El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, anunció procesos penales y multas que podrían superar los 2 millones de bolivianos contra los responsables de la tala de árboles y los desmontes ilegales en el Cordón Ecológico del río Piraí.
Table Of Content
- Unas 65 hectáreas afectadas y 200 árboles talados
- ¿Dónde se identificaron los desmontes?
- Multas de hasta cinco salarios mínimos por árbol
- De 67 a más de 130 personas que reclaman terrenos
- Por qué el Cordón Ecológico protege a Santa Cruz
- La Gobernación busca Bs 379 millones para obras de protección
- Auditoría y procesos penales marcarán los próximos pasos
La Alcaldía considera que las intervenciones representan un grave daño ambiental porque afectan una barrera natural que cumple una función de protección frente a las crecidas del río y contribuye a preservar el equilibrio de la zona.
Según los datos municipales, se identificaron aproximadamente 200 árboles de gran porte talados. Por su parte, inspecciones reportadas por la Gobernación establecieron una superficie afectada de alrededor de 65 hectáreas.
Saavedra también informó que actualmente existen más de 130 personas que reclaman derechos sobre terrenos del Cordón Ecológico, cuando inicialmente se tenía registro de aproximadamente 67 propietarios.
La administración municipal anunció que reactivará los procedimientos administrativos y penales, mientras desarrolla una auditoría para determinar quiénes tienen derechos legítimos sobre los predios y si existieron subdivisiones o documentación irregular.
Unas 65 hectáreas afectadas y 200 árboles talados
Los datos disponibles muestran la dimensión del problema ambiental, aunque corresponden a registros de distintas instituciones y no deben confundirse.
65 ha
Superficie afectada
Dato de inspecciones departamentales.
200
Árboles talados
Cifra reportada por la Secretaría Municipal de Planificación.
Bs 2 millones
Multas estimadas
Cálculo municipal por las infracciones identificadas.
130+
Personas que reclaman derechos
Registro mencionado por el alcalde.
La diferencia entre las 65 hectáreas y los 200 árboles responde a que las cifras describen aspectos distintos del daño ambiental. La primera representa la superficie afectada identificada por inspecciones departamentales; la segunda corresponde a los árboles talados detectados por la instancia municipal.
El municipio considera que las intervenciones requieren una respuesta legal y administrativa, debido a que la pérdida de vegetación puede afectar la estabilidad de los suelos y la capacidad natural de protección de la zona.
¿Dónde se identificaron los desmontes?
El subgobernador de la provincia Andrés Ibáñez, Federico Morón, identificó dos predios que están bajo investigación por las intervenciones realizadas en el Cordón Ecológico.
El primero, denominado predio L.P., está ubicado cerca de Valle Sánchez. El segundo, identificado como C.L.P., se encuentra a la altura de la radial 26.
Además de estos terrenos, se identificaron otras intervenciones que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
La Gobernación anunció que impulsará acciones administrativas y legales contra las urbanizaciones involucradas.
La identificación de los predios permitirá avanzar en la determinación de quiénes realizaron los desmontes, quiénes son los propietarios o responsables de las intervenciones y si existían autorizaciones para efectuar trabajos en esos espacios.
Las autoridades todavía deben establecer las responsabilidades individuales y documentar las infracciones antes de aplicar las sanciones correspondientes.
Multas de hasta cinco salarios mínimos por árbol
La secretaria municipal de Planificación, Sibele Ortiz, explicó que las sanciones por la poda de un árbol pueden alcanzar entre tres y cinco salarios mínimos nacionales.
Con aproximadamente 200 árboles talados identificados, el cálculo municipal de las multas se aproxima a los 2 millones de bolivianos.
La Alcaldía anunció que los responsables deberán responder tanto por la vía administrativa como por la penal, dependiendo de las infracciones y los hechos que se establezcan durante las investigaciones.
Entre las medidas adoptadas figuran:
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Reactivación de procedimientos administrativos que estaban paralizados.
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Notificación a los propietarios de los predios observados.
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Continuidad de los procesos legales relacionados con los desmontes.
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Seguimiento a las intervenciones identificadas en el área.
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Acciones para establecer quiénes son los responsables de la tala y ocupación de terrenos.
Según la información municipal, en uno de los casos ya existe un proceso penal.
