A un año del inicio de la gestión de Rodrigo Paz, hemos sido testigos de las consecuencias de una crisis que va mucho más allá de lo estrictamente económico. El país atraviesa un profundo deterioro social y democrático caracterizado por la falta de moral y vocación en el servicio público. Gobernar, asumir una vocación legislativa o administrar las instituciones del Estado no puede ser un espacio para el privilegio o la improvisación, sino una responsabilidad de alta exigencia ética y técnica orientada al bien común.
El actual gobierno prometió soluciones inmediatas bajo discursos de campaña que aseguraban resolver los problemas estructurales del país en plazos irreales. En esa misma línea, se prometió un proyecto basado en la unidad, como aquel supuesto binomio unido junto con Edman Lara, cuando hoy la realidad muestra todo lo contrario y refleja profundas fracturas. Tras doce meses de gestión, los bolivianos hemos experimentado un deterioro constante en nuestra calidad de vida.
Los salarios continúan asfixiados, el desabastecimiento persiste y las libertades económicas se ven limitadas al punto de restringir la capacidad ciudadana para decidir qué comprar o cómo resguardar el fruto de su trabajo. La respuesta estatal no puede reducirse al endeudamiento ni a la búsqueda de soluciones pasajeras sin una visión transformadora. Pan para hoy, hambre para mañana.
Esta situación se agrava ante la marcada inconsistencia de las posturas políticas. El cambio de discurso respecto a la reserva de Tariquía en Tarija es una muestra de ello. Quien en 2019, en su condición de alcalde, defendía la protección de la reserva, hoy como mandatario promueve la extracción en la zona. Asimismo, Rodrigo Paz no habló con la verdad al asegurar en su momento que no sería necesario acudir a instituciones monetarias internacionales, para luego recurrir a ellas ante la debilidad de su plan económico. Esta falta de coherencia erosiona la confianza ciudadana e ignora las advertencias que se hicieron sobre el estilo de gestión que se avecinaba.
Cuando los líderes priorizan la conveniencia del momento sobre los principios previamente defendidos, la institucionalidad se debilita. Además, el hecho de seguir dejando al país sin un presidente en ejercicio y en funciones continuas debilita gravemente la democracia y nuestras instituciones, dejando vacíos de poder que dañan la estabilidad nacional.
La debilidad de las estructuras estatales ha permitido también la infiltración de dinámicas delictivas y redes de impunidad que amenazan la seguridad nacional. Escándalos recientes y la filtración de audios sobre presuntas negociaciones internas, al margen de su verificación judicial, exponen una percepción de desconexión entre la clase política y las necesidades reales del pueblo. Las instituciones no pueden ser utilizadas para el beneficio de grupos reducidos ni para la repartija de pegas en el poder.
Frente a este escenario, Bolivia requiere con urgencia una renovación basada en la meritocracia, la capacidad técnica y la honestidad de sus funcionarios. Si bien existen excepciones de autoridades comprometidas, la situación diaria exige un cambio profundo en la forma de gobernar. La juventud boliviana, con formación y espíritu de cambio, busca espacios de participación para aportar a la reconstrucción del país. Sin embargo, la falta de oportunidades y el aferrarse a las viejas prácticas amenazan con provocar una grave fuga de talentos que privará a la nación de sus mejores profesionales.
Superar la crisis actual exige revalorizar la función pública. Los distintos órganos y niveles de administración deben estar integrados por ciudadanos capacitados y éticos que entiendan el poder como una herramienta de servicio. Solo devolviendo la transparencia, el respeto a la ley y a las instituciones será posible restaurar la confianza, proteger la libertad y encaminar a la Patria hacia un futuro estable.
