La última proyección del Banco Mundial debería encender todas las alarmas. Bolivia ya no enfrenta una crisis transitoria seguida de una rápida recuperación: se estima una caída del PIB cercana al 2,8% en 2026, otra contracción del 1,4% en 2027 y un crecimiento de apenas 0,6% en 2028. Mientras buena parte de América Latina vuelve a crecer, el país corre el riesgo de quedar atrapado entre recesión, pérdida de ingresos reales, escasez de divisas y baja inversión.
Con una economía del orden de US$50.000 millones, cada punto del PIB equivale a unos US$500 millones. Pasar del -1,4% proyectado para 2027 a un crecimiento del 3% exigiría unos US$2.200 millones adicionales de producción; llegar al 4%, unos US$2.700 millones. Semejante transformación no se conseguirá aumentando nuevamente el gasto público.
El deterioro viene de lejos. Durante años el crecimiento se sostuvo con gasto estatal, déficit fiscal, subsidios, endeudamiento e intervención pública, mientras caían la producción de gas, las exportaciones y las reservas. Ese mecanismo llegó a su límite, y se sumaron la escasez de dólares y combustibles, la inflación, el desplome de la construcción y conflictos que paralizaron la producción.
El acuerdo con el FMI por unos US$1.900 millones y el respaldo del Banco Mundial, el BID y la CAF pueden estabilizar la economía, reconstruir reservas y recuperar credibilidad. Pero estabilizar no significa crecer: esos recursos deben ser un puente para movilizar una cantidad varias veces mayor de capital privado.
Bolivia debería proponerse atraer entre US$7.000 y US$12.000 millones de nueva inversión privada durante 2027-2030. No es una proyección oficial, sino una meta indicativa de la magnitud necesaria para modificar la trayectoria económica. Seis motores podrían lograrlo de forma rápida. La agroindustria, con tierra, productores, plantas procesadoras y mercados, daría los resultados más rápidos (US$800-1.500 millones) si hay seguridad jurídica, libertad de exportación, combustibles, divisas, riego, almacenamiento y arancel cero para maquinaria. La construcción e infraestructura (US$1.500-2.500 millones en vivienda, parques industriales, carreteras, ferrocarriles y logística, mediante concesiones y alianzas público-privadas) impactaría el empleo en cuestión de meses. Las energías renovables (US$1.000-1.500 millones en proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos, almacenamiento y transmisión) responden a la declinación del gas. La minería (zinc, plata, estaño, oro) podría captar US$1.500-2.500 millones y generar divisas con un marco jurídico competitivo.
El litio requiere mayor pragmatismo: poseer recursos no genera riqueza por sí mismo. Bolivia debería buscar entre US$1.500 y US$3.000 millones mediante licitaciones internacionales transparentes, preservando la propiedad nacional, las regalías y los controles ambientales; su efecto pleno llegaría después de 2028, por lo que no es solución inmediata a la recesión. A estos motores se suma el HUB Internacional de Viru Viru, concebido no como una simple ampliación aeroportuaria sino como un complejo con terminal de carga, zona franca, almacenamiento refrigerado, mantenimiento aeronáutico, comercio electrónico y parques industriales, capaz de movilizar US$500-1.000 millones y de conectar la agroindustria con mercados internacionales.
Pero esos capitales no llegarán solo porque Bolivia tenga minerales, litio, tierras o sol. El capital compara países, riesgos y retornos: quien compromete US$500 millones durante veinte años necesita saber qué ocurrirá con sus contratos, impuestos y utilidades cuando cambie el gobierno. Por ello se requiere una moderna Ley de Inversiones que garantice igualdad de trato al capital nacional y extranjero, estabilidad jurídica y tributaria, libre remisión de utilidades, protección frente a expropiaciones arbitrarias, devolución eficiente del IVA, depreciación acelerada y arancel cero para bienes de capital que el país no produce.
Se necesita además una Ventanilla Única Nacional de Inversiones, con trámites digitales y plazos máximos de 90 a 180 días sin debilitar los controles ambientales y sociales, y una Ley de Asociaciones Público-Privadas y Concesiones que permita construir con capital privado y regulación pública carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, transmisión eléctrica y puertos secos.
Algunas barreras son constitucionales. Una reforma parcial y delimitada de la CPE debería garantizar igualdad entre capital nacional y extranjero, reforzar la propiedad privada y la estabilidad contractual y permitir el arbitraje internacional pactado para grandes inversiones. El Estado puede conservar la propiedad de los recursos naturales mientras su aprovechamiento se realiza mediante empresas privadas o mixtas, contratos y concesiones: la soberanía no exige que aporte todo el capital ni asuma todo el riesgo. También debe fortalecerse la independencia del Banco Central, con estabilidad monetaria como objetivo fundamental y fuertes restricciones al financiamiento monetario del déficit, pues ningún inversionista confiará si teme el regreso de la emisión excesiva, la inflación y los controles cambiarios. A ello se suma una justicia con tribunales comerciales especializados, jueces meritocráticos y expedientes digitales que resuelvan controversias en meses y no en años.
Todo ello implica redefinir el papel del Estado: Bolivia no necesita un Estado débil, sino un Estado menos empresario pero mucho más fuerte como regulador, fiscalizador, garante de contratos, protector ambiental y defensor de la competencia. Los recursos multilaterales no deben reconstruir el modelo que condujo al desequilibrio, sino actuar como capital catalizador. La verdadera medida del éxito no será haber obtenido US$1.900 millones del FMI, sino haber movilizado US$7.000, US$10.000 o incluso US$12.000 millones de inversión productiva nacional y extranjera.
Bolivia debe sustituir el círculo de gasto público, déficit, endeudamiento, emisión y pérdida de reservas por otro virtuoso: inversión, construcción, producción, exportaciones, dólares, empleo y reinversión. Con una caída de 1,4% proyectada para 2027 y apenas 0,6% de crecimiento en 2028, el país no debería resignarse a administrar la decadencia. La estabilización es solo el punto de partida. La gran tarea nacional debe ser una revolución de inversión privada que vuelva a convertir a Bolivia en un país atractivo para invertir, producir, exportar y crear empleo. Sin inversión habrá años de estancamiento; con reglas confiables, seguridad jurídica y capital productivo, la recesión puede convertirse en el punto de partida de una transformación económica mucho más profunda.
