El 13 de agosto de 2023, en Argentina se realizaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para determinar las candidaturas para los cargos nacionales en las elecciones presidenciales y legislativas del 22 de octubre de 2023 y discriminar aquellos frentes que no alcanzaran el 1,5 % de la votación. Se habilitaron La Libertad Avanza (libertaria, LLA), Unión por la Patria (kirchnerista, UxP), Juntos por el Cambio (macrista, JxC), Hacemos por Nuestro País (peronista y centrismo, HxNP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (marxistaleninista y socialista 21, FIT-U) mientras que otras diez fuerzas políticas no alcanzaron el mínimo.
La sorpresa fue que el candidato más votado fue el más nuevo en la escena política argentina (dos años como diputado con un partido nuevo, LLA), con un discurso radicalmente disruptivo y con una actitud rayando en lo atrabiliario (aunque no absurdamente inusual en la política de calle argentina): Javier Gerardo Milei Luján, profesor universitario, economista, alcanzó el 29,9 % de los votos, seguido a distancia por el candidato kirchnerista, con el 21,4 %. (En las franjas se repitió la victoria: la LLA, con un único candidato, obtuvo el 29,9 %; le siguió JxC con dos candidatos que sumaron 28 % y tercero el oficialista UxP con 27,3 %; una diferencia de 2,6 % entre el primero y el tercero que podía cambiarse fácilmente en las generales).
Pero no se cumplió el vaticinio: en la segunda vuelta de octubre, el libertario obtuvo la victoria con más de 14,5 millones de votos (55,7 %), dejando en el segundo lugar al kirchnerista (que, como ministro de Economía había forzado todos los recursos económicos prebendalistas para “asegurar” su victoria, sin importar la crisis que causaría después) con casi 11,6 millones de votantes (44,4 %), una diferencia de más del 11 %. El resultado de Milei (a quien corresponde el éxito por su discurso rupturista más que a su partido) sólo ha sido superado en los últimos cien años en Argentina por las victorias de Juan Domingo Perón Sosa en 1951 (63,5 %) y 1973 (61,9 %).
Sin entrar en quiénes votaron por la candidatura de LLA (que no obtuvo gobernaciones y sólo 6 senadores de 72 y sólo 39 de 257 diputados, aunque con sus tres asociados desarrollistas del MID mejoran la bancada a 42, lo que los obliga a alianzas más o menos coyunturales), el resultado es que un candidato que anunciaba medidas radicales y graves dificultades para empezar obtuviera casi el 56 % de las adhesiones válidas. El 10 de diciembre, en una toma de posesión y jura en el Congreso poco ortodoxas (tanto el dedo medio en ristre de CFK a la entrada, como su discurso en la escalinata de espalda al Congreso y frente a la multitud y el intento de asesinato frustrado durante el recorrido a la Casa Rosada), el nuevo Presidente auguró un futuro inmediato sombrío para la población por las medidas a aplicar. Y las cumplió.
Apoyado en lo que denominaba una «mayoría silenciosa» que pedía cambios y en sus consignas que definió como «la agenda del crecimiento»: «el respeto de la ley, la protección de los derechos de propiedad, la innovación tecnológica, la apertura comercial, la existencia de precios libres que guían la asignación de recursos y el diseño de una política económica que preserve el equilibrio fiscal junto a una política monetaria que defienda el valor de la moneda», Milei a dos días de su asunción aplicó sus primeras medidas para solucionar la herencia kirchnerista que, en palabras de Mauricio Ríos García Milei, era «un país al borde de la hiperinflación, enfrentando una crisis financiera inminente y un default con el Fondo Monetario Internacional (FMI)».
Las primeras disposiciones fueron: 1) la devaluación de la moneda, bajando el 50 % del valor del peso argentino frente al dólar estadounidense: la cotización oficial pasó del $400,00 a $800,00 frente a un dólar blue (paralelo) de $1.070,00 (como comentaré más adelante el viernes 6 el oficial estaba a $1.012,75 frente a un blue a $1.050,00, una paridad que en algunos días incluso se hizo negativa); 2) la suspensión de la obra pública: considerada uno de los focos principales de corrupción y sin liquidez en ese momento, el Estado dejó (por ese momento inicial, al menos) las obras de infraestructura en manos del capital privado; 3) la reducción a los subsidios de energía y transporte, que se implementó paulatina aunque drástica; la 4) reducción de la plantilla del Estado, cumpliendo la promesa de campaña de despedir a miles de empleados supernumerarios o excedentes (en Argentina llamados “ñoquis” porque cobran un salario pero no trabajan, parcial o real y que entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2023 —mes de elecciones— habían crecido 108.500 nuevos empleados; en general, entre la administración central, los entes descentralizados y las empresas sociedades públicas la reducción entre octubre 2023 y el mismo mes 2024 fue de 37.643 empleados —más de 28 mil desde finales de enero 2024—, un ajuste de casi el 11 % aplicando la estrategia de no despedir y sí la no renovación de contratos por tiempo determinado ya concluidos; esta cifra no incluye despidos y suspensiones en el sector privado que ascenderían a 177.657 entre octubre 2023 y junio 2024 según el Centro de Economía y Política Argentina, CEPA, vinculado principalmente con la UBA).
