El conflicto entre el Gobierno y el magisterio urbano continúa en Bolivia pese al acuerdo alcanzado con los maestros rurales para suspender el anteproyecto de transferencia de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones.
Table Of Content
- Suspender el anteproyecto no es suficiente para los maestros urbanos
- Qué acordaron el Gobierno y el magisterio rural
- Marchas, bloqueos y enfrentamientos marcaron el paro nacional
- Gobierno advierte descuentos salariales por los días no trabajados
- El viernes 13 se definirán nuevas medidas de presión
- La disputa por la administración de los institutos sigue abierta
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) rechazó el entendimiento y exige que la propuesta sea eliminada definitivamente, en lugar de quedar solamente suspendida. La dirigencia considera que mantener abierta la posibilidad de discutir un nuevo modelo de administración no resuelve sus preocupaciones.
El sector anunció que este viernes 13 de noviembre realizará una conferencia nacional para definir los siguientes pasos de la movilización. Entre las medidas que serán evaluadas están un paro de 72 horas y una posible huelga indefinida.
La controversia mantiene en tensión al sector educativo y al Ejecutivo, después de las marchas, bloqueos y enfrentamientos registrados durante el paro nacional del 9 y 10 de noviembre.
Suspender el anteproyecto no es suficiente para los maestros urbanos
El principal desacuerdo gira alrededor del alcance del compromiso firmado entre el Gobierno y el magisterio rural.
Mientras el Ejecutivo y los representantes rurales acordaron suspender el anteproyecto y abrir espacios de evaluación, los maestros urbanos exigen que la iniciativa sea retirada de manera definitiva.
El dirigente nacional Wilfredo Ajllahuanca cuestionó el acuerdo y lo calificó como una traición a las demandas del sector urbano. También sostuvo que el entendimiento fue suscrito sin consultar a las bases de su organización, que, según afirmó, agrupa a más de 120.000 afiliados.
La dirigencia urbana desconfía de que las mesas técnicas puedan terminar reactivando una propuesta que considera perjudicial para la administración nacional de la educación.
Su posición es mantener la gestión educativa centralizada y evitar que la transferencia de responsabilidades a las gobernaciones genere diferencias entre departamentos o afecte los derechos laborales de los docentes.
Qué acordaron el Gobierno y el magisterio rural
El acuerdo fue firmado el miércoles 11 de noviembre por el ministro de Educación, Erick Sanjinés, representantes del magisterio rural y el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, con la mediación de la Defensoría del Pueblo.
El documento establece cuatro compromisos centrales:
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Suspender el anteproyecto de transferencia de institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos.
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Realizar una evaluación integral y participativa para diseñar un nuevo modelo de gestión.
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Respetar el escalafón docente y la normativa vigente.
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Garantizar que la educación continúe siendo única, fiscal y gratuita, sin privatización.
El entendimiento no establece que la transferencia vaya a ejecutarse. Plantea una evaluación mediante mesas de trabajo, por lo que el futuro del modelo de administración todavía está sujeto a discusión.
Esa posibilidad es precisamente uno de los puntos que mantiene el rechazo del magisterio urbano.
Marchas, bloqueos y enfrentamientos marcaron el paro nacional
Las movilizaciones del lunes 9 y martes 10 de noviembre estuvieron acompañadas de marchas, cortes de vías y enfrentamientos con efectivos policiales.
Los episodios de mayor tensión se registraron en la autopista La Paz-El Alto y en inmediaciones del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo.
Los maestros denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante las intervenciones policiales. En contraste, el comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, afirmó que algunos movilizados lanzaron piedras contra vehículos y que esa situación motivó la intervención de los efectivos.
Los reportes difundidos sobre los arrestos presentaron cifras diferentes: algunos medios informaron de 30 personas detenidas y otros elevaron el número a 35. Hasta los antecedentes disponibles tampoco existía un balance consolidado de personas heridas.
Al 11 de noviembre, además, se reportaba que la huelga de hambre de algunos movilizados había alcanzado nueve días.
Gobierno advierte descuentos salariales por los días no trabajados
El ministro de Educación, Erick Sanjinés, advirtió que el Ejecutivo aplicará descuentos salariales si continúan los paros y las ausencias laborales, conforme al Decreto Supremo 23968.
La advertencia introduce otro elemento de tensión en el conflicto, porque los maestros mantienen sus medidas de presión mientras el Gobierno sostiene que debe garantizarse la continuidad de las actividades educativas.
Sanjinés también señaló que el Ejecutivo no renunciará a discutir nuevos modelos de administración educativa, vinculados a la propuesta de descentralización 50/50 impulsada por el presidente Rodrigo Paz.
Desde el Gobierno se plantea que una mayor participación de las gobernaciones permitiría vincular la formación técnica con las necesidades productivas de cada región. El magisterio urbano, por su parte, teme que la descentralización afecte la estabilidad laboral y debilite la administración nacional de la educación pública.
El viernes 13 se definirán nuevas medidas de presión
La conferencia nacional convocada para este viernes reunirá a representantes de las 31 federaciones del magisterio urbano.
En ese encuentro se analizará la continuidad de las movilizaciones y la posibilidad de ampliar las medidas de presión. Entre las opciones anunciadas están un paro de 72 horas y una huelga indefinida.
También se evaluará la invitación al diálogo promovida por la Defensoría del Pueblo. Según el cronograma planteado, las negociaciones podrían comenzar el sábado 14 de noviembre, si los maestros aceptan la convocatoria.
Para el miércoles 18 se tiene prevista, de manera tentativa, la primera mesa técnica regional. Santa Cruz, Beni y Pando están entre los departamentos considerados para esos encuentros.
Estas fechas todavía dependen de las decisiones que adopte la dirigencia del magisterio urbano y de las condiciones que se establezcan para retomar el diálogo.
La disputa por la administración de los institutos sigue abierta
El desacuerdo no se limita a la suspensión del anteproyecto. También enfrenta dos visiones sobre la administración de la educación técnica y tecnológica en Bolivia.
El Gobierno plantea discutir un modelo con mayor participación de las gobernaciones, especialmente en la gestión de recursos humanos y la articulación de la formación con las actividades productivas regionales.
El magisterio urbano sostiene que esa modificación podría debilitar la administración nacional, generar desigualdades entre departamentos y poner en riesgo la estabilidad laboral de los docentes.
Por ahora, no existe una transferencia ejecutada de los institutos. La controversia se concentra en un anteproyecto suspendido y en la posibilidad de que su contenido vuelva a discutirse mediante mesas técnicas.
La conferencia nacional del viernes será determinante para conocer si el magisterio urbano acepta una salida negociada o profundiza las movilizaciones. Mientras tanto, el acuerdo con el sector rural no ha conseguido cerrar el conflicto con los maestros urbanos.
