El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel “Mamén” Saavedra, afirmó que existen seis denuncias penales contra su antecesor, Jhonny Fernández, y rechazó que la investigación que derivó en su detención preventiva sea una persecución política. Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, sostuvo que el proceso no debe limitarse a medidas judiciales y exigió recuperar los recursos públicos presuntamente afectados.
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Las declaraciones se produjeron después de que Fernández fuera enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 180 días, dentro de la investigación por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones destinados a 17 obras municipales.
El caso abrió un nuevo frente político y administrativo en Santa Cruz, mientras las autoridades investigan distintos expedientes relacionados con la gestión municipal anterior.
¿Cuáles son las seis denuncias mencionadas por Mamén?
Saavedra enumeró seis casos que, según afirmó, involucran presuntas irregularidades durante la administración de Fernández. Las investigaciones abarcan obras viales, adquisición de equipos médicos, obligaciones tributarias y manejo de recursos municipales.
Los casos mencionados son:
- Pavimento: presuntas irregularidades relacionadas con obras viales y recursos destinados a su ejecución.
- Hospitales móviles: posibles irregularidades en la adquisición de unidades médicas.
- Rebajas irregulares de impuestos: cambios tributarios que la actual Alcaldía considera sospechosos.
- Falta de pagos a la Gestora: presuntos incumplimientos relacionados con obligaciones municipales.
- Manipulación informática: supuestas irregularidades en sistemas informáticos municipales.
- Malversación de fondos: investigación sobre el uso de aproximadamente Bs 191 millones que debían destinarse a 17 obras municipales.
La enumeración corresponde a las declaraciones del actual alcalde. La existencia de denuncias o investigaciones no equivale a una sentencia ni demuestra por sí misma que se hayan cometido los delitos denunciados.
Además, los antecedentes disponibles detallan distintos expedientes, pero no permiten establecer que todos se encuentren en la misma etapa procesal ni que exista una resolución judicial definitiva sobre cada uno.
Luisa Nayar exige recuperar los recursos públicos
La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, sostuvo que la detención preventiva de Fernández no es suficiente y reclamó que se recuperen los recursos que, según las denuncias, habrían sido afectados.
Su planteamiento apunta a que el proceso judicial permita esclarecer el destino del dinero municipal y establecer las responsabilidades correspondientes.
Nayar hizo estas declaraciones después de la audiencia cautelar del exalcalde, el miércoles 28 de octubre. Su posición pone el foco no solo en las posibles consecuencias penales, sino también en la necesidad de determinar si existen recursos que puedan recuperarse para las arcas municipales.
La recuperación de fondos, sin embargo, dependerá de lo que establezcan las investigaciones, de la identificación de los recursos y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Los montos investigados corresponden a casos distintos
Entre las cifras mencionadas en los antecedentes del caso figuran cerca de Bs 190,99 millones relacionados con créditos destinados a obras municipales, Bs 6,7 millones en el expediente sobre pavimento y Bs 2,87 millones vinculados a presuntos sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles.
También se mencionó una estimación superior a Bs 570 millones relacionada con rebajas tributarias cuestionadas por la Alcaldía.
Estos montos corresponden a expedientes distintos y no deben sumarse como si representaran un daño económico confirmado. Tampoco tienen necesariamente el mismo sustento documental ni se encuentran en idéntica situación investigativa.
En el caso de los créditos municipales, la investigación se concentra en establecer qué ocurrió con los recursos destinados a 17 obras. En el expediente sobre pavimento, la cifra reportada corresponde a un presunto daño señalado en un informe preliminar. En el caso de los hospitales móviles, se investiga un posible sobreprecio.
Por su parte, la cifra relacionada con las rebajas tributarias es una estimación atribuida a la Alcaldía, no un daño económico establecido mediante una resolución judicial definitiva.
¿Qué dijo Jhonny Fernández sobre los recursos?
Durante su audiencia cautelar, Fernández negó haberse apropiado del dinero observado por los investigadores.
El exalcalde sostuvo que los recursos provenientes de créditos municipales se utilizaron para cubrir obligaciones de la Alcaldía, incluidos aguinaldos y compromisos del área de salud. También atribuyó las obras inconclusas a la crisis económica y al incremento de los costos de construcción.
Esas declaraciones constituyen la versión del exalcalde y deberán contrastarse con la documentación financiera, los contratos, los desembolsos y los informes técnicos de los proyectos.
La detención preventiva por 180 días es una medida cautelar y no equivale a una condena. La investigación deberá establecer si existieron irregularidades, cuál fue su alcance y quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones sobre los recursos municipales.
El desafío para la Alcaldía y la investigación fiscal
Las declaraciones de Saavedra y Nayar reflejan dos aspectos del debate abierto tras la detención del exalcalde: la necesidad de esclarecer las denuncias y la demanda de recuperar recursos públicos presuntamente afectados.
Para avanzar, será necesario conocer el estado de cada expediente, los informes técnicos y financieros que respaldan las observaciones y las actuaciones realizadas por el Ministerio Público.
También deberá precisarse qué montos están efectivamente documentados, cuáles son estimaciones preliminares y qué mecanismos legales podrían aplicarse para recuperar recursos, si se demuestra que hubo un perjuicio económico.
Por ahora, Saavedra sostiene que existen seis denuncias contra su antecesor, mientras Nayar reclama que las investigaciones permitan recuperar el dinero público. La determinación de responsabilidades y la cuantificación definitiva de posibles daños dependerán de las pruebas y de las decisiones judiciales correspondientes.
