Menos plata y un sistema de salud desordenado

Vienen meses, quizá años, de ajuste en todos los niveles del Estado. Este 18 de septiembre de 2026 el Congreso aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares, y el Gobierno proyecta bajar el déficit de 9,1% del PIB en 2026 a 3,8% en 2028. Se habla de congelar sueldos y de mantener o reducir las transferencias a los gobiernos subnacionales.

Ese mismo día el diésel subió 83,16%, y eso va a encarecer alimentos, fármacos, transporte y servicios médicos, además de reducir el poder de compra del propio Estado. El gasto y la inversión pública van a bajar de forma notable, y es probable que la salud lo sienta. La pregunta, entonces, es con qué sistema se llega a ese ajuste, y la respuesta es incómoda: con uno confuso.

La ley de autonomías repartió competencias entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios, pero dejó sin resolver quién planifica qué, quién invierte dónde y quién responde cuando algo falla. Las actividades y las responsabilidades se superponen o se pierden entre las grietas, y la gestión se resiente. El propio Plan Nacional de Salud 2026 – 2030 reconoce esa fragmentación histórica y propone rectoría, redes integradas e interoperabilidad.

Basta revisar los estados financieros de gobernaciones y municipios para ver cuánto dinero se va en medicamentos. En Bolivia compran por separado unos 340 municipios, nueve gobernaciones y el gobierno central. Con tanta gente comprando poco cada una, nadie negocia descuentos por volumen, y pasa lo que pasa: faltantes en unos hospitales y sobrantes en otros, mientras el paciente se queda sin tratamiento.

Entre el 17 y el 26 de junio, la Defensoría del Pueblo verificó doce hospitales de segundo y tercer nivel y constató riesgos de desabastecimiento de medicamentos de alta rotación y de tratamientos para pacientes oncológicos, renales y diabéticos. En agosto volvió a verificar faltantes en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, con trabas administrativas que retrasaban las compras.

El Ministerio de Salud quiere consolidar como Comprador Único Estratégico para bajar costos, y ese parece un paso en la dirección correcta. No hace falta que una sola institución compre todo. Alcanzaría con compras consolidadas, catálogos comunes, negociación conjunta de precios y un mecanismo para mover existencias de un hospital a otro cuando en uno sobra lo que en otra falta.

Lo más indignante, sin embargo, ocurre en el último eslabón. En algunas postas de municipios rurales, cuando el paciente pide el medicamento, el personal le responde que no hay, pero que ellos se lo pueden vender. Eso ya no es desabastecimiento: es hacer negocio con la necesidad ajena, y prospera por una razón simple: no hay control, y donde no hay control siempre aparece quien se aprovecha.

Con los médicos ocurre algo parecido. Hay hospitales que dependen del municipio y tienen pocos especialistas, mientras que en los de las gobernaciones hay más, o al revés. En unos se le exige mucho al profesional y en otros se trabaja con demasiada holgura. Esa distribución rara vez responde a un criterio común: cada nivel administra lo suyo sin mirar al de al lado.

La Contraloría encontró en 2026 una subutilización importante de la consulta externa en el Hospital Gineco-Obstétrico y Neonatal de Sucre: 37,16% en Ginecología, 14,11% en Neonatología y 38,53% en Genética. Contar especialistas dice poco si no se sabe dónde están y cuánto rinden. Repartirlos mejor exige planificar en conjunto, ya sea entre los propios gobiernos subnacionales o de ellos hacia el gobierno central.

Quien paga todo esto es, como casi siempre, el ciudadano del área rural y la gente humilde, que peregrina de hospital en hospital y muchas veces recibe maltrato o indiferencia. Su información no lo acompaña: pasa de la posta al centro de salud y de ahí al hospital, y en cada puerta empieza de cero. Sin una historia clínica que lo siga se repiten estudios y se demoran los diagnósticos.

Es imposible saber cuánta gente habrá muerto en Bolivia por no existir una hoja clínica que viaje con el paciente, pero la pregunta merece hacerse. El Plan Nacional propone una Historia Clínica Única Digital interoperable, y debería ser prioridad. Eso sí, digitalizar no puede quedarse en cambiar papeles por computadoras: tiene que servir para conocer la demanda, los recursos disponibles y los resultados que se obtienen.

Los bloqueos de 2026 mostraron otra fragilidad. La Defensoría documentó dificultades para reponer medicamentos en hospitales de Potosí y gestionó el ingreso de oxígeno medicinal para establecimientos de La Paz y El Alto. En Chuquisaca intervino para que una cisterna de oxígeno llegara a los hospitales de Sucre. El detonante fue el conflicto social, pero la experiencia dejó claro que faltaban reservas, rutas alternativas y una respuesta coordinada.

La salida pasa por reorganizar quién hace qué, para ganar eficiencia y eficacia administrativa. No se trata de eliminar las autonomías ni de volver a administrarlo todo desde La Paz. Se necesita una planificación común y un sistema de control transversal, de modo que cada boliviano destinado a salud pueda seguirse desde que se asigna hasta el medicamento entregado. El diagnóstico ya se conoce. Falta convertirlo en normas, presupuesto e indicadores.

Si va a haber menos dinero, y todo indica que sí, el ajuste puede servir para ordenar la casa o puede repartirse sin criterio, y entonces lo pagará quien menos tiene. El sistema debería medirse con algo muy básico: que la persona que enferma y llega a un establecimiento encuentre al médico y el medicamento que necesita. Lo demás importa poco si eso no ocurre.