Las otras medidas fueron: 5) la suspensión de la publicidad oficial durante un año en la prensa (en todo 2023, el Ejecutivo invirtió 34.000 millones de pesos en pauta, casi USD 90 millones PPA), lo que le valió al Gobierno fortísimas críticas de muchos medios; 6) la reducción en el número de ministerios y secretarías, convirtiéndose los 18 ministerios de la Administración Fernández en nueve, y las secretarías de 106 en 54, una contracción de más del 50 % de los cargos jerárquicos de la política, y del 34 % de los cargos políticos totales del Estado Nacional; 7) la reducción “al mínimo” de las transferencias a las provincias en Argentina (recursos se han usado para intercambiar adhesiones o favores políticos); 8) la eliminación de los derechos de exportación (un reclamo de la industria agropecuaria principalmente), realizada en el último trimestre 2024; 9) el reemplazo del sistema SIRA (por el que el Estado decidía qué importadores tenían acceso o no a dólares para cancelar sus pagos en el exterior) por otro que no requeriría de la aprobación previa de licencias, acabando con la discrecionalidad y garantizando la transparencia, y 10) el fortalecimiento de la ayuda social para paliar en parte el impacto negativo inmediato de las nuevas medidas (incluyendo el cese de control de precios empleado por las administraciones kirchneristas), el Estado subiría los montos de los programas de apoyo social (la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que en la práctica duplicó), a la vez que se fiscalizaban las asignaciones indirectas a través de terceros (comedores sociales, no pocas veces inexistentes, y sindicatos, utilizados como clientelismo).
Y claro que las medidas no fueron un colchón de rosas.
La inflación en diciembre 2023 fue del 25,5 % tras las primeras medidas del Gobierno Milei (sobre todo la devaluación del peso), después del 12,8 % de noviembre, último mes de la anterior Gestión. Hasta octubre 2024, la inflación había caído al 2,7 % (que desde noviembre 2021 no se había logrado), una variación interanual del 193,0 % y acumulada del 107,0 %; para diciembre —considerando que es un mes de amplio movimiento comercial— se pronostica una posible inflación cercana al 3 % y acumulada al 118 %. Y el riesgo país está en 720 puntos (el menor desde el 01 de marzo de 2019, que alcanzó 719), contra 1.920 puntos al final de la administración anterior.
El dólar blue ha sido hace años el patrón paralelo de la moneda —comparando con las ¡18! diferentes categorías “oficiales” de cambio de moneda del peso argentino frente al dólar estadounidense: Oficial (mayorista), Bolsa o MEP, CCL BYMA, Futuro, “Contado con liquidación”, Ahorro, Agro, Cedears, LEDES, Cripto, Qatar, Turista (o Tarjeta), Solidario, Lujo, Coldplay, Cultura, Banco Nación, A3500…— y es un buen parámetro para entender la fortaleza o debilidad de la moneda argentina. El 12 de diciembre de 2023, al día siguiente de la implantación de las primeras medidas económicas, el dólar blue se cotizaba a $1.070,00 (oficial) frente a USD 1; el 12 de julio alcanzó su pico de $1.500,00 x USD y, como mencioné antes, el viernes 06 pasado estaba a $1.050,00 frente al “oficial”, que estaba a $1.012,75: una diferencia de $37,25 entre ambos —o lo que es lo mismo: la brecha cambiaria se redujo de cerca del 200% en diciembre 2023 hasta un dólar blue sólo un 4 % más caro que el dólar oficial o mayorista… a un paso (junto con la caída de la inflación) de la anulación del cepo cambiario con la unificación cambiaria.
La pobreza en Argentina al cierre del primer trimestre de 2024 fue del 54,9 % y al del primer semestre del 52,9 % (INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos), una leve reducción del 2 % después de una caída al final del segundo hasta el 51 % —el INDEC proyectó para el tercer trimestre el 46,8 % mientras el ODSA-UCA (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica) lo proyecto al 49,9 % y en menores de edad el 65,5%. La proyección ODSA-UCA para el cuatro trimestre es cerrar el año con 41,7 % (la misma del cuarto 2023). Es decir: una reducción del 13,2 % que a fines del primer trimestre 2024.
La figura a continuación es aclaradora de cómo se considera estructurada la sociedad argentina.
JOSÉ RAFAEL VILAR- ANALISTA POLÍTICO