La aplicación de las multas dependerá de la determinación de las infracciones y de los procedimientos correspondientes. El anuncio de sanciones no significa que todos los propietarios registrados sean responsables de la depredación.
De 67 a más de 130 personas que reclaman terrenos
Uno de los aspectos más delicados del conflicto es la situación legal de los terrenos del Cordón Ecológico.
Mamén Saavedra informó que inicialmente se tenía registro de aproximadamente 67 propietarios, pero que actualmente aparecen más de 130 personas que reclaman derechos sobre predios ubicados en esa zona.
La diferencia genera interrogantes sobre la evolución de los derechos propietarios, las subdivisiones y la situación jurídica de los terrenos.
Por ese motivo, la Alcaldía realiza una auditoría que comenzó en octubre y que podría extenderse entre ocho y doce meses.
El trabajo busca establecer:
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Quiénes son los propietarios legítimos de los terrenos.
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Cómo se realizaron las subdivisiones de los predios.
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Si existen documentos irregulares relacionados con la propiedad.
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Qué ocurrió con los terrenos que originalmente formaban parte del cauce del río.
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Si hubo apropiación de espacios públicos o áreas protegidas.
La auditoría será determinante para diferenciar los derechos legalmente reconocidos de los reclamos que puedan carecer de respaldo documental.
También permitirá establecer si existieron operaciones inmobiliarias que modificaron la situación de los terrenos y si alguna de esas actuaciones afectó espacios que deben conservarse por su función ambiental.
El incremento de personas que reclaman derechos no demuestra por sí mismo que existan irregularidades, pero sí plantea la necesidad de revisar los antecedentes registrales y la historia de cada predio.
Por qué el Cordón Ecológico protege a Santa Cruz
El Cordón Ecológico del río Piraí no es solamente un espacio de vegetación ubicado dentro del entorno urbano. Cumple una función ambiental y de protección frente a las crecidas del río.
La vegetación contribuye a estabilizar los suelos y forma parte del sistema natural de la llanura de inundación. Su conservación es importante para reducir la vulnerabilidad de las zonas cercanas ante fenómenos hidrológicos.
Uno de los antecedentes más recordados es el turbión de 1983, que provocó graves inundaciones y daños en la región.
La Gobernación advierte que la deforestación y la ocupación inmobiliaria pueden incrementar los riesgos para la ciudad frente a futuras crecidas.
Por eso, la preocupación de las autoridades no se limita a la pérdida de árboles. También apunta a evitar que la expansión urbana y las intervenciones sobre los terrenos reduzcan la capacidad natural de protección de la cuenca del Piraí.
La conservación del Cordón Ecológico requiere coordinación entre la Alcaldía, la Gobernación y las instituciones responsables de la gestión ambiental y territorial.
La Gobernación busca Bs 379 millones para obras de protección
Mientras se anuncian acciones contra los desmontes, la Gobernación gestiona un financiamiento de 379 millones de bolivianos ante la CAF para ejecutar la sexta fase del Servicio de Encauzamiento de Ríos.
El proyecto contempla obras de protección para 24 municipios de Santa Cruz.
La iniciativa busca reducir los riesgos de inundaciones y fortalecer los defensivos de la cuenca del río Piraí.
La gestión del financiamiento se suma a la preocupación por el estado de las áreas naturales y la infraestructura de protección frente a las crecidas.
Aunque se trata de una iniciativa diferente de los procesos contra los desmontes, ambas acciones están relacionadas con la necesidad de reducir la vulnerabilidad del departamento ante los fenómenos naturales.
Auditoría y procesos penales marcarán los próximos pasos
El conflicto por el Cordón Ecológico entra en una etapa en la que las autoridades deberán demostrar con documentación quiénes realizaron las intervenciones, qué derechos existen sobre los terrenos y cuáles son las responsabilidades por los daños ambientales.
La Alcaldía anunció multas que se aproximan a los 2 millones de bolivianos y procesos penales contra los responsables. La auditoría sobre los más de 130 reclamos de propiedad podría extenderse hasta un año.
Los resultados serán importantes para establecer si hubo subdivisiones irregulares, ocupación de espacios protegidos o apropiación de terrenos vinculados al cauce del río.
El desafío no será solamente sancionar la tala ya realizada, sino evitar nuevas intervenciones que comprometan la función ambiental del Cordón Ecológico y la protección de Santa Cruz frente a futuras crecidas del Piraí.
