La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformada por 17 especialistas y observadores, comenzó este lunes su trabajo de veeduría para las elecciones judiciales que se celebrarán este 15 de diciembre en Bolivia de manera parcial.
La delegación está liderada por el abogado uruguayo Edison Lanza, exrelator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien hace poco acompañó los procesos de selección de autoridades judiciales en Honduras y Perú, informó el organismo en un comunicado.
Los observadores tienen previsto reunirse con representantes del Gobierno de Luis Arce, autoridades del órgano Electoral, postulantes a los altos tribunales del país, líderes políticos, sectores académicos y de la sociedad civil.
A la conclusión de su visita, la misión de la OEA presentará un informe preliminar de con sus observaciones y recomendaciones “de cara al fortalecimiento de los procesos electorales en Bolivia”.
Los comicios para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura se realizarán finalmente el fin de semana después de un proceso accidentado que debía concretarse el año pasado.
Las diferencias entre el oficialismo y la oposición, además de los distintos recursos que presentaron los postulantes que no fueron seleccionados por el Parlamento impidieron que los comicios no se realizaran en 2023.
Ante esto, los magistrados del Constitucional ampliaron en diciembre su mandato y el de los magistrados de las demás altas cortes bajo el argumento de evitar un “vacío de poder”, pese a que su mandato finalizaba en los primeros días de enero.
Esto generó la protesta de la oposición y del sector del oficialismo liderado por el expresidente Evo Morales (2006-2019), que realizó un bloqueo de caminos de 11 días exigiendo la renuncia de los jueces que prorrogaron sus funciones.
El domingo 15 de diciembre, las elecciones judiciales se realizarán de manera completa en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, cuatro de las nueve regiones del país.
Los departamentos de Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán votar por los candidatos al TCP, mientras que en Beni y Pando tampoco se elegirán a los magistrados del TSJ.
La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En las elecciones judiciales de 2011 y 2017 la mayoría de electores votó nulo o en blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
Fuente: EFE
