiciones para que estas operaciones pudieran realizarse.

Como parte de la revisión, la comisión inspeccionó el denominado “búnker digital” de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio de La Paz. Allí se verificó la infraestructura tecnológica utilizada por la empresa y se estableció que en los últimos cinco años se destinaron más de Bs 470 millones a este tipo de equipamiento.

Pese a esa inversión, García cuestionó que YPFB no cuente con un sistema integral que permita realizar una trazabilidad completa de la información relacionada con los combustibles.

“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar bunkers digitales, sin embargo, no se ha elaborado un sistema informático y digital que permita la trazabilidad de la información”, señaló.

La comisión también amplió la revisión hacia la AGETIC para establecer quiénes mantenían o administraban antiguos accesos de usuarios a los sistemas. El objetivo es determinar la cadena de responsabilidades detrás de las operaciones observadas.

El proceso contempla acciones legales en dos niveles: contra quienes participaron directamente en las operaciones investigadas y contra quienes hubieran permitido las condiciones para que estas prácticas fueran posibles.

La intervención continuará además con la revisión de otros gastos y contratos de YPFB, mientras se mantiene el seguimiento al abastecimiento de combustibles en Santa Cruz